Archivos del poder

Martín Moreno

Vencidos. Masacrados. Humillados.

Así estamos ante el carnaval de secuestros y asesinatos cometidos contra civiles, en cualquier lugar y hora, bajo un manto de impunidad sujetado por los extremos debido a la demagogia de nuestros gobernantes y la indolencia de jueces blandengues, bajo la complicidad corrupta de las policías y la indiferencia criminal de las cabezas de la seguridad pública.

Estamos inermes ante el desmoronamiento de la seguridad pública federal y la capitalina. Es el fracaso del sistema de seguridad del país.

Nadie está a salvo. No lo estuvo el niño Fernando Martí, plagiado y victimado, de un tiro en la cabeza, por una banda de secuestradores. ¿Por cual? ¿Por La Familia? ¿Por La Banda de la Flor? Da lo mismo. Todas son encubiertas por policías en funciones y ex policías que se saben todos los trucos legales e ilegales para no ser detenidos.

¿Qué nos va a decir ahora el presidente Calderón? Seguramente escucharemos su trillada frase de “no vamos a permitir que los criminales nos derroten”. Pero si ya nos derrotaron. El fracaso está en la cajuela del auto donde se encontró el cadáver de Fernando Martí y en el miedo de casi todos los mexicanos.

¿Qué nos va a decir ahora el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora? Seguramente, que “vamos ganando la batalla, aunque no lo parezca”. Hay noticias, procurador: la mayoría sabe, siente y sufre las consecuencias de una batalla perdida.

¿Qué nos va a decir ahora el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna? Sin duda, escucharemos nuevamente su promesa de que “el gobierno federal asume su responsabilidad de proteger a la sociedad”, como lo dijo el 22 de enero de 2007. También hay noticias, secretario: su promesa fue hecha pedazos por secuestradores sanguinarios y policías federales corruptos.

¿Qué nos va a decir ahora el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, gobernante de una de las ciudades más inseguras del mundo? Seguramente volveremos a escucharlo decir que aspira a ser Presidente en 2012 y ofender personalmente a ciudadanos, como lo hizo el viernes pasado en Churubusco, cuando un automovilista le gritó que ya se pusiera a trabajar. “En eso estamos, güey…”, le respondió un enfurecido y descompuesto Ebrard. Esa no es la respuesta que merecen los capitalinos, ahogados en inseguridad, secuestros, asesinatos, robos y ejecuciones. Ningún jefe de Gobierno o jefe del Departamento del DF había insultado como Ebrard lo ha hecho a los habitantes de la Ciudad de México. Ocurrió con los ambulantes del Centro Histórico —“aquí no van a vender, cabrones”— o con el ciudadano al que llamó güey hace cuatro días.

Y, como en la mayoría de los secuestros, policías o ex policías están involucrados en el caso Martí. El comandante de la Policía Judicial, José Luis Romero, así como el agente Marco Antonio Moreno Jiménez, “pudieran tener relación con este asunto”, dijo ayer el procurador capitalino, Miguel Mancera, a Martín Espinosa, en Reporte 98.5.

No basta con palabrería. Mancera, recién llegado al cargo, tuvo en sus manos, durante varios días, el asunto de Martí y solamente reaccionó hasta que fue informado del asesinato del jovencito, quien fue secuestrado desde el 4 de junio. Se pagó el rescate y aun así lo mataron, así como a su chofer y a su escolta.

Tenemos una Policía Preventiva del DF, corrompida y desprestigiada. Es la herencia de Joel Ortega.

Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales. Es la consecuencia de tener un jefe de Gobierno empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de haber dedicado recursos e inteligencia, en un año nueve meses de gestión, a construir policías más eficaces y confiables.

Y allí, también, está el resultado de que, cuando era jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador desdeñara la marcha contra la inseguridad y llamara “pirrurris” a sus participantes, en vez de mostrar más sensibilidad y procurar mejor justicia.

No estuvo a salvo Fernando Martí, como tampoco lo estuvo Hugo Alberto Wallace Miranda, secuestrado y muerto a golpes por la banda de asesinos encabezada por el ex policía César Freyre y de la cual casi todos sus integrantes están ya tras las rejas. Pero no nos equivoquemos: están presos por la lucha personal y valiente de Isabel Miranda de Wallace y no debido a una investigación acertada que haya efectuado la policía.

Tenemos una Agencia Federal de Investigación (AFI) desarticulada. De momento, al frente de la Dirección de Secuestros está Luis Cárdenas Palomino, quien ya demostró su ineficacia en el caso Wallace. Nadie mueve un dedo para encontrar a Jacobo Tagle, prófugo de la justicia, o localizar el cuerpo de Hugo Alberto, a pesar de que hay una orden presidencial de por medio.

Allí está también, secuestrada, la hija de uno de los responsables del deporte mexicano durante el sexenio pasado.

Nadie se encuentra a salvo. Como la familia Bautista Campos, ejecutada la semana pasada en Jalisco. O los plagiados y asesinados en Baja California, Coahuila y Oaxaca. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es denunciado. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.

La lucha contra el narco ha recaído en el Ejército, con todos sus altibajos. Pero ni la SSP ni la PGR ni la AFI han dado resultados.

Es hora de que, ante la derrota contra la criminalidad, Calderón decida si Medina-Mora y García Luna deben seguir o no en sus puestos. Y si el Presidente cree que se trata de una presión injustificada de los medios, que se asome a la cajuela donde encontraron el cadáver de Fernando Martí.