Miguel Ángel Granados Chapa.
Plaza Pública
Esas circunstancias y la pertenencia de la víctima a una familia muy conocida (las tiendas de Deportes Martí y los establecimientos de Sport City son parte muy vistosa de la geografía capitalina) han hecho que se publiquen multitud de mensajes de pésame y que la Comisión Permanente del Congreso haya guardado un minuto de silencio por esa muerte y demandado la captura de sus perpetradores.
La concentración de la atención social en Fernando Martí ha puesto muy en otro plano el hecho de que también fueron asesinados su chofer y su guardia personal, cuyos cadáveres fueron hallados al día siguiente del ataque de que fueron víctimas, cuando los detuvo un retén policíaco. Eran los señores Jorge Palma Lemus, de 61 años de edad, cuyo cadáver tenía la cabeza vendada y varios surcos en la garganta. Lo mataron, como harían después con su jefe, mediante asfixia.
A Cristian Salmones Flores, de 25 años de edad, lo ahorcaron con unas cuerdas. Agonizó durante muchas horas y aun llegó vivo al hospital después de que se halló su cuerpo en un vehículo robado en mayo anterior. Este muchacho, encargado de la seguridad del joven Martí, literalmente dio su vida por la de su resguardado sin poder evitar que éste también la perdiera.
Las escoltas de funcionarios y personas que pueden pagarlas son un fenómeno que crece en una sociedad atemorizada por la inseguridad creciente. Su funcionamiento se basa en la creencia de que la destreza de los guardias, su entrenamiento ad hoc pueden hacerlos repeler un ataque, aunque en la respuesta a una agresión les vaya la vida. Es una presunción no siempre avalada por los hechos, como en éste, en que el modo del ataque ni siquiera permitió a Cristian Salmones defender a su jefe ni librarse él mismo de la muerte, que obliga a reflexionar sobre un modo de ganarse la vida que debe ser ingrato para quienes lo practican y para quienes lo contratan y lo es para el resto de la gente, al que los excesos de algunos guardaespaldas (guaruras se les llama peyorativamente) hacen repudiables.
Por una degradación todavía no estudiada suficientemente y por lo tanto aún incomprensible, la práctica de los secuestros crece en crueldad. No ha sido menor la mutilación, presente hace mucho tiempo en este delito, pero parece cada vez peor el maltrato que acompaña al secuestro, asestado a la víctima directa tanto como a los familiares. En este caso es paradigmático un suceso en Tijuana: el 24 de julio de 2007 fue secuestrado el empresario Celso Katzuo Enríquez Nishikawa, un ingeniero de 35 años de edad. Cuando su familia, a la que los secuestradores se dirigían con violencia verbal que acrecentaba el pavor en que los habían situado, cubrió el monto pactado para devolverlo, los captores alegaron que era insuficiente. En noviembre se cubrió la diferencia establecida sin que el ingeniero quedara libre, si bien pudo ofrecer una prueba de que seguía con vida. El 1o. de mayo de este año una nueva exigencia de más dinero no fue atendida por los familiares, necesitados de convencerse de que Celso Katzuo estaba vivo. Ante esa negativa, la casa familiar fue atacada a balazos para presionar a los deudos, que optaron por emigrar al otro lado de la frontera, dando por muerto al joven empresario cuyo padre murió poco después, por un ataque cardiaco producto quizá de la tensión padecida en las semanas recientes.
México Unido Contra la Delincuencia, A.C., supone que el crecimiento en el número de secuestros proviene del éxito del combate gubernamental a las bandas de narcotraficantes, que por esa causa se ven obligadas a diversificar sus actividades ilícitas. Sin contradecir esa hipótesis, que puede ser complementaria de los hechos sabidos, buena parte de los secuestros que atosigan a la población son practicados por agentes policíacos. En la Ciudad de México siete de ellos han sido consignados por este delito sólo en este año. En Jalisco, apenas el lunes fue capturado un agente de la oficina antisecuestros, que dirigía a seis cómplices, por el asesinato de una familia previamente secuestrada. En Ciudad Juárez un policía municipal fue capturado como miembro de una banda de secuestradores.
En Baja California un ex procurador y dependientes suyos del área de secuestros están bajo investigación federal por practicar lo que presuntamente perseguían (Reforma, 5 de agosto). En el caso del joven Martí, están arraigados, todavía no consignados para que se les enjuicie penalmente, dos miembros de la Policía Judicial del Distrito Federal, comandante uno de ellos, y un civil.
La emoción exacerbada por el asesinato de Fernando Martí hace reaparecer la demanda de penar con la muerte a los secuestradores. Emilio Gamboa, líder de los diputados priistas, se dijo partidario de esa medida.