PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa
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Esta semana la violencia criminal se acercó a Los Pinos; la muerte del hijo de un prominente panista en Sinaloa llevó al titular del Ejecutivo a comprometerse con las investigaciones del caso.
Ante la tragedia del 20 de junio, en que 12 personas murieron en un antro de, literalmente, mala muerte, el presidente Calderón actuó con prudencia y cordialidad institucional. En uso de sus facultades constitucionales, sin regateos nombró al secretario de Seguridad Pública y aprobó la designación del procurador de Justicia que propuso el jefe de Gobierno del Distrito Federal. En cambio, ante el secuestro y asesinato del jovencito Fernando Martí (suceso en que también fue ultimado su chofer Jorge Palma, a cuya familia nadie expresa condolencias, en una muestra de inequitativa distribución del pesar público) Calderón se dejó ganar por el despecho político y por el oportunismo.
Primero, sin que viniera al caso, pues andaba de gira en Guerrero el martes 5, Calderón aludió molesto a la consulta sobre la reforma petrolera organizada por el gobierno del Distrito Federal y realizada el 27 de julio, y la vinculó con los ciertamente malos resultados de la administración capitalina en torno a la seguridad de las personas. Propuso dedicar \”nuestra actividad pública y los recursos de la gente no a actividades políticas que dividen a los mexicanos, sino a problemas que realmente afectan a la gente, como es el caso de la seguridad pública.
\”Si estuviéramos más unidos el gobierno federal y las autoridades estatales, en este caso del Distrito Federal, seguramente hubiéramos avanzado más en el camino de mejorar la calidad de la policía, así que hago un llamado a las autoridades del DF para que dejemos de lado de una vez las diferencias políticas sin claudicar en principios y convicciones y nos pongamos juntos a resolver problemas que sólo juntos podremos resolver, como es el caso de la inseguridad pública, particularmente en la Ciudad de México\”.
Calderón erró varias veces en unas cuantas líneas. Expresó un credo autoritario al suponer que los opositores \”dividen a la sociedad\”. Eso es propio de un régimen de pensamiento único, en que disentir equivale a delinquir, a impulsar la disolución social. Aun si fuera verdad que las acciones políticas de los impugnadores de la reforma energética hienden a la sociedad, habría que preguntarse si el acto divisionista inicial no consiste en la presentación misma de las iniciativas presidenciales, que necesariamente suscitarían reacciones en contra, dada la naturaleza histórica, política y económica de Pemex y la industria petrolera.
Se equivocó también Calderón al invocar falta de coordinación entre el gobierno federal y el capitalino en materia de seguridad. En tanto que titular de atribuciones en esa materia (por eso le corresponde nombrar al secretario correspondiente en la Ciudad de México) Calderón recibe periódicamente informes sobre el tema, y si no se le ofrecen está en posición de exigirlos. Y finalmente se equivocó al centrar su reproche en la autoridad capitalina, cuando que el crecimiento de la inseguridad en general, y del número de secuestros en particular en otras entidades, ameritaría reclamos semejantes en mayor medida a otros gobiernos locales.
Dos administraciones priistas, la mexiquense y la de Tabasco, estarían en ese caso. En el estado de México se produjeron 42 secuestros en 2006, 72 al año siguiente y en siete meses de 2008 el número asciende ya a 60. En Tabasco ocurrieron 40 el año pasado y ya van 53 en poco más de la mitad de éste. Dos días después del reproche presidencial a Ebrard fue hallado cerca de Palenque, Chiapas, el cadáver del empresario tabasqueño Cenobio Argáiz Zurita, asesinado con crueldad (se le ahorcó con alambre de púas, después de torturarlo). Como en el caso del joven Martí, se le privó de la vida no obstante haberse pagado la cantidad demandada por los secuestradores.
El mismo jueves 7 Calderón volvió al tema del secuestro, en sintonía con la emoción notoria en un importante sector de la sociedad, y también por simple cálculo político. En un mensaje difundido con amplitud, anunció el envío de una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para establecer la prisión perpetua en ciertos casos de privación ilegal de la libertad. No se limitó, como pudo hacerlo, a recordar que en marzo del año pasado había remitido al Senado un proyecto semejante, sino que instó a enviar una excitativa a esa Cámara a fin de que se ocupe del asunto y dictamine aquella iniciativa (y las otras muchas que al respecto se han presentado en el Congreso y han sido desatendidas). Calderón quiso ofrecer respuesta a la indignación del momento, que es el son al que se ha reformado la legislación penal respectiva.
También en este punto se equivocó el Presidente. No consideró que el sistema penitenciario como institución de defensa social está en crisis, cada vez más evidentes sus resultados contrarios a los que explícitamente persigue. Tampoco tuvo en cuenta que la reclusión no inhibe la práctica del delito, pues hay constancia de que desde los penales se organizan multitud de actos delictuosos, secuestros incluidos. Pareció ignorar que, por un cambio en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, la prisión vitalicia está de hecho ya establecida. Por si fuera poco, su propuesta resultó efectista, populista porque se refiere a sólo un aspecto de una cuestión poliédrica, a un tema complejo cuyos componentes tienen que ser ensamblados de manera eficaz.
Suponiendo que realmente los genere, el incremento de la penalidad surtiría efectos sólo a partir de la emisión de una sentencia firme, último eslabón de la cadena procesal. Pero se llega rara vez a ese punto. En los previos la impunidad opera en beneficio de los delincuentes. No muchos son identificados, menos aún son detenidos; el número se reduce cuando se les consigna; y casi nadie llega al extremo de recibir una condena. Aun en ese caso los resquicios procesales pueden obrar en su provecho. Está documentado que en segunda instancia los delincuentes pueden revertir sentencias adversas. El diario Reforma publicó ayer los casos de dos bandas de secuestradores a los que jueces federales impusieron penas de hasta 60 años de cárcel, en sentencias echadas abajo por magistrados de apelación, quienes argumentaron que los juzgadores no valoraron todas las pruebas y los procesados no tuvieron la debida defensa.
La propuesta de Calderón contra el secuestro es de corto alcance porque, llevado por el clima social inmediato, no considera en sus términos amplios todo el problema de la inseguridad. Hay más que secuestradores actuando en contra de la sociedad. Ciertamente el delito que perpetran es particularmente cruel porque el cautiverio forzado impone daños a la víctima directa y a sus familiares, que padecen un infierno. Pero no son menos perniciosos los homicidios deliberados, especialmente los cometidos con crueldad sobre personas vulnerables. En Ciudad Guzmán, Jalisco, fue ultimada hace 10 días una familia completa, incluidos tres menores, de 17, 8 y 7 años, a quienes se les asestó el tiro de gracia. El grave suceso tocó de cerca al ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura, vinculado amistosamente por largo tiempo con las víctimas. En el asesinato participó, como por desgracia no es inusual, un miembro de la policía zapotlanense.
Violencia criminal semejante acercó a la casa presidencial la ruda realidad de todos los días en Sinaloa, en la que hemos insistido varias veces en este espacio. Temprano el jueves fue hallado en su automóvil, en Culiacán, el cadáver del empresario Marco Iván del Rincón Jarero, hijo de un militante panista de renombre, Jorge del Rincón. Tío y compadre de Manuel J. Clouthier, apenas cuatro años mayor que el candidato presidencial panista en 1988, Del Rincón es uno de los más antiguos y perseverantes miembros del PAN en Sinaloa, donde ha sido candidato a varios cargos de elección popular. Junto al cadáver de su hijo estaba un mensaje presuntamente dirigido a él, con la amenaza de atentar contra el resto de su familia.
El presidente Calderón asumió como un compromiso personal la investigación de la muerte de Marco Iván. Lo hizo anteayer, al recibir a comer en Los Pinos a la familia Clouthier Carrillo (doña Leticia, viuda del Maquío, y siete de sus hijos, entre ellos Tatiana, que dejó de ser miembro del PAN). Ya se verá cómo se coordinan las acciones federales y las locales en este caso.
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