Razones

Jorge Fernández Menéndez

La marcha del próximo 30 de agosto, una marcha silenciosa, ciudadana y nocturna, destinada a exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión garantizar el derecho mínimo de la sociedad, que es la seguridad, está encaminada a ser una de las grandes jornadas cívicas, equiparable a aquella marcha de junio de 2004 contra la inseguridad. Allí estaremos y ojalá un movimiento similar pueda realizarse en todas las ciudades del país, para exigir, con toda razón, un ¡ya basta!, a la delincuencia y a las autoridades.

Pero debemos aprender también de lo sucedido hace cuatro años. Entonces, la marcha fue despreciada por el Gobierno del DF, encabezado por López Obrador, quien la calificó de un movimiento de pirrurris. Fue, una vez más, una muestra de la soberbia y el autoritarismo de un personaje lejano de cualquier convicción realmente democrática. En buena medida sucedió poco y nada en el DF porque, pese a ser el centro de la actividad delincuencial, el entonces jefe de Gobierno lo tomó como una acción política en su contra y la corrupción policial siguió sin ser molestada hasta el día de hoy. Como el ambiente de confrontación entre López Obrador y el gobierno de Fox estaba en uno de sus puntos más altos, los intereses políticos paralizaron a los legisladores, a los partidos y a los gobernantes. Hubo innumerables discursos, iniciativas, desgarramiento de vestiduras y pocos cambios realmente significativos. Incluso los movimientos en los funcionarios responsables de la seguridad, Marcelo Ebrard en el DF y Alejandro Gertz Manero en el ámbito federal, se dieron por razones que nada tenían que ver con la exigencia ciudadana.

Ello no le quita, al contrario, trascendencia, a esa marcha que ha entrado en la historia como la mayor movilización ciudadana sin intervención de partidos políticos de la historia reciente del país. Con todo lo que ello implica. Para la marcha convocada el día 30, los partidos parecen haber aprendido la lección. Hoy, el Gobierno del DF, no descalifica a los ciudadanos y asegura que apoyará cualquier movilización social. Los dirigentes partidarios, incluidos los legisladores, se apresuran a decir que participarán “a título individual”. La manifestación ha sido implícitamente respaldada por el gobierno federal. Nadie en su sano juicio podrá estar en contra de la misma.

Por eso mismo, esa marcha, además de cuidar su organización, debe tener, a diferencia de la de 2004, objetivos mucho más concretos. En 2004, el documento que surgió de ella y de las distintas organizaciones que participaron, contenía prácticamente todo un programa de seguridad pública, con algunos capítulos muy acertados, otros más discutibles, varios urgentes y unos más para el mediano y el largo plazos: eran muchas acciones que no estaban, además, colocadas claramente en un orden de prioridades. Eso permitió a los gobiernos y a los legisladores tomar algunas cosas, declarar acerca de otras, anunciar proyectos o iniciativas sobre muchas de ellas y a la postre hacer muy poco.

Ojalá los organizadores de la marcha del 30 aprendan de lo sucedido. En el ámbito de la seguridad hay muchísimo por hacer, pero si se va a exigir, se debe comenzar por los eslabones que permitirán arrastrar toda la cadena. Y hoy, en buena medida, eso no sucede, aunque sin duda sea necesario, debido al aumento de las penas o el establecimiento de la pena de muerte a los secuestradores, aunque es una medida que concita, ante la indignación popular, innumerables adherentes. El tema pasa por la corrupción de las policías y la impunidad en los delitos. Se debe actuar en tres frentes simultáneamente: depurar a las policías y hacer que los gobernantes, a diferencia de lo que ocurre hoy, se hagan responsables de la integridad de los funcionarios que ellos mismos designan para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy, si un gobernante, federal, de los estados, del DF o de los municipios, designa a un mando policial o de seguridad y éste resulta ser un corrupto, no paga precio alguno, ni político ni legal. La depuración de las policías debe ir de la mano con la corresponsabilidad en ella de las autoridades. Si no es así, suele quedar como una promesa más en el papel. En el ejecutivo debe haber, en lo local y lo federal, una verdadera transformación del Ministerio Público, que además le quite el monopolio de la investigación y le dé a las víctimas la posibilidad de intervenir en el proceso. Allí, en el MP, se terminan perdiendo muchos de los hilos del combate al crimen, cuando se supera la barrera de la corrupción policial. Y, en el Congreso, como lo dijo el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, se deben establecer leyes claras y concisas que permitan a los jueces aplicarlas sin caer en zonas grises y en dilaciones. El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en ese sentido.

Hay muchísimo más por hacer y en buena medida se trata de acciones netamente políticas, de gobernabilidad del país, de los estados, las ciudades, los municipios, que deben acompañar este proceso. Pero ese es un ámbito donde la decisión debe pasar por las autoridades: se trata de su responsabilidad, lisa y llanamente. En los capítulos de depuración policiaca, de cambios en los ministerios públicos, de simplificación del sistema legal, se puede actuar con rapidez y exigir a las autoridades acciones concretas y en el corto plazo. Quizá, para el día 30, habría que exigir cuatro, cinco, cosas muy concretas, que no admitan margen para la dilación ni para que caigan las propuestas en el juego de los políticos. Las aceptan o no.

Quizá, también, el gobierno federal, en primer lugar y en todo caso los locales, podrían asumir, antes de esa fecha, los compromisos y las decisiones de gobernabilidad que le den un contexto mucho más favorable a la movilización ciudadana.