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Aplicar el sistema de juicios orales en México implicará incrementar el personal del poder judicial, introducir normas contra la posible participación interesada de falsos testigos y dar a conocer los planes y programas de capacitación de los servidores públicos, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
El Ombudsman nacional precisó que la CNDH no se opone al establecimiento de la oralidad procesal, sin embargo, dijo que para que los juicios orales funcionen, es necesario un sistema de justicia penal eficiente y confiable.
En este sentido, advirtió, la aplicación progresiva de los juicios orales demandará a los poderes judiciales multiplicar por cinco su financiamiento con respecto al actual.
\”En ocho años, deberán multiplicarse por cinco los actuales presupuestos del poder judicial federal y de los estatales, para contar con el personal suficiente que dé efectividad a la nueva disposición\”, manifestó en un comunicado.
Soberanes indicó que el periodo de ocho años, tiempo programado para la implementación de esta modalidad en los juicios, proyecta incertidumbre sobre la continuidad institucional que se requiere.
Además, dijo, si el testimonio de quien presencia un delito tiene un efecto procesal más inmediato y con mayor peso, se deben introducir normas contra la posible participación interesada de falsos testigos.
\”Especialmente para sancionar las conductas indebidas de agentes policiacos u otros servidores públicos que, por temor o mediante paga o soborno de cualquier naturaleza, obstaculicen el conocimiento y la determinación de la verdad histórica.
\”Debe procurarse que surja -como es característico en los sistemas predominantemente orales- un mercado de oferta y demanda para quienes se presten a hacer o retirar imputaciones contra un acusado\”, explicó.
El titular de la CNDH expresó que en el sistema de justicia penal actual se aplican penas privativas de libertad a personas que no tienen defensa jurídica profesional, anomalía que, consideró, no debe aumentar a raíz de la mayor celeridad de los juicios orales.
Otro riesgo es la perversión del objetivo de los juicios orales, con la que la justicia penal se convertiría en un espacio donde se negocien las sentencias \”en lo oscurito\”.
Soberanes estableció como indispensable dar a conocer los planes, programas y presupuestos necesarios para formar a servidores públicos altamente capacitados en el desahogo de juicios orales, así como alistar las instalaciones adecuadas en todo el País.
Asimismo, indicó que se necesita emprender cambios legislativos, de organización y de funcionamiento institucional, que resuelvan los retos que plantea la realidad social.
\”Tres de cada 100 delitos reciben castigo. Sin embargo, en las cárceles 70 por ciento de los internos que han incurrido en delitos patrimoniales purgan condenas por robos inferiores a siete mil pesos.
\”La incidencia delictiva continúa en ascenso, aunque las penas privativas de libertad han seguido elevándose y algunas llegan ya a 70 años\”, puntualizó.
Refirió, además, que la impunidad, la corrupción y la ineficacia en el funcionamiento del sistema de justicia exigen una reforma integral que resuelva asuntos como la independencia del Ministerio Público, la conmutación de penas privativas por otras de trabajo comunitario, la falta de control de las policías, y los programas para erradicar los lastres del sistema de reclusión.