Razones

Jorge Fernández Menéndez

No tenemos elementos para desmentir la información de la Procuraduría capitalina en torno a las investigaciones sobre el secuestro y el asesinato de Fernando Martí. Pero, hasta ahora, no tenemos tampoco un solo dato duro que confirme sus informaciones. El manejo entre oculto y público, la mezcla entre la secrecía de la investigación y la filtración periodística sirve para ocupar a los medios y la opinión pública unos días, quizás hasta para distraerlos de las verdaderas investigaciones, pero no sirven para que, finalmente, la gente tenga confianza en las autoridades. Y éstas parecen empeñadas en actuar de manera que resulte imposible generar esa confianza.

Lo que está sucediendo en el caso Martí es una demostración de ello. Un día después de que apareciera el cuerpo del joven asesinado, en una conferencia de prensa fueron presentados dos agentes policiales capitalinos como parte fundamental de la llamada banda de La Flor: se trataba del comandante José Luis Romero Ángel y de Fernando Hernández Santoyo. El primero acababa de ser promovido por el propio jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y era el responsable de la seguridad de toda el área aledaña al aeropuerto capitalino. Se les vinculó con el secuestro y asesinato porque estuvieron tratando de indagar la situación del custodia de Fernando Martí que había sido dejado por muerto por los secuestradores. Pero con ellos, se dijo, se comenzaban a jalar los hilos para el desmantelamiento de la banda.

Casi simultáneamente, el mismo día de la firma de los acuerdos por la justicia y la seguridad en Palacio Nacional, era baleado, en el sur de la Ciudad de México, Sergio Ortiz, un agente de la después desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas, que no sabemos cómo se ha mantenido económicamente en todos estos años. El hombre recibió varios disparos y fue internado con un tiro en la columna y en grave estado en un hospital del IMSS. No se ha explicado cómo y por qué la Procuraduría capitalina llegó a la conclusión de que era el jefe de la banda de La Flor y que el atentado había sido cometido por otra fracción de esa organización como consecuencia de diferencias internas. Se filtró que había sido identificado gracias a una denuncia ciudadana por la que incluso ya se había pagado una recompensa. Puede ser, pero nadie nos ha explicado por qué, después de tener más de un mes a este personaje en el hospital, repentinamente se supo que era el secuestrador más buscado del país. Para colmo, el hombre está en terapia intensiva, no puede hablar y por lo tanto no se cuenta siquiera con su declaración preparatoria. Su familia, en estos días, ha negado terminantemente que Sergio Ortiz tuviera algo que ver con estos hechos y argumenta que es un chivo expiatorio. Fuera de esas declaraciones, la familia no ha mostrado, tampoco, prueba alguna que exonere a este hombre de las acusaciones. El problema es que asumir que Ortiz es el jefe de la banda de La Flor se convierte casi en un acto de fe hacia las autoridades porque éstas no han proporcionado información que permita sustentar esa acusación. Es verdad, la investigación está en curso pero, entonces, ¿por qué divulgar datos a los que no se les puede dar seguimiento?, ¿para qué añadir “información”, que tampoco ha sido comprobada, que va desde la posesión de lujosos carros hasta de fotos o videos de secuestrados y actos de zoofilia?, ¿la información dura de la investigación no es suficiente para sustentar la acusación y necesita ser aderezada con “detalles” morbosos para los medios?

Lo mismo sucede con una mujer que fue clave en el operativo, según la PGJDF, Lorena González Hernández, de la cual durante dos largos días, las mismas autoridades federales estuvieron echándose la bolita de si era agente de la AFI o de la Policía Federal. Lo cierto es que estaba en tránsito de una a la otra, que permaneció durante años en esa corporación policial y que tenía un nivel de mando medio y un salario considerable, más de 40 mil pesos. Su familia también dice que es un chivo expiatorio e incluso argumentan que en los días del secuestro estaba en Cancún. No lo han podido comprobar: las autoridades dicen que fue identificada por el custodio que sobrevivió al secuestro. Pero a partir de eso se han filtrado informaciones que hablan de que era “el muro” de la organización, la “estratega”, la que “vejaba a las víctimas”. Puede ser, pero, ¿qué sentido tiene toda esa información si no se puede comprobar más allá de un acto de fe en los dichos de la autoridad?

La sospecha, aunque sea infundada, se alimenta de otros datos: el mismo día que se arraigaba a los nuevos detenidos, el propio procurador capitalino, Miguel Mancera, anunciaba que los primeros inculpados, el comandante José Luis Romero Ángel y Fernando Hernández Santoyo, en realidad no tienen nada que ver con la banda de La Flor y no hay datos que muestren que hayan intervenido en el secuestro del joven Martí. Pero, agregó, ambos permanecen detenidos porque se estima que no participaron en ése, pero sí en otros secuestros.

Entonces lo que tenemos es una investigación en la cual los primeros detenidos, presentados con bombo y platillos, resulta que por lo menos con ese caso no tenían nada que ver; en la cual un custodio dado por muerto por los secuestradores, resultó que estaba vivo y se convirtió así en un testigo clave; que el jefe de la banda está moribundo en un hospital desde semanas antes de que la autoridad lo identificara y no sabemos cómo llegaron a él ni él puede hacer declaraciones, y que otra de las principales acusadas no terminamos de saber bien a bien en qué corporación policial trabaja. Insisto: no tenemos elementos para desmentir a las autoridades, pero éstas tampoco aportan datos duros que permitan darle certidumbre a sus propios dichos. La sospecha siempre es canija.