Extorsión y corrupción regresaron a Ciudad Juárez, con la Policía Federal

\"Recrudece A un mes de que la Secretaría de Seguridad Pública federal reemplazara al Ejército para encabezar la Operación Coordinada Chihuahua, regresaron la extorsión y corruptelas de los cuerpos de seguridad en Ciudad Juárez, denunció el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa. “En un mes se ha consignado a 18 policías federales por abuso de autoridad, extorsión y robo”, dijo.

De la Rosa, organizaciones gremiales de la frontera y diputados locales denunciaron que los agentes federales se han convertido en el azote de los automovilistas que circulan con autos chocolates (sin papeles).

Sin embargo, el visitador de la CEDH consideró como un paso importante que un cuerpo civil enfrente a la delincuencia y “que está obligado a responder ante las instancias civiles y no actúa con la impunidad de los soldados”.

Cerca de 5 mil agentes de la corporación arribaran a la frontera para enfrentar la criminalidad en la ciudad más violenta del país, el mando de los agentes federales, quienes libran dos batallas simultáneas; la primera en contra del crimen organizado; la segunda es al interior: para detener a los agentes corruptos.

“El cambio por las fuerzas federales fue un avance importantísimo, ahora tenemos un cuerpo civil enfrentando a la delincuencia. Un cuerpo de seguridad que está obligado a responder ante las instancias civiles y no actúa con la impunidad de los soldados”.

Agrega que la actitud del los titulares de la Policía Federal es muy diferente a la de los militares, “a cada queja que presentamos recibimos una respuesta: el Ejército en dos años no respondió a una sola”.

“Sin embargo, tienen por delante una labor titánica, les llevará años cumplirla; la policía federal tendrá que recuperar Ciudad Juárez, pero lo tendrá que hacer casa por casa, de ese tamaño es el problema que tenemos aquí”, agregó De la Rosa.

En Juárez, unos 80 mil vehículos no tienen placas, ya que son de procedencia extranjera y no fueron regularizados, a la par que cuentan con una Ley estatal aprobada en 2009, la cual sanciona hasta con 15 años de cárcel a quien conduzca un vehículo robado aun cuando el automovilista haya sido engañado al comprarlo. La combinación de esos factores se convirtió en el “paraíso” de los malos agentes, quienes detienen a decenas de autos en esas condiciones y amenazan con detener a los guiadores por supuestos reportes de robo.

(El Universal)

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