'Exige' Gobernación liberación de periodistas; violan derechos humanos, CDHDF

A cinco días de que cuatro periodistas coahuilenses fueran secuestrados cuando cubrían el motín en el penal de Gómez Palacio, Durango y que las autoridades lo adjudican al crimen organizado, la Secretaría de Gobernación, condenó los hechos y exigió su pronta liberación, como si en el gobierno estuviera para exigir a los delincuentes, además de acusarlos de violadores de los derechos humanos.

Tuvieron que alzar la voz los mismos periodistas del país y convocar a una mitin frente al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para el próximo sábado 7 de agosto a  las 12.00 horas del día, para que José Francisco Blake Mora, titular de la Segob, llamara a los reporteros de “la fuente” y leerles un comunicado en el que condenó el secuestro de los reporteros y lanzó su acusación

“El crimen organizado es la mayor amenaza para los derechos humanos; lo es también hoy en día para el periodismo. Por esa razón debemos combatirlo con la máxima firmeza todos los órdenes de gobierno y todos los poderes públicos

Se dijo pendiente de los acontecimientos desde el primer momento en que fueron secuestrados los periodistas y aseguró que: desde el primer momento que el Gobierno Federal conoció de estos hechos, ha acompañado las decisiones de quienes informaron de lo sucedido, así como de los familiares de las personas secuestradas.

Al mismo estilo de su antecesor, Blake Mora, dijo que “el Gobierno Federal no permitirá las amenazas a cualquier miembro de la sociedad, especialmente a los periodistas y a los medios de comunicación que, siendo promotores de la libertad de expresión, pretendan ser utilizados por el crimen organizado”, aunque no dijo como lo hará  y mucho menos como frenará la cada día más creciente ola de violencia contra los periodistas y la libertad de expresión.

“Hoy, más que nunca, es necesario redoblar esfuerzos en la lucha contra los criminales, ya que cada agresión a periodistas, comunicadores, agentes de la autoridad o cualquier ciudadano, es un atentado contra toda la sociedad”.

Fue entonces cuando lanzó su bravuconada: “El Gobierno Federal exige la inmediata liberación de las personas secuestradas y reitera su compromiso para actuar con todas sus atribuciones legales teniendo como fin último garantizar la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad, y llevar a los responsables ante la acción de la justicia”, como si en realidad su orden fuera a ser acatada por la delincuencia organizada.

Ya uno fue liberado

Ya para esas horas de la “conferencia de prensa” uno de los cuatro reporteros había sido liberado. Héctor Gordoa Márquez, de Televisa, en La Laguna, ya estaba libre, pero tres reporteros más permanecen secuestrados por su captores, ellos son: Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, de Televisa Torreón y Héctor \”N\”, reportero del diario El Vespertino.

Grave irrespeto a los Derechos Humanos

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó que el Gobierno federal y las autoridades correspondientes deben enfocar sus esfuerzos en garantizar la vida e integridad de quienes han sido privados de su libertad, presumiblemente por la delincuencia organizada.

La CDHDF señala que, en cumplimiento de su deber protector, el Estado no sólo tiene la obligación de abstenerse de vulnerar o amenazar los derechos reconocidos por las normas internas y por las normas internacionales, también está obligado a tutelar y guardar la vida, la libertad, la honra, la intimidad y todos los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción.

A través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, este Organismo resalta que las privaciones delictivas de la libertad constituyen un grave irrespeto de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario.

Expresa que cualquier persona que es privada de su libertad por grupos armados ilegales para que respondan, con su libertad, su integridad corporal o su vida, de la satisfacción de exigencias formuladas por las personas en cuyo poder están, son las víctimas de una conducta criminal prohibida tanto por las leyes mexicanas como por el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional: el secuestro extorsivo.

Señala que es grave que los grupos delictivos recurran a estas prácticas criminales con la intención de incidir en el discurso y contenido de los mensajes emitidos en los medios de comunicación, pues si bien secuestran directamente a los comunicadores, indirectamente mantienen secuestrado el derecho de toda una sociedad a estar informada debidamente.

La CDHDF considera que la ausencia de resultados en la investigación de delitos cometidos con anterioridad en contra de periodistas y comunicadores envía un mensaje de impunidad a quienes cometen estos delitos y abre la puerta a nuevas y cada vez peores formas de agresión y violación sistemática al derecho a la libertad de expresión.