Acatará Segob decisión de la jueza de suspender Presunto Culpable

La Secretaría de Gobernación (Segob) acatará la orden de la jueza Blanca Lobo Domínguez para suspender la proyección del documental Presunto Culpable, por lo que informará al distribuidor de la película los efectos de la notificación, dijo Héctor Villarreal, subsecretario de medios y normatividad de la dependencia.

El funcionario explicó que en la respuesta de la jueza a la solicitud que hizo la Segob para que aclarara los términos de la suspensión provisional, se refiere que RTC tiene facultades como autoridad responsable para suspender la exhibición de la película.

Héctor Villarreal dijo que dependerá de la estrategia legal de Cinépolis para retirar o no el documental de las salas cinematográficas, ya que el distribuidor todavía puede interponer medios legales de defensa, que

\”Ante la contundente respuesta y reiteración de la juez, dependerá de la estrategia legal de cada una de las partes, ya que quedó muy claro en los términos que fue dictada.  Tenemos que comunicar al distribuidor que la autorización que RTC le dio para la exhibición comercial de la película ha sido motivo de una suspensión provisional\”, reconoció Villarreal.

La suspensión en cuestión obedece a una demanda de parte de uno de los testigos, que argumenta que no se le pidió autorización para exhibir su persona en el film, lo que le ha ocasionado múltiples problemas en su condición social, ya que es señalado e incluso teme por su vida.

Oficialmente se notificó que la juez federal admitió un juicio de amparo promovido por Víctor Daniel Reyes, testigo en el caso de Presunto Culpable, aquel que fuera pieza clave para la absolución de José Antonio Zúñiga, de los delitos de homicidio por los que se le acusaba en un proceso lleno de irregularidades, ya que según esto, no dio autorización para aparecer en la película y solicitó la protección de la justicia federal.

La Juez Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, licenciada Blanca Lobo Domínguez, notificó a la secretaría de Gobernación haber concedido la suspensión provisional de la autorización de exhibición comercial del documental Presunto Culpable, con motivo de una demanda de amparo interpuesta contra actos de autoridad emitidos por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, entre otras instancias.

En dos quejas, presentadas el viernes, el CIDE argumentó que la demanda es improcedente, y que la suspensión otorgada por la juez Blanca Lobo atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el interés social.

“Es claro que una suspensión que tenga como consecuencia perjudicar el interés social no debe otorgarse. Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia ha definido el acceso a la información como un derecho colectivo o garantía social de carácter público; por lo tanto, negar el ejercicio del acceso a la información perjudica el interés social”, sostiene el CIDE.

La suspensión, destaca otra de las quejas, tampoco cumple el requisito previsto en el Artículo 125 de la Ley de Amparo, que obliga al juez a fijar al demandante una fianza que garantice el daño a terceros perjudicados, en este caso los exhibidores, afectados por el retiro de la cinta de las salas de cine.

De acuerdo con las quejas del CIDE, la demanda de amparo es improcedente porque la autorización otorgada por Radio, Televisión y Cinematografía no afecta los intereses jurídicos del demandante Víctor Daniel Reyes Bravo, ya que se trata de un acto administrativo en el que las únicas partes son la dependencia y los titulares de los derechos de la cinta.

Además —aclara— la RTC sólo puede negar la autorización para exhibir una cinta cuando ésta contenga escenas explícitas, no ficticias, de violencia, tortura o actividad sexual y genital, o cualesquiera otra, para cuya filmación se presuma la comisión de un delito o alguna violación a las leyes, así como la apología de dichas conductas, y este no es el caso.

No obstante todo lo anterior, este lunes, la juez décimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el DF, Blanca Lobo Domínguez, reiteró que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) debe hacer todo lo necesario para suspender la exhibición del documental Presunto Culpable, por lo que la Secretaría de Gobernación ha tomado la determinación de acatar la resolución y dar parte a Cinépolis, empresa a la que le toca tomar la última decisión.

Sin embargo, el distribuidor de no ceñirse a las disposiciones de la Segob, con recurso legal alguno, podría ser merecedora de sanciones por parte de RTC, según explica el mismo Villarreal.

\”En elemental apego al Estado de Derecho y en elemental respeto al Poder Judicial, nosotros estamos acatando esta resolución\”, indicó Villarreal. \”Yo creo que ya estaremos viendo, más bien, la consecuencia de un proceso judicial que estará en curso en los próximos días\”.