Van contra Oceonografía, empresa privilegiada por los gobiernos panistas

A partir de este viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó el control de instalaciones, barcos y demás activos de la empresa Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que Banamex interpusiera una demanda por presunto fraude cometido en su contra. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) será el encargado de administrar los activos de la empresa que comanda el empresario Amado Yáñez.

Según la PGR, el aseguramiento de la compañía de Amado Yáñez Osuna, Amado Omar Yáñez Correa, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Samuel Yáñez Chaparro, se dio por las supuestas conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos concedidos por Banamex, filial del estadunidense Citigroup.

Banamex reveló que Oceanografía había presentado documentación de cuentas por cobrar con Pemex por aproximadamente 7 mil 650 millones de pesos (unos 585 millones de dólares), con el fin de obtener financiamiento del banco. Sin embargo, tras una revisión de estas cuentas, el banco constató que solamente eran válidos unos 2 mil 420 millones de pesos (cerca de 181 millones de dólares) en las cuentas por cobrar. Las demás serían fraudulentas por lo cual Banamex, junto con Pemex, presentaron una denuncia penal. Citigroup dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados en el supuesto fraude.

Oceanografía había sido inhabilitada en febrero por el Gobierno para realizar contratos con entidades del estado durante 21 meses y fue multada por irregularidades en el otorgamiento de fianzas en sus contratos.

Pero este asunto no es nuevo. Desde 2007, la revista Contralínea que dirige Miguel Badillo ya había documentado que los hijos de Martha Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox Quesada, habían gestionado contratos a favor de Oceanografía y solicitado el “perdón fiscal” para el Grupo Miguel, En aquel entonces los vástagos de la influyente mujer michoacana, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún eran acusados de tráfico de influencias y peculado, sujetos de investigaciones administrativas, judiciales y políticas. Incluso, en la Cámara de Diputados la comisión especial encargada de investigar las actividades de su empresa Construcciones Prácticas aseguró que los hermanos eran responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil millones de pesos.

El entonces presidente de dicha comisión cameral, Elías Cárdenas, declaró a La Jornada, que los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos de los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex). Es más, el mismo Manuel Bribiesca, aceptó en sendas entrevistas concedidas a Miguel Badillo, que él y sus familiares gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía, investigada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Reconoció haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel, por considerar que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal injusta contra el consorcio.

Manuel Bribriesca admitió haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta (QEPD), a favor del empresario Alfredo Miguel, ya prófugo de la justicia desde esas fechas por cargos de evasión fiscal. Señaló que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.

En una segunda entrevista concedida al director de Contralínea el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún acusó una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA), fraguado, según él, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien, según el decir de Bribiesca, se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.

El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA, dijo en aquellos años.

Para nadie era desadvertido que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos panistas, Oceanografía se vio favorecida con decenas de contratos, lo que le permitió convertirse en una de las proveedoras de servicios más importantes para Pemex. Tan sólo entre 2011 y 2013 recibió 43 contratos por más de 11 mil 500 millones de pesos. Previamente, durante entre 2002 y 2008 había recibido 44 contratos por 24 mil millones de pesos.

Desde el sexenio de Vicente Fox, Contralínea documentó las irregularidades en los contratos que Oceanografía recibía de parte de Pemex, así como las gestiones que a favor de la empresa privada realizaban los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. Incluso. Contralínea y sus periodistas tuvieron que soportar una ofensiva jurídica en su contra por parte de Oceanografía, a partir de noviembre de 2007, al considerar que la publicación de los hechos de corrupción en los cuales se le involucraba le generaba un “daño moral”. La empresa de Amado Yáñez Osuna también demandaba conocer las fuentes de información de los reporteros.

Oceonografía, la empresa de la familia Yáñez presta servicios de ingeniería costa afuera para la explotación de yacimientos de petróleo y gas, así como el arrendamiento de embarcaciones. Su principal cliente es Pemex Exploración y Producción (PEP). Según su propio historial, Oceonografía se constituyó el 24 de mayo de 1968 por medio de la escritura pública 17,105 y tuvo como primer nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV. Sus accionistas fundadores son: Amado Yáñez Correa, 75 acciones; Samuel Yáñez Chaparro, 10 acciones; Darío Yáñez Correa, cinco acciones; Alberto Duarte Martínez, cinco acciones; Ofelia Jaime Peniche, cinco acciones.

Los negocios de los Yañez ha ido más allá del ámbito petrolero. En 2013, Amado Yáñez ingresó al futbol mexicano; compró dos franquicias de Ricardo Salinas Pliego, Jaguares de Chiapas –hoy Gallos Blancos de Querétaro– y Neza Futbol Club –convertido en Delfines de Ciudad del Carmen–, de la Liga Mx y el Ascenso Mx, respectivamente. Además adquirió a los entonces Gallos Blanco de Querétaro –descendidos tras el torneo Clausura 2013– y la plantilla de los extintos Pumas Morelos, que fuera filial del Club Universidad, los Pumas de primera división.

Desde 2006, la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de Oceanografía, pero fue hasta el 11 de febrero pasado cuando la Secretaría de la Función Pública informó de la inhabilitación de la compañía por casi dos años para proponer o celebrar contratos con dependencias del Gobierno o entidades de la administración pública federal tras investigar contratos firmados entre 2011 y 2012.

Con alrededor de 4,500 trabajadores, OSA tiene instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer al medio día, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrió un expediente paralelo a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), contra la empresa Oceanografía luego de darse a conocer el presunto quebranto de 235 millones de dólares en perjuicio de Banamex. La CNBV informó que inició una inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades en el incumplimiento de las leyes financieras.

El organismo destacó que, de acuerdo con lo difundido por el banco, el monto aproximado del presunto fraude representaría un impacto negativo neto de alrededor de 2% de su capital contable, por lo que Banamex mantiene un nivel de capitalización adecuado. Sin embargo, aseguró que actuará “con diligencia y oportunidad” para detectar posibles delitos financieros y proceder conforme a derecho. También destacó que seguirá trabajando en coordinación con autoridades judiciales y administrativas.