Por
Carlos Salinas de Gortari
El deceso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993, sucedió cuando yo tenía la responsabilidad de ser Presidente de la República. Su muerte me conmovió profundamente, pues en gran parte gracias al cardenal Posadas pude promover la reforma a la Constitución mexicana que, desde 1917, había establecido una de las restricciones más severas en el mundo a la libertad de creencias. Estas restricciones ya habían sido objeto de decisiones adversas en el orden jurídico internacional.
Hasta antes de la reforma y por 75 años, en la Constitución estuvo vigente (artículo 130) una redacción restrictiva: \”La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.\” En lugar de establecer la separación iglesias-estado, planteaba la inexistencia de las iglesias para las leyes del estado, lo cual generaba una serie de tensiones, contradicciones y simulaciones que resultaban insostenibles en la modernidad mexicana que nos empeñábamos en construir.
Los motivos que promovieron aquella redacción tan severa no fueron ideológicos, sino históricos, como señalé con detalle en mis libros México: Un paso difícil a la modernidad y La \”Década Perdida\”. A lo largo del siglo XIX y el inicio del XX hubo una constante confrontación alrededor del poder entre el Estado y la Iglesia católica, que desembocó en una guerra civil en las décadas de 1920 y 1930. Las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede permanecieron suspendidas durante 130 años.
Esta confrontación terminó con la reforma constitucional de 1992, cuando se ampliaron de manera sin precedente los derechos humanos de libertad de creencias y de respeto a las iglesias. Después de la reforma, el 20 de septiembre de 1992 reanudamos las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Pude entonces, en 1993, recibir en México a Su Santidad el papa Juan Pablo II con todos los honores que le correspondían como jefe de Estado y como máximo dirigente de la Iglesia católica.
Estos acontecimientos, históricos para México, fueron posibles en gran medida por la intervención del cardenal Posadas. De ahí que su ausencia sea tan sentida. Así lo ratifiqué en una carta privada que entregué personalmente en Ciudad del Vaticano hace unos meses, y dirigida respetuosamente al Santo Padre Benedicto XVI.
Las investigaciones sobre la muerte del cardenal han sido realizadas por la Procuraduría General de la República. Se iniciaron de manera minuciosa durante mi gobierno, y fueron confirmadas posteriormente. A la fecha se encuentran en prisión el autor material del homicidio y más de una decena de los gatilleros que ese día intervinieron en el enfrentamiento entre ellos. También está localizada el arma con la cual se atacó al cardenal. El homicida confesó su responsabilidad ante el Ministerio Público, y después la ratificó ante el juez. Sin embargo, posteriormente se desdijo.
Desde 1993, cuando ocurrió el deceso, hasta la fecha, la PGR ha llevado a cabo cuatro investigaciones bajo la responsabilidad de ocho procuradores generales (en 1993 colaboró con la Procuraduría de Jalisco), de los cuales, tres son apartidistas; dos, miembros del PRI (el partido dominante por varias décadas); dos, del PAN (el partido hoy en el poder), así como un general del Ejército mexicano.
Todos los responsables de las investigaciones hasta la fecha han coincidido en que el asesinato del cardenal se debió a una confusión producida durante un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales. Personas menores en puestos de responsabilidad mayor, con desconocimiento, negligencia o mala fe, han hablado de la existencia de un complot para matar al cardenal Posadas Ocampo. La falta de razón en sus argumentos, siempre emotivos y tendenciosos, no encuentran fundamento en la realidad ni apoyo en las investigaciones.
Sin embargo, en 2001 la administración neoliberal sacó de la reserva la averiguación previa sobre la muerte del cardenal. Lo hizo de manera sigilosa, pues durante casi un año realizó en secreto lo que, pretendieron, eran \”nuevas investigaciones\”. Con posterioridad, la sociedad se enteró de que la subprocuradora responsable del caso había reconocido como representantes de la coadyuvancia a dos abogados muy activos en la tesis del complot, \”con intereses incompatibles e irreconciliables entre sí, y los convirtió en investigadores y jueces al mismo tiempo\”, como señaló Jorge Carpizo en su texto de 2006, \”Síntesis de las investigaciones del homicidio del cardenal Posadas Ocampo\”. Llegaron incluso a pretender actuar como agentes del Ministerio Público. Se trató de un acto evidentemente ilegal, perpetrado por la propia autoridad.
Existen constancias ministeriales de que los miembros de esa coadyuvancia ilegal ofrecieron y otorgaron dinero, bienes y beneficios a varios de sus testigos; que probablemente indujeron las declaraciones de varios de ellos; que presentaron testigos de oídas; que probablemente actuaron usurpando funciones del Ministerio Público Federal; que quizá filtraron a la prensa documentos de la averiguación previa; que mintieron en sus declaraciones ministeriales, como se cita en el texto de 2006.
Cada vez que los testimonios de sus testigos eran desechados, esos coadyuvantes se abocaban a buscar o, más bien, a construir otras \”pruebas\”. Se ha comprobado que visitaron a sus testigos, recluidos en las cárceles, antes de sus declaraciones ministeriales, y que estuvieron presentes durante éstas. Esas \”visitas\” incluyeron a los gatilleros del cártel presentes en el aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo de 1993, y a uno de los asesinos materiales del cardenal.
El grupo de la coadyuvancia ha cambiado el contenido de su tesis del \”complot\”, conforme sus testigos son descartados y presentan nuevos, a los cuales han localizado entre los gatilleros del narcotráfico, gángsters recluidos en cárceles o prófugos de la justicia. Pretendieron utilizar a un ex comandante de la Policía Judicial Federal, quien laboró con ellos durante casi dos años. Al final, según reportó Reforma en mayo de 2003, el excomandante concluyó: \”Las pruebas que el grupo pretende acreditar como \’el complot\’ no se sustentan con elemento serio alguno. Son una necedad, triviales, carentes de sustento y sin razón de peso. Los dichos de los internos entrevistados en las cárceles no soportan un riguroso análisis para verificar la autenticidad de la información.\”
A pesar de esa perversión, las investigaciones han atendido todas las hipótesis que esas personas han propuesto, y las han desechado por improcedentes. Han concluido que la muerte del cardenal se debió a la confusión antes señalada. En la investigación de la PGR durante 1998-2000 se formó un grupo interinstitucional en el que participaron el obispo Luis Reynoso Cervantes y el arzobispo José Fernández Arteaga, de Cuernavaca y Chihuahua, respectivamente, juristas destacados y representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Sus conclusiones están contenidas en el libro El caso Posadas. Verdad, derecho y religión de Monseñor Luis Reynoso Cervantes, el cual publicó Editorial Porrúa hace unas semanas. En el prólogo, suscrito por el eminente jurista Héctor Fix-Zamudio, se destaca la calidad de Monseñor Reynoso como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y se señala que, si bien las conclusiones del obispo Reynoso y del arzobispo Fernández \”no fueron recibidas con beneplácito por un sector de la jerarquía eclesiástica… los dos juristas sostuvieron con firmeza sus convicciones.\” Estos distinguidos obispos, por el conocimiento que adquirieron del caso, difundieron el 27 de julio de 2000 sus \”Aportaciones para el informe final del grupo interinstitucional\”, en el cual señalaron:
Consideramos que hasta el momento ninguno de los elementos que han sido presentados como pruebas, conducen a demostrar, en forma jurídica fehaciente, la existencia de un complot para asesinar al señor Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Ninguno de los supuestos testigos y pruebas que pretendieron presentar los coadyuvantes de Jalisco a partir de 2001 fueron diferentes o agregaron algo nuevo o sólido a lo que ya se había descartado. El obispo Reynoso estudió asimismo los dictámenes técnicos y las declaraciones ministeriales de varios testigos de esa coadyuvancia ilegal. Las calificó de incoherentes, poco confiables, sin sustento, pues parecía que alguien hubiera \”sembrado\” la idea en esos testigos para que declararan en la forma en que lo habían hecho. El obispo concluyó que aquellos dichos eran inverosímiles. Uno de esos testigos fue señalado como mentiroso, alcohólico, con delirios persecutorios y esquizofrenia paranoide.
El obispo Reynoso envió diversos documentos de su autoría a todos sus hermanos obispos. En uno de ellos, reproducido en el libro El caso Posadas, el obispo Reynoso señaló:
[…] he quedado muy preocupado por el manipuleo que han tratado de llevar a cabo con sus Excelencias en el Caso Posadas, por parte del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez y de los representantes del Gobierno del Estado de Jalisco coordinados por el Secretario General Fernando Guzmán Pérez Peláez […] Por otra parte, es muy significativo que en la medida en que se avanza en las investigaciones, los elementos de análisis aportados por el Cardenal Sandoval y los representantes del gobierno de Jalisco son sumamente débiles, ya que los testigos que se consideran como básicos, se contradicen, son falaces, inverosímiles […]
En una carta que el obispo Reynoso envió al cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, y que se incluye en el libro mencionado, escribió contundente:
\”En conciencia, yo no podría quedarme callado ante la actitud que tomaron los representantes de Jalisco en el Grupo Interinstitucional […] faltando a los más importantes principios de la ética.\”
La UNAM publicó en 2005 un libro intitulado Las ciencias penales y el homicidio del cardenal Posadas. En ese texto, acreditados penalistas de México, América Latina y España examinaron con metodología científica el caso y su investigación. La conclusión de esos estudios, unos directamente y en forma rotunda, otros con menor fuerza, fue que las investigaciones se han realizado bien, y apoyaron la conclusión de la confusión.
México en general ha sufrido por la muerte del cardenal Posadas. Yo en lo particular perdí a un amigo estimado, cercano y respetado, con el que sostuve un trato directo y constructivo a lo largo de varios años. Durante las muchas horas que conversé con él y en las importantes tareas que acometimos juntos, siempre tuvo palabras de aliento y mesura. Por eso el día de su fallecimiento, ante el dolor que me provocó su muerte, rompí la tradición mexicana de que los presidentes no entraban en los templos, y acudí a la Catedral de Guadalajara a presentar mi pésame a su grey, al pueblo de Jalisco y al Mexicano, y a la Iglesia católica.
Con objeto de contribuir a esclarecer los hechos, acudí voluntariamente a la PGR a rendir mi declaración como testigo, a pesar de que los jueces habían señalado que mi declaración no era exigible. Respondí decenas de preguntas durante varias horas y manifesté mi convicción sobre los hechos. No conocí ningún dato o circunstancia que modificaran el resultado de las investigaciones: el cardenal Posadas murió lamentablemente en la confusión producida durante el enfrentamiento entre las dos bandas. Pretender tergiversar los motivos de su muerte en realidad promueve la discordia, y atenta contra la memoria honorable y justamente enaltecida del cardenal.
En mi recuerdo permanente está siempre presente el hombre bueno, cálido y generoso que fue el cardenal Posadas. Mi afecto por él se agrega al respeto profundo que tengo por su apostolado. Estoy convencido de que su memoria debe ser honrada por el papel tan importante que desempeñó para la concordia y reconciliación histórica entre los mexicanos.