Por Óscar Hernández H. /EFE
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga al Ejército Mexicano por la muerte de un civil y las lesiones provocadas a otro , luego de que desobedecieron una señal de alto en un retén militar en Reynosa, en la frontera con EU.
El organismo recordó en un comunicado que el pasado sábado los dos civiles trataron de evadir un retén con el que se toparon y al intentar escapar los militares tirotearon, al menos en diez ocasiones, el vehículo en que ellos viajaban.
En el lugar falleció Sergio Meza, de 28 años, y quedó lesionado José Antonio Barbosa, de 35, quien solicitó la intervención de la CNDH porque consideró que fueron violados sus derechos fundamentales a la integridad física y a la vida.
Según el relato ofrecido por Barbosa, tras el tiroteo y la detención, los militares le dejaron libre después de confirmar que había muerto su acompañante.
El organismo indicó que solicitó informaciones detalladas sobre estos hechos a las autoridades de las fiscalías federal y estatal, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La CNDH precisó que según los datos obtenidos Meza murió de lesiones en el tórax causadas por un tiro por la espalda, mientras que Barbosa presenta fractura de hombro derecho con una lesión provocada por un tiro también por la espalda y que tarda en sanar más de 15 días.
El Gobierno de México mantiene operativos contra el crimen organizado con fuerzas combinadas del Ejército y agentes federales en varios estados del país, donde los capos de la droga habían ganado territorio.
Esta estrategia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, incluida la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Luoise Arbour, pues en algunas acciones el Ejército ha matado a civiles que no respetaron la orden de alto en retenes.
A mediados de 2007 el Ejército mexicano detuvo a tres oficiales y 16 efectivos de tropa a los que puso a disposición de un juzgado militar por su presunta participación en la muerte de cinco civiles, dos mujeres y tres menores de edad, en el estado de Sinaloa.