Por Óscar Hernández H.
El 56.8% de los homicidios registrados en Sinaloa son de orden federal y tienen vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, lo que representa que son 424 de los 741 casos totales, según datos revelados por el Consejo de Seguridad Pública, de ese estado del noroeste de México.
El procurador de Justicia del Estado, Luis Cárdenas Fonseca, comunicó que ahora toca definir, con la autoridad federal, como se va a trabajar en sus investigaciones y esclarecimiento, lo cual podría comenzar a afinarse a partir del próximo viernes, durante la visita que realizará a Sinaloa el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
El fiscal general del Estado, sostuvo que durante la reunión con el titular de la PGR se buscará concretar la coordinación entre las tres instancias de gobierno y lo relativo a la competencia de las investigaciones el mayor numero de homicidios dolosos que se cometen en esta entidad.
El procurador Cárdenas Fonseca habló durante la reunión de trabajo con miembros de las Comisiones Unidas de Seguridad de la LIX Legislatura local, a los cuales, hizo ver que los criterios, se sustentan en el tipo de armas que se usan, el número de participantes, la forma como la víctima es levantada, ejecutada y abandonada, atada de pies y manos, envuelta en cobija o cobertor, entre otras variantes.
En respuesta a las críticas vertidas por legisladores panistas y perredistas por la impunidad que impera en los delitos de alto impacto, les respondió que, la dependencia a su cargo, ya tuvo costo de vidas humanas, en las investigaciones de asesinatos violentos, ligados al tráfico de drogas.
Cárdenas Fonseca, en su locución, sin citar el nombre, se refirió a la ejecución del Coordinador de la Unidad Modelo de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, Jorge Valdez Fierro, acribillado hace un año por un grupo armado, muy cerca de su hogar y de ciudad universitaria, en esta ciudad.
Al referirse a la situación laboral de los agentes ministeriales, explicó que estos gozaran de un incremento salarial, del 36, se les ampliara su seguro de vida de 100 mil a quinientos mil pesos y se abrirá un programa inicial de adquisición de viviendas.
En un primer paquete de mil viviendas, cuyo costo fluctué entre los 188 mil y los 236 mil pesos, el gobierno federal, otorgara un subsidio máximo por adquiriente de 53 mil pesos y el estado de siete mil 500 pesos, para contribuir en el mejoramiento de las condiciones sociales de los agentes de esta corporación.
Cárdenas Fonseca, explicó que los agentes, tendrán que cubrir la evaluación del Consejo Nacional de Seguridad, para aspirar a mejores condiciones de vida y estímulos adicionales a sus ingresos, puesto que se dispone de un fondo de 8 millones de pesos autorizados este año, para cubrir recompensas por desempeño.
(Con información de El Universal)