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El gobierno del Distrito Federal, parece haber encontrado una fórmula para calmar a la gente de la Gustavo A. Madero, concretamente a quienes insisten en demandar la salida del Secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, e inculparlo por la muerte de 12 personas; mientras que el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, denunció que jóvenes que estuvieron en la discoteca New\’s Divine el pasado viernes han recibido llamadas intimidatorias a su casa.

El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dio a conocer la alternativa, que la Ley le da y que puede ser un \”calmante\” para los inquietos vecinos del norte de la ciudad, que ya convocaron a una marcha para este sábado, que incluye llegar a las oficinas de gobierno del DF y poner veladoras frente a la entrada principal, como una protesta por la muerte de sus familiares y amigos.

De acuerdo con la expresado por Ebrard, por primera vez en la Ciudad de México se aplicará la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal para indemnizar a los afectados del operativo llevado a cabo el viernes pasado en la discoteca New\’s Divine.

Señaló que esta norma, vigente a partir de abril de este año, determina con base en una serie de criterios los apoyos que la administración local debe dar a los afectados.

la intención es que se aplique la ley en el sentido de que cuando algún policía incurre en un acto ilícito se deba pagar una indemnización a los afectados y hasta ahora el informe de la Procuraduría capitalina revela eso, que elementos policíacos violaron no sólo disposiciones, sino derechos humanos, por lo cual resulta aplicable una indemnización con base en la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del distrito federal.

El acuerdo publicado en la Gaceta del DF

Bueno, el recurso es tan viable para las autoridades del Distrito Federal, que se dieron a la tarea de publicarlo de inmediato en la Gaceta Oficial, donde ya quedó fijado el acuerdo del programa de indemnización y apoyo integral para las víctimas y familiares afectados, mismo que entrará en vigor a partir de mañana viernes.

La estrategia del programa prevé beneficios a las víctimas y a sus familiares, que serán otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Social de acuerdo con el patrón de beneficiarios que se integrará.

Los beneficios son en asesoría jurídica gratuita en sus denuncias o querellas, atención médica y psicológica, incluyendo apoyos económicos o materiales para su rehabilitación y para que los menores involucrados en los hechos continúen sus estudios de los niveles correspondientes.

Además, establece poner en marcha y aplicar un programa de difusión de los sitios en donde se proporcionará la atención, y que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se cubrirán las indemnizaciones por los daños a las personas y sus bienes.

El documento precisa que se pretende realizar acciones para que los beneficiarios cuenten con la libertad, confianza y tranquilidad de realizar sus actividades normales y tengan la certeza de recibir atención y protección de la administración local a través de sus instituciones.

Los interesados en participar en este programa tendrán que manifestar bajo protesta de decir verdad que estaban en la discoteca, exhibir documentación que acredite el tipo de parentesco que el solicitante tiene con la víctima o el acta de defunción.

Precisa que el monto de los recursos que dispondrá este programa serán los que apruebe la Secretaría de Finanzas capitalina.

CDHDF atiende llamados de apoyo de los afectados

El titular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza,, por su parte, denunció que jóvenes que estuvieron en la discoteca New\’s Divine el pasado viernes han recibido llamadas intimidatorias a su casa, telefonemas, dijo, que son de teléfonos públicos y en los que advierten a los padres de familia de que \”cuiden a sus hijos\”. 

Aunque estas personas no han querido iniciar una denuncia penal, Álvarez Icaza consideró relevante dar a conocer tal situación y que personas desconocidas a las comunidades ubicadas en torno a esa discoteca, hacen constante presencia.

Señaló que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si dichas personas son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF o de la Procuraduría capitalina.

Además, informó que Guillermo Zayas, ex jefe de la Unipol en Gustavo A. Madero, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por impedírsele acceder al expediente de la acusación del homicidio doloso de las 12 personas muertas en la discoteca New\’s Divine.

Pidió la intervención del organismo porque considera que en las indagatorias del caso se ha violado su derecho al debido proceso, dijo Álvarez Icaza.

En cuanto a la queja que inició el abogado de Guillermo Zayas, apuntó que la Comisión envió de inmediato medidas cautelares para que el Ministerio de la Agencia 50 le permita conocer el expediente del caso.

Agregó que la próxima semana, si la Comisión recibe toda la información necesaria, culminará la investigación que se hace para determinar qué violaciones de derechos humanos se cometieron.

Una vez concluido ese trabajo, dijo en alusión a la destitución de Joel Ortega \”cada quien tendrá que asumir su responsabilidad en el ámbito de su competencia\”.

Dicha respuesta fue en relación a que el gobierno del DF espera los resultados del organismo, para determinar si Ortega Cuevas es o no despedido, a lo cual el ombudsman dijo que esa situación no le corresponde a la CDHDF.

Sus declaraciones los Hunden

Mientras tanto, las cosas no van bien para los siete mandos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina inculpados, y que desde el pasado lunes declaran en torno a los hechos ocurridos en el operativo News Divine, ya que podrían ser consignados este viernes al reclusorio por homicidio y falsedad de declaraciones.

Aunque se les procesa de manera individual, algunos han caído en contradicciones al declarar más de tres veces.

La jefa del sector La Raza, Rosalinda Antúñez Vázquez, quien lleva 35 años de servicio en la SSP, podría ser liberada en las próximas horas, según informaron fuentes de la Procuraduría local.

Junto con ella están declarando el jefe de Clavería, Sergio Figueroa Hernández, quien ostenta 24 años de carrera policial; Ángel Muñoz Rico, de Cuitláhuac, con 24 años de servicio; Juan Manuel García Chávez, subdirector de Aragón, con 19 años de policía y José Jiménez López, del sector Cuchilla y Carlos Mario Zepeda Saavedra, de Lindavista, con 10 años de servicio, cada uno.

Además, entre los detenidos se mantiene Marco Antonio Cacique Rosales, uno de los dos policías que realizaron la detención de Juana Barraza Samperio, alias La Mataviejitas.

El personal ministerial de la agencia 50 de la PGJDF los ha sometido al menos a tres interrogatorios y a la exposición de diversos bloques de fotografías para que refieran qué hicieron en el lugar de los hechos.

UNICEF pendiente de investigaciones

Las cosas han tomado tal curso que ya el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lamentó los hechos ocurridos en la discoteca New\’s Divine y señaló que estará pendiente del curso de las investigaciones.

Susana Sottoli, representante de UNICEF en México, manifestó que cualquier operativo de este tipo debe considerar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes y censuró que las autoridades estigmaticen a los jóvenes que pertenecen a los sectores marginados.

Dijo que ningún procedimiento justifica la muerte de niños y adolescentes y consideró que las políticas públicas que atienden a este sector de la población deben enfocarse a la prevención y a la protección de sus derechos.

Por su parte Mario Ruiz Fuentes, presidente del consejo consultivo de UNICEF condenó esos hechos y señaló que si se confirman además los abusos cometidos por la policía en contra de los adolescentes detenidos, se estará frente a una grave violación de los derechos humanos.