la PGR cumplira hasta ahora sentencia dictada desde mayo

A siete años de la muerte del ciudadano Guillermo Vélez Mendoza, quien fue señalado como integrante de la banda de secuestradores de Los Ántrax y que murió a manos de elementos de la Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de la República ofrecerá una disculpa pública para limpiar el nombre de esta persona, ya que se comprobó que no era ni secuestrador ni delincuente.

Y es que un Tribunal Civil condenó a la Representación Social de la Federación hacer pública la disculpa, para que se difunda la resolución a nivel nacional, además de pagar una parte de la indemnización, de dos millones 397 mil pesos, que se fijó para la familia, por lo que deberá desembolsar de sus arcas 398 mil 950 pesos.

“Son infundadas las excepciones opuestas por la PGR, Hugo Armando Muro Arellano, Sergio Alberto Martínez López, Norberto Amezcua Barreda y Alfredo Crus Pérez, en relación con la acción principal, particularmente porque en virtud de la privación de la vida de Guillermo Vélez Mendoza no se probó ni robustecieron los indicios por los cuales se le relacionó con la banda delictiva de “Los Ántrax” y menos el carácter de secuestrador”, dice la PGR en su comunicado.

Asimismo, se le ordenó a publicar un edicto en cada uno de los medios de comunicación en que se difundió la noticia de que Guillermo Vélez era un delincuente.

Es de mencionar que la resolución también condena a pagar 398 mil 950 pesos, cada uno, al ex comandante de la AFI, Hugo Armado Muro Arellano, prófugo de la justicia, y a los federales Sergio Alberto Martínez López, Luis Manuel Villalobos Cubedo, Norberto Amezcua Barreda y Alfredo Cruz Pérez.

En la sentencia se absolvió a los ex subprocuradores Gilberto Higuera Bernal y Carlos Javier Vega Memije, éste último quien encabezó el desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que a raíz de la muerte de Guillermo Vélez Mendoza, su padre Guillermo Félix Vélez Pelayo presentó pruebas de que su hijo fue torturado y fue asesinado, lo cual fue negado en todo momento por la Procuraduría General de la República, cuando ésta era encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, y la AFI por Genaro García Luna.

Guillermo Félix Vélez Pelayo, promovió una demanda junto con Norma Griselda Mendoza Mendoza, Luis Fernando, Leticia, Brenda Guadalupe y Ricardo Vélez Mendoza; así como por Carlos Javier Vega Memije en su calidad de ex servidor público de esta Institución y por la Procuraduría General de la República, en contra de la sentencia dictada el 28 de noviembre del año 2006 contra quienes inculparon a su hijo; resolución que ahora se da en su favor.

Justicia Tardía

El 14 de mayo, la periodista Anabel Hernández documentó en Reporte Índigo, la sentencia dictada en el mismo sentido y recuerda que la Procuraduría General de la República tuvo que pagar en marzo una indemnización económica de 2.3 millones de pesos por el daño moral que causó a la familia de Vélez Mendoza, al haberlo acusado falsamente de ser el líder de una banda de secuestradores.

La resolución entonces fue girada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, que el 7 de mayo ordenó a la dependencia convocar a una conferencia de prensa para el 19 de mayo siguiente, a más tardar, para resarcir la imagen de Guillermo Vélez Mendoza, acusado falsamente de ser secuestrador.

Gracias a la lucha de siete años de la familia Vélez Mendoza, y pese a que la PGR se resistió por más de un año a cumplir la sentencia en su contra, hoy se sienta un precedente en la historia de la justicia y la injusticia en México.

“El mensaje para la gente de aquí en adelante es que la Procuraduría General de la República no es invencible, que sí se puede atacarla a ella cuando realmente está mal”, afirmó Alejandro Ortega Sánchez, abogado de la familia.

Los hechos de referencia

A través de una supuesta investigación realizada por la Agencia Federal de Investigación (AFI), la PGR acusó el 30 de marzo de 2002 a Guillermo Vélez Mendoza de ser miembro de una banda de secuestradores llamada Los Antrax. Hasta le inventaron el apodo: Guillermo “El Fardero”.

La AFI, cuyo titular era Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Pública federal, fue la instancia responsable de armar el caso. El joven fue sacado con engaños de su casa en la Colonia Lindavista, en la Ciudad de México. Quienes se lo llevaron dijeron que querían que les mostrara las instalaciones del gimnasio en el que trabajaba porque lo querían comprar.

Horas después fue entregado muerto a sus familiares, y el supuesto comprador resultó ser el comandante de la AFI, Hugo Armando Muro Arellano, quien se llevó con engaños al joven de 33 años, cuya jefa, Masiel Islas, había sido secuestrada semanas antes.

El mismo día que Guillermo Vélez fue sacado de su casa, la AFI dejó escapar al verdadero líder de la banda, Jaime Orozco.

Los peritajes y la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revelan que Guillermo Vélez fue sometido a tortura. La PGR, para ocultar el abuso de autoridad de los agentes de la AFI, afirmó ante los medios de comunicación que el supuesto plagiario había muerto “accidentalmente” al pretender huir.

Como parte de la trama, la AFI difundió a los medios el operativo del supuesto rescate de la víctima de Vélez: Masiel Islas. Sólo que ante las cámaras, en vez de aparecer una mujer angustiada tras días de cautiverio, fue presentado un maniquí.

Meses después, cuando el caso ya se había convertido en un escándalo de abuso de autoridad, fue capturado Jaime Orozco, el líder de Los Antrax. Fue obligado por la AFI a declarar ante las cámaras de los medios de comunicación que Guillermo Vélez Mendoza era su cómplice. Pero cuando rindió su declaración ministerial, e incluso cuando fue interrogado, el secuestrador no ratificó dicha acusación.

La familia Vélez Mendoza inició un juicio civil contra la PGR. Con el tiempo, se comprobó fehacientemente que las acusaciones contra Guillermo Vélez eran falsas. No era un secuestrador, y fue asesinado por agentes de la AFI, quienes pretendían obtener a la fuerza una confesión de culpabilidad.

No era la primera vez, ni sería la última, que la AFI cometía esos excesos. Pero sí la primera vez que la PGR, luego de un litigio de siete años, es condenada de manera definitiva a pagar una indemnización económica. Y también tendrá que limpiar el nombre de Guillermo ante la opinión pública.

La resolución fue emitida en 2008, pero la PGR se resistió a cumplir la ratificación de la sentencia con todo y que el procurador Eduardo Medina Mora fue notificado de que incurría en “desacato” al no cumplirla, lo cual podía haber derivado en su destitución y juicio político. Por supuesto esto nunca sucedió.

Aun así, la Procuraduría se negaba a cumplir. Hacerlo significaba reconocer, por primera vez en su historia, que
había armado un montaje para fabricar culpables.

En enero de 2009, el Juzgado Tercero de Distrito envió un oficio a la Presidencia de la República para comunicarle la situación de desacato en que se encontraba el procurador Medina Mora. Ante el peligro del desafuero, la Presidencia giró el 28 de enero la orden de acatar la sentencia.

En marzo pasado, el Tercer Juzgado en Materia Civil del Distrito Federal puso a disposición de la familia Vélez Mendoza los seis cheques correspondientes a la indemnización por el daño moral causado por la PGR.

Después, el 24 de abril, la juez tercero de Distrito en Materia Civil ordenó a la Procuraduría cumplir el resto de la sentencia: convocar a una conferencia de prensa para aclarar que nunca tuvo pruebas para acusar a Guillermo Vélez Mendoza.

A partir del 7 de mayo de 2009, la PGR tenía un plazo de ocho días para cumplir la orden del juzgado.

En caso de incumplimiento, “se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo que autoriza el código adjetivo de la materia en el caso particular”, afirmó entonces  Edith E. Alarcón Meixcueiro, juez tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal.

Reporte Índigo dio seguimiento a este caso desde el año anterior. Parecía que Guillermo Vélez Mendoza se sumaría a la larga lista de personas inocentes acusadas de delitos que no cometieron.

La lucha de la familia de la víctima, así como la actuación de los juzgados Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal y el Primero y Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil del Primer Circuito, sentaron un precedente al lograr que la difamación de la autoridad contra un ciudadano común no quedara del todo impune.

Pero aún hay cosas pendientes. Nadie ha sido condenado por el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza. Y el principal responsable, el comandante Hugo Armando Muro Arellano, un hombre muy cercano Genaro García Luna cuando éste encabezó la AFI, sigue prófugo pese a la orden de aprehensión que existe en su contra.