Al menos diez periodistas asesinados y nueve desaparecidos, en 2009

Amenaza más directa no pudieron recibir los periodistas del país a través del mensaje dejado a un lado del cuerpo de Bladimir Antuna, reportero del diario El Tiempo de  Durango, asesinado el pasado 2 de septiembre, dentro de un año en que por lo menos 10 periodistas de diversas partes México han sido asesinados y nueve más han desaparecido.

Los responsables del crimen de Bladimir Antuna dejaron un mensaje: “Esto me pasó por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota. Atentamente Vladimir”. Recomendación que de manera indirecta iba dirigida a todos los profesionales de la comunicación, no en balde el año que concluye se tiene este registro de profesionales del periodismo muertos.

Los periodistas asesinados en 2009 son: Jean Paul Ibarra Ramírez, del Diario 21, de Iguala, Guerrero, el 13 de febrero; Luis Daniel Méndez Hernández, La Poderosa, de Huayacocotla, Veracruz, el 23 de febrero; Carlos Ortega Samper, Diario Tiempo de Durango, Santa María del Oro, Durango, el 3 de mayo; Eliseo Barrón Laguna, La Opinión Milenio de Torreón, Gómez Palacio, Durango, el 26 de mayo; Martín Javier Miranda, Panorama y Quadratín, Zitácuaro, Michoacán, el 12 de mayo; Ernesto Montañés Valdivia, Enfoque de El Sol de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, el 14 de julio; Daniel Martínez Gil, Radiorama, Acapulco, Guerrero, el 27 de julio; Norberto Miranda Madrid, Radio Visión, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23 de septiembre; Fabián Ramírez López, La Magia 97.1, Mazatlán, Sinaloa, el 11 de octubre; y Vladimir Antuna, Tiempo de Durango, Durango, Durango, el 2 de septiembre.

Cuando parecía que ya nada más podría sorprender al gremio periodístico, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció la desaparición de la periodista María Esther Aguilar Camcinden, reportera de El Diario de Zamora, en Michoacán, el pasado 11 de noviembre. Sumando nueve casos de periodistas desaparecidos desde el año 2000.

El comunicado de RSF difunde que recientemente la reportera, especializada en la fuente policiaca, denunció el abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, la organización internacional pide “que esta pista se explore en prioridad”.

Esta solicitud de RSF no debe pasar desapercibida para las autoridades ya que de acuerdo a la Recomendación número 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, existe “una generalizada propensión a descartar de antemano que el móvil de las agresiones a comunicadores agraviados sea su labor periodística, (…).”

Situación que puede ser, fácilmente, comprobada en el informe 2008 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), donde el titular de la Fiscalía, Octavio Orellana Wiarco, señaló que “la mayor parte de los periodistas muertos en México en los últimos años han sido por diversos motivos muy similares a las causas que afectan al resto de los mexicanos y a veces no por su ejercicio periodístico.”

¿Acciones del gobierno?

El cambio de legisladores, a mediados de año, vaticinaba un retroceso en las acciones legales que buscaban garantizar la actividad periodística en el país. Así el tan llevado y traído tema de la federalización de delitos contra periodistas seguirá durmiendo el sueño de los justos debido a que la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación desapareció del escenario público, junto con su entonces presidente y diputado panista Gerardo Priego Tapia, de manera momentánea.

El asesinato de Vladimir Antuna hizo recapitular a los diputados y el 10 de noviembre, mediante un punto de acuerdo la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados eligió al diputado Juan Carlos López, del Partido Verde Ecologista, presidente de dicha comisión especial, que no se había creado originalmente pese al antecedente de existencia en las dos legislaturas anteriores.

Entre algunas organizaciones no gubernamentales encargadas de proteger la libertad de expresión y denunciar los casos de agravios contra comunicadores sociales, prevalecía un ánimo de zozobra, ya que si bien la Comisión Especial no solucionó del todo los graves problemas a los que se enfrentaban los periodistas del país, si demostraba un gran interés por parte de las autoridades en el tema y su desaparición lanzaba un mensaje nada alentador para los profesionales de los medios de comunicación.

Respecto a la labor de la FEADP una manifestación de periodistas logró lo que parecía casi imposible, entrevistarse con el fiscal Octavio Orellana Wiarco. Luego del asesinato de Norberto Miranda Madrid, periodista y director del medio digital Radiovision, en Nuevo Casas, Grandes Chihuahua, un grupo de periodistas, convocados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y la corresponsalía de RSF en México, se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la PGR en la capital del país.

Buscando entrevistarse con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, fueron recibidos por el fiscal Octavio Orellana. De momento la sorpresa fue inevitable aunque se comprobó, de nueva cuenta, ciertas ineficacias de las autoridades; sobre todo cuando a pregunta expresa de los profesionales de la comunicación respecto a la respuesta que la PGR ha dado a la recomendación general número 17 de la CNDH: “No es de mi competencia”, dijo.

El panorama

¿Qué clase de periodismo se puede ejercer en nuestro país si tenemos miedo para realizar nuestra labor informativa? Si las autoridades desconocen lo más elemental en el tema de las agresiones, ¿a quién debemos recurrir para que nuestra labor informativa sea garantizada? ¿Qué nuevas acciones deben llevarse a cabo para salvaguardar la integridad física de los periodistas?

En innumerables ocasiones se habló de que las autoridades federales fueran las encargadas de las investigaciones de los crímenes contra los comunicadores; sin embargo, también se dijo que esa no era la solución. Ahora ante el negro panorama, tal vez, sólo nos quede pensar en que el número de periodistas asesinados y desaparecidos aumente considerablemente.

Tenemos que preguntarles a nuestras autoridades cuántas vidas sacrificadas, cuántos medios de comunicación silenciados y cuántas demandas de justicia necesitan para ponerse a trabajar. Por lo pronto, sólo queda a Forum hacer caso de la recomendación de los asesinos de Vladimir Antuna: Cuidar lo que escribimos.

(Con información de Vanguardia)