Asesinan a subprocuradora de Asuntos Internos, en Ciudad Juárez

La subprocuradora de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua, Sandra Ivonne Salas García, y uno de sus escoltas, fueron asesinados anoche en Ciudad Juárez, donde la funcionaria se encontraba de paso, como parte de sus funciones laborales, para evaluar el trabajo de agentes del  Ministerio Público que conforman las Unidades Especializadas de Investigación en la zona norte.

El atentado contra Salas García se registró anoche aproximadamente a las 21:30 horas en la avenida Francisco Villarreal, casi cruce con Jilotepec, luego de que la camioneta en que viajaba, una Durango con matrículas del Estado de Chihuahua ECV1951, pasó por debajo del puente y fue alcanzada por los sicarios.

De acuerdo con los testigos, el estruendo de los balazos se escuchó durante unos cinco minutos. Aparentemente los oficiales encargados de proteger a Salas García no alcanzaran a repeler la agresión, a pesar de que tenían a la mano dos armas largas, al parecer fusiles R-15.

Los primeros datos indican que la subprocuradora y agente del MP trató de ponerse a salvo tirándose al piso de la camioneta, pero aun así fue blanco de varios balazos. En el lugar, los ministeriales localizaron más de 22 casquillos de bala de grueso calibre.

El cadáver de uno de los escoltas de Salas quedó frente al volante del automotor y el cuerpo de la funcionaria en la parte posterior de la unidad. Otro elemento estatal habría resultado lesionado y trasladado a recibir atención médica.

Datos extraoficiales indican que Sandra Ivonne Salas García despachaba en Chihuahua capital, pero desde hacía varios meses se encontraba en esta ciudad a cargo de varias investigaciones, una de ella la del ex agente del Ministerio Público, Máximo Miranda Figueroa, detenido en Costa Rica y acusado de los delitos de peculado, abandono del servicio público y retardo de la justicia.

A Salas también se le relaciona con las investigaciones del homicidio del coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, Carlos “El Peque” Soltero Cano, de 33 años, quien fue asesinado el pasado 4 de febrero y de quien se dijo fue “puesto” por sus propios compañeros.

Además de este crimen, ya han ocurrido otros asesinatos del personal de Asuntos Internos. El 26 de marzo fue ejecutado en esta ciudad Mario Rodríguez Ferreiro, de 46 años, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Control Interno en la Zona Norte.

Salas García era licenciada en Derecho y contaba con dos maestrías, una en Criminalística Ministerial y otra en Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito.

Había cursado dos diplomados, uno en Computación y otro en Desarrollo Sustentable para el Trabajo Social Comunitario. Asistió a diversos cursos y conferencias a nivel nacional e internacional y contaba  con una amplia experiencia en cargos del ámbito de la impartición de justicia.

En el 2006 fue denunciada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por Jorge Alberto González Licona, quien manifestó que se desempeña como agente del Ministerio Público y, a pesar de contar con una discapacidad que lo obliga a usar una silla de ruedas, fue sometido a subir diariamente 42 escalones a su puesto de trabajo por la subprocuradora.

El 14 de diciembre de 2007, el visitador Julio César Velázquez Salas, emitió la recomendación 69/07, para que hubiera consideraciones para González Licona.

La Investigación sobre Máximo Miranda

Mientras tanto las gestiones para repatriar a México al ex agente del Ministerio Público Eduardo Máximo Miranda, detenido en Costa Rica, continúan por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) donde ya se le inició una nueva averiguación previa, porque se corroboró que éste se apoderó de la transcripción de declaraciones y hasta de un teléfono celular de un acusado de extorsión, lo que provocó que el caso se sobreseyera.

El subprocurador en la zona norte, Alejandro Pariente Núñez, declaró ayer que la acusación se realizará a través de la Subprocuraduría de Control Interno, cuyo personal integrará la carpeta de investigación contra el ex servidor público, quien era responsable de la integración del caso de chantaje donde la víctima es una locataria de la Central de Abastos.

Debido a la actitud de Miranda, dijo el funcionario, el proceso se vio afectado significativamente por actos que se investigan y que en lo específico se refieren al robo de evidencia y de actuaciones contenidas en la carpeta de investigación.

Por la renuncia de la representación social a seguir con el caso, y a casi un año de que fueron acusados de extorsionadores de “La Línea”, Sóstenes Gerardo Martínez Carbajal y Federico Rocha Obregón quedaron libres.

El juicio oral donde el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa penal 724/2009 al carecer de elementos de prueba contra de los sospechosos, se celebró el martes en la Sala Tercera de Apelación.

Ante esos hechos, Pariente Núñez indicó que Miranda sustrajo el teléfono celular que había sido asegurado a uno de los acusados, así como una declaración de uno de los acusados, la cual fue sacada de la carpeta de investigación.

“Estas evidencias daban la posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria con éxito y su sustracción afectó el curso del proceso, aunque no son todas las evidencias que existen la víctima tomó la decisión, desconociendo esta circunstancia, de pedir el sobreseimiento de la causa penal”, explicó.

Mencionó que el resultado de esta nueva investigación en contra de Miranda podría significarle una pena de hasta cinco años de prisión, lo que está previsto en el articulo 286 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que indica que se impondrá esa penalidad al servidor público que ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida.

Por lo tanto, la Procuraduría aplicará este artículo con todo rigor y se solicitará la sanción mayor que se establece, aseguró.

El funcionario dijo que ésta no es la única investigación en contra del ex servidor público, además de que también podría estar involucrada en el acto la ex coordinadora de delitos patrimoniales, Guadalupe Martínez, con quien Miranda huyó del país después de robar una suma mayor a 500 mil pesos de diversas fianzas en efectivo que nunca depositó en la oficina de Recaudación de Rentas como lo marca el procedimiento.

Esta investigación, se podría ver afectada ante el asesinato de la subprocuradora Sandra Ivonne Salas García, ya que una de las investigaciones que realizaba en estos últimos días, era precisamente la concerniente a este caso.

(Con información de El Diario de Juárez y de Chihuahua)