Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, ciudades con mayor criminalidad, en el mundo

El Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil (CIDAC)  sitúa a los estados de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, entre las entidades con mayores tasas de criminalidad en todo el mundo, apenas por debajo de países como El Salvador, Sudáfrica, Venezuela, Colombia  y Belice.

El CIDAC, realizó un estudio denominado Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, en el cual realizar un análisis comparativo de las tasas de homicidios intencionales de los estados del país con los
referentes internacionales, en el que se puede apreciar que muchas regiones del país se encuentran en rangos de violencia equiparables con los países con mayor número de homicidios intencionales.

Por ejemplo, si Chihuahua fuera país, sería el cuarto con mayor número de homicidios de la lista de 115 países reunida por CIDAC; Sinaloa ocuparía la séptima posición y Guerrero la octava.

Actualmente Chihuahua encabeza el listado de las entidades más inseguras del país. Casi una de cada tres ejecuciones registradas en México se cometieron en esa entidad federativa; su número total de homicidios lo sitúa como uno de las regiones más violentas del mundo. También es de las entidades con mayor número de robo de vehículos.

Baja California y Sinaloa se mantienen altos por su gran cantidad de homicidios, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Sinaloa es la segunda entidad federativa con más homicidios
intencionales. Baja California es la entidad donde mayor proporción del parque vehicular es robado
(1.8%).

En México, son 10 las entidades que se elevan inquietantemente de la media nacional

En un solo año las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos estados se alteraron
dramáticamente.

Chihuahua pasó de 18.5 homicidios por cada 100 mil habitantes a 47.1 en tan sólo doce meses. Sinaloa
mantuvo una tendencia alarmante pasando de 28 a 29.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En estos dos estados se cometió uno de cada cinco homicidios registrados en todo el país durante el año pasado.

Hasta 2004, cuando las ejecuciones transformaron el mapa de la violencia en México, las mayores tasas de
homicidios se registraban en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Uno de cada cuatro homicidios
ocurría en una de esas tres entidades y tenían que ver con un fuerte componente de violencia rural.

A partir de 2000 en esas tres entidades ha bajado consistentemente la incidencia de homicidios, y si bien
aún se mantienen en niveles lejanos a lo deseable, su reducción es muy significativa. Por ejemplo Oaxaca
presentó en 2000, 54 homicidios por cada 100 mil habitantes y era la entidad federativa con más homicidios; en tanto que en 2008 ese indicador es de 17.8, 67% menos que ocho años atrás, aunque todavía
permanece en quinto lugar entre los estados más violentos del país.

Caso similar es Guerrero, que pasó en el mismo periodo de 45.4 a 22.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Chiapas tiene el mayor descenso (75.3%) en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante el periodo analizado, pasando de 31.6 a 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Mención especial requiere Aguascalientes, el otrora estado con menor tasa de homicidios del país, donde
ésta casi se cuadruplicó, pasando de 1.5 por cada 100 mil habitantes a 5.4 en tan sólo tres años.

Inexistente una visión integral de prevención

De acuerdo con ese estudio, la incidencia que presenta México en materia de homicidio intencional, es muy inferior a las registrada en países como El Salvador o Sudáfrica, sin embargo, mantiene a México entre los países con más altos niveles de violencia.

En un listado de 115 países para los que el CIDAC ha reunido información sobre el indicador de homicidios por cada 100 mil habitantes, México aparece en el lugar 16. Incluso países que recientemente  experimentaron conflictos armados muestran tasas de homicidios inferiores a la de México . Las regiones del mundo con mayor incidencia de homicidios intencionales es el Sur de África, seguido de
Latinoamérica.

El CIDAC sostiene que en los últimos quince años, las autoridades gubernamentales no han logrado atacar los más graves problemas que plantea la seguridad ciudadana y la justicia penal, lo que ha derivado en la inexistencia de una visión integral que dé énfasis a la prevención, resultado de la falta de profesionalización de las policías y de los agentes encargados de procurar e impartir justicia; un proceso penal sin transparencia con discrecionalidad y corrupción, así como una elevadísima impunidad que llega al 98.3% (la probabilidad de que una persona cometa un delito en México y sea puesto a disposición de un juez es de 1.7%).

Critica la operación de los militares en materia de seguridad.

Debido a los esfuerzos inconsistentes e intermitentes de las políticas de seguridad, dice el análisis,  no se ha logrado fortalecer a las instituciones, y el crimen ha avanzado.

Actualmente se experimenta una espiral de violencia e impunidad en la operación del crimen organizado y el gobierno ha recurrido a la militarización de las políticas de seguridad. El ejército ha sustituido a las policías hasta en sus tareas más elementales como el patrullaje y cada vez son más frecuentes la detección de vínculos entre el crimen y las autoridades policíacas encargadas de combatirlo.

Las fuerzas armadas, inmersas en una lógica del enemigo y con una estricta orientación jerárquica, no cuentan con la preparación para brindar un servicio público como el de seguridad; lo que debería ser el último recurso de la sociedad, se ha convertido, en muchos frentes, en el primer rostro del Estado para víctimas y usuarios de los sistemas de justicia.

A pesar de golpes muy significativos contra el crimen organizado, el número de ejecuciones se multiplica y la
percepción de vulnerabilidad se agudiza entre la población.

En tan solo ocho años se duplicó el número de personas en prisión  sin que los mexicanos se sientan el doble de seguros. Entonces ¿A quiénes se está encarcelando?, se pregunta el CIDAC.

Hoy 225 mil personas están privadas de su libertad. Su manutención cuesta al erario 29 millones de pesos
diarios; la tasa de homicidios es 4 veces superior que la que enfrentan las personas en libertad y las condiciones de reclusión se deterioran rápidamente.

Las propias autoridades reconocen que sólo 7% de los reclusos son de alta peligrosidad, en tanto que 43% son procesados (se presumen inocentes, pero de momento están en la cárcel, hasta que la sentencia decida sobre su inocencia o responsabilidad); la mitad de los condenados fueron sentenciados por delitos menores; sin embargo, han sido estigmatizados con la prisión, difícilmente volverán a encontrar un trabajo lícito y entraron en contacto con auténticos criminales.