Condena EU la impunidad y corrupción en el gobierno mexicano

(El Universal).- Estados Unidos condenó hoy la "impunidad y corrupción en todos los niveles del Gobierno" de México y aseguró que la guerra del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga ha tenido un alto costo para la sociedad mexicana, particularmente en el terreno de los Derechos Humanos, aunque reconoció que también se han tomado medidas para castigar a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad corruptos.

Esa es la conclusión que arroja el último informe anual del Departamento de Estado en este ámbito, en la cual se dibuja un panorama donde la batalla contra el crimen organizado se ha traducido en una larga lista de víctimas civiles que hoy encajan dentro la categoría de daños colaterales.

El documento señala la preocupación del gobierno estadunidense por el nivel de corrupción e impunidad que se observa “en todos los niveles de gobierno”, la “falta de transparencia e ineficiencia en el aparato judicial” y la intimidación de periodistas que ha desembocado en una práctica de autocensura.

“A pesar que el gobierno respeta y promueve los derechos humanos” -sostiene el informe sobre México- en medio de la lucha que se libra contra los carteles de la droga “se han registrado casos donde algunos elementos de las fuerzas del orden (policías y militares) han actuado al margen de la línea del deber” asesinando a varios civiles.

El reporte detalla ejemplos de casos donde las fuerzas del orden actuaron de forma negligente en operaciones registradas en estados como Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa y se hace eco de los informes presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para subrayar el aumento en el número de secuestros, abusos físicos, tortura y asesinatos.

El reporte presentado hoy forma parte de un amplio informe sobre la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo. Particular atención han recibido en el hemisferio países como Venezuela, Cuba y Nicaragua donde se subrayan problemas en el ámbito de la libertad de expresión y, en el caso específico de Venezuela, un “deterioro” de los derechos democráticos.

En el caso de Cuba establece que el año pasado se intensificó el acoso a disidentes del régimen y se practicaron detenciones durante periodos cortos sin haber presentado cargos para "intimidar" a activistas e impedir que se organicen.