La Secretaría de Seguridad Pública federal, a través de su director de Comunicación Social, Eduardo Cano Camacho, confirmó que la revisión que se realizó el pasado viernes 29 de agosto, en el domicilio de la viuda del periodista Jesús Blancornelas, fue realizada por elementos de la Policía Federal Preventiva, sin precisar si para tal efecto mostraron orden de cateo alguna, como lo establece la ley en la materia.
El vocero de la SSP negó que durante la acción se haya violentado la seguridad de los residentes, pues aseguró que la señora Genoveva Villalón, viuda del fundador del semanario Zeta, permitió el ingreso de los agentes que lo solicitaron.
En su declaración, el titular de Comunicación Social de la SSP olvidó lo establecido en la reciente Reforma Judicial, en la cual los diputados eliminaron del texto aprobado la parte correspondiente a un posible permiso para realizar cateos sin la orden judicial, como una medida de seguridad para la ciudadanía y que en el caso de la familia Blanco es evidente no se cumplió.
Por la mañana, a través de un comunicado de prensa, directivos del Semanario Zeta aseguraron que ninguna autoridad se responsabilizó de los hechos, y señalaron al presidente Felipe Calderón; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y a los procuradores de la República y el estado, de lo que pudiera ocurrir después de la acción.
Calificaron el hecho como una violación a la seguridad y privacidad de la familia Blanco Villalón.
El viernes, una llamada anónima alertó sobre la presencia de hombres armados en la colonia Angélica donde residen los familiares de Blancornelas, por lo que agentes de la Federal Preventiva que realizaban un patrullaje acudieron y constataron la información, pues en las cercanías se mudaba un militar recién llegado a la ciudad.
Eduardo Cano Camacho refirió que mientras verificaban la identidad de los militares, la señora Villalón arribó a su residencia acompañada por su escolta, por lo que también se les pidió identificarse, además de que \”solicitaron permiso\” para ingresar al domicilio, el cual fue autorizado por la propietaria.
Agentes ingresaron e hicieron una revisión del domicilio, lo cual fue videograbado como parte de los protocolos que sigue la Secretaría de Seguridad Pública en cada acción que realiza para evitar cualquier acusación de abuso, sobre todo en los estados donde hay operativos de seguridad, como en Baja California, explicó el funcionario.
Aseguró que de no haber tenido la autorización, no habría habido ingreso de los agentes, quienes se identificaron debidamente y además tripulaban unidades oficiales de la Policía Federal, explicó Eduardo Cano.
Aclaró que su función como director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad es explicar cómo ocurrieron los hechos, sin intención de polemizar con la postura que emitieron los periodistas del semanario Zeta de Tijuana.
Bien valdría la pena que el funcionario de la SSP le echara un ojo a los comentarios vertidos por Jorge Carrasco Araizaga, un especialista en la materia, sobre la figura del Permiso de cateo, que insisto fue eliminada en la Reforma Judicial de este año y que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo está permitido en casos de flagrancia:
…esa tesis le pide a la autoridad que debe contar “con datos ciertos o válidos” que motiven la intromisión, los cuales deberán aportarse en caso de que haya consignación para darle elementos de convicción al juez.
Esa tesis, que fue propuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández, fue rechazada por los ministros José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ese tipo de allanamientos han sido reiterados en México, pero son cada vez más frecuentes desde que Calderón emprendió los operativos contra el narcotráfico. Y los practican no sólo las policías, sino los militares.
(Con información de El Universal)
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