Alberto Burgos
En una sociedad que parecía ya insensibilizada ante las cotidianas acciones criminales, el asesinato de un adolescente secuestrado ha prendido todas las alarmas que nunca debieron apagarse.
Diversos factores hicieron del caso un crimen emblemático, entre los más notables: por un lado, que el hecho afectara a una familia adinerada, y que todos los recursos y los contactos personales al más alto nivel resultaran absolutamente inútiles para hacer regresar al secuestrado con vida; por otro, el descubrimiento de que la banda delictiva está integrada por policías judiciales capitalinos y federales.
Ahora, las reacciones oficiales se dirigen a endurecer las penas contra el delito, y hay incluso quienes sugieren la pena de muerte para los secuestradores.
No estaría mal. El delito señalado es un agravio tan grave, que afecta de tal manera a la víctima y sus familiares, en el lapso en que transcurre y por el resto de la vida, que ningún castigo parece suficiente para los delincuentes que a ello se dedican.
También se sabe que las penas extremas no disminuyen la ocurrencia de los delitos que pretenden combatir, pues éstos son síntomas de una sociedad enferma, y quienes los cometen están dispuestos a todo.
Es un principio que una diferencia fundamental entre delincuentes y víctimas, es que aquéllos de antemano han decidido arriesgar su vida a cambio del beneficio que esperan, y desde luego la vida de la víctima no les merece el menor respeto.
Pero más allá de las penas extremas, algo debe cambiar en nuestra sociedad para lograr disminuir el florecimiento de las bandas criminales, cuya actividad va en crecimiento.
Por supuesto, resulta cuesta arriba pedirle a la gente confianza en la policía, justo cuando se confirma que comandantes y efectivos están involucrados en las bandas de secuestradores.
Sin embargo, ése es el único camino posible: que la ciudadanía vuelva una exigencia fundamental su seguridad, y que le ponga un ultimátum al gobierno para sanear y tornar confiable a la policía.
Con organismos de seguridad confiables y eficientes, el secuestro se torna impracticable, pues se trata de un delito en que el transgresor de la ley tiene que reaparecer de alguna forma para intentar cobrar su recompensa, y en esa intentona se vuelve altamente vulnerable.
La clave está en recuperar a la policía como un arma de protección ciudadana. ¿Quién lo hará, y cuándo?