REDES DE PODER
Alejandro Ramos Esquivel
Indolencia, corrupción e impunidad, fueron las causas que identificó el presidente Felipe Calderón como fallas en la lucha contra el crimen organizado, pero le faltó mencionar dos más igual o tal vez más importantes: falta de estrategia y carencia de liderazgo operativo.
Los que sí parecen entender esta situación son los dirigentes de las bandas criminales, que aún en pugna, son capaces de instrumentar respuestas de abierto desafío a la autoridad, como son las llamadas narcomantas y los decapitados que ya aparecen por todo el país.
De este modo, el crimen organizado se asume a sí mismo como un poder fáctico que reta al Estado, mostrando, al actuar con completa impunidad, el control que tiene sobre algunos territorios que disputa al gobierno establecido.
La semana pasada hubo una clara muestra de ello, con la aparición de mensajes de grupos del narco escritos en 27 grandes mantas que fueron colocadas plazas, calles, jardines y otros lugares públicos de ciudades de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, sin que hasta el momento nadie haya dicho ni quién las colocó ni cómo lo hizo; es decir, los encargados de difundir estos \”mensajes\” lo hicieron con total impunidad.
Esto, no obstante que dichas narcomantas tenían como denominador común las acusaciones contra militares, policías y hasta al propio gobierno del presidente Felipe Calderón de ser protectores del cartel del Chapo Guzmán.
Casi de forma paralela, en Yucatán aparecieron 12 cuerpos decapitados, con el indeleble sello de crueldad y de siembra de terror, de grupos de narcotraficantes que, como está visto, operan en toda la República.
Ambas acciones, la de las narcomantas y los decapitados fueron atribuidas informalmente a los ya legendarios Zetas, grupo paramilitar que trabaja para el llamado cartel del Golfo, de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, éstas no dejan de ser hipótesis que se manejan, con frecuencia de manera contradictoria, entre los propios responsables de las fuerzas de seguridad, dado que cada uno sigue sus propios métodos de investigación y busca colocarse a la cabeza de \”golpes espectaculares\” para quedar bien con el jefe, esto es, con el presidente Calderón.
Aunque con frecuencia se presume de capturas de capos y lugartenientes de los jefes de los principales carteles del país, la realidad es que sus operadores parecen trabajar sin mayores problemas y con la complicidad de algunas de las autoridades formalmente encargadas de combatirlos.
Prueba de ello es que ya se cumplió más de un sexenio de que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, máximo dirigente del cartel de Juárez, se fugó, con la ayuda de los custodios, del penal de \”alta seguridad\” de Puente Grande, Jalisco, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado ni mucho menos impedido en sus actividades delictivas.
Esto sólo se explica por dos razones básicas: la presunta protección de autoridades de los más diversos niveles, y la ausencia de una estrategia definida y coordinada para su recaptura, así como para frenar su acción criminal.
Así parecen entenderlo los Zetas y el cartel del Golfo, que conforme a lo expresado en las narcomantas, no tienen duda de que el gobierno, o parte de él, protegen al Chapo Guzmán, su acérrimo enemigo en la lucha por el control de las rutas de la droga en México.
De este modo se explica que a casi dos años de iniciada la cruzada contra el crimen organizado, emprendida por el gobierno del presidente Calderón, el número de ejecuciones entre las bandas del narcotráfico alcance récords históricos y que un buen número de víctimas sean militares, policías y agentes federales.
También queda claro que la estrategia, si hubo alguna, no ha funcionado, puesto que la violencia en vez de disminuir va en aumento, y al tráfico de drogas se le han agregado otros delitos, como el narcomenudeo, el contrabando y los secuestros a toda escala.
Así lo ha percibido la sociedad entera, como lo corrobora la marcha Iluminemos México, que encontró eco en varias entidades del país y tuvo como justo reclamo terminar con la inseguridad y la violencia.
El gobierno del presidente Calderón es receptivo y sensible ante estos reclamos, que de hecho hace suyos, por lo que renueva su compromiso de luchar, con \”toda la fuerza del Estado\”, en contra de los grupos criminales y vencer el desafío que éstos representan.
La respuesta que el gobierno de Calderón ha encontrado es convocar a una gran cruzada nacional por la seguridad, en la que participen todas las fuerzas de seguridad, federales, estatales y municipales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo y los gobiernos de las entidades de la República, incluido el Distrito Federal.
Por lo pronto se han establecido 74 metas a cumplir en plazos determinados, para lo que habrá una serie de reuniones entre todos los participantes, ante la mirada vigilante de organismos ciudadanos que actuarán bajo la premisa: si no pueden, renuncien.
Es decir, de nueva cuenta se renueva la voluntad de enfrentar la criminalidad, pero también se deja en la indefinición la estrategia a seguir y los mandos responsables de su operación.
Y es que está visto que nadie quiere ceder sus espacios de poder, ni subordinarse ante \”aliados\” de los que sospechan o no les conceden ninguna autoridad ni experiencia en asuntos tan delicados como los que conllevan la seguridad de la sociedad y la supervivencia del Estado.
Por tal razón, aparte del discurso y los renovados compromisos de cumplir con los reclamos sociales, el presidente Calderón tiene que definir con claridad, quien está al mando de tan importante operación, que de otra manera seguirá consumiéndose en una hoguera de vanidades.
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