Agenda del debate
José Carreño Carlón
15 de mayo de 2008
Su llamado ante el terror, ¿opción a la fórmula Bush de restringir libertades?
El plan de comunicación del narco, con censura, más eficaz que el del gobierno
En el campo de la comunicación pública hay muchas formas de compartir las estrategias de otros. Hay muchas vías por las cuales los medios se pueden poner al servicio de intereses, incluyendo los del crimen organizado. Se puede hacer de manera involuntaria o sin darse cuenta de a quién se sirve con determinada información o posición editorial. Pero se puede hacer también deliberadamente. O incluso puede ocurrir de manera forzada, por intimidación o amenaza de las mafias.
En cambio, no se puede limitar a una sola, la vía para abstenerse de compartir la estrategia comunicativa de la delincuencia, como pareció suponerlo el presidente Calderón en sus controvertidas palabras. Incluso divulgar (como pide el Presidente) lo que las autoridades hacen contra el crimen no necesariamente deja a salvo a los medios de “compartir la estrategia de criminales”.
Publicar esa información es una responsabilidad profesional, pero al hacerlo de la manera espectacular promovida por la autoridad se puede estar sirviendo a las mafias. Por ejemplo, un reportero convocado a presenciar acciones de la fuerza pública, una vez incrustado en sus operativos, suele dar a conocer en tiempo real, exhaustivamente, hasta los detalles más precisos para llegar a una guarida de criminales. Sólo que con ello podría alertarlos, permitirles repeler a la acción y causar bajas en los efectivos gubernamentales. O se puede poner a estos efectivos a merced de represalias posteriores cuando, para lucir los operativos, se identifican a los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Éstos no son hechos hipotéticos. Algo cercano a esto fue denunciado por un ex coordinador regional en Nuevo León de la Policía Federal Preventiva, en una carta al Presidente publicada hace dos meses, alertando, entre otras cosas, sobre el efecto de generar “la consecuente desmoralización del personal” sobreviviente de esos glamurosos frentes de batalla.
Esto nos conduce al análisis de las estrategias de comunicación, tanto de criminales como de instituciones de seguridad. Y los ejemplos anteriores no sólo convertirían “la estrategia de los criminales en una estrategia compartida por los propios medios”, sino también por las propias autoridades del ramo.
Cuál estrategia, señor Presidente
Y es que la solución no radica sólo en exigirles a los medios “que manifiesten y divulguen las acciones que están deteniendo la estructura de los criminales”, sino en plantearse el problema de comunicación que toda guerra trae consigo, en toda su complejidad.
No debe quedar duda —y en esto sí acierta el Presidente— de que hay una estrategia comunicativa por parte de las bandas criminales. Y tampoco de que es una estrategia bastante eficaz a juzgar por los efectos de comunicación cumplidos.
Algo hay que revisar ante las dificultades para hacer llegar a la agenda pública el mensaje informado de la PGR de que el incremento de la violencia criminal es signo de desesperación de los cárteles golpeados por la fuerza pública, al lado de la facilidad con que se instala en los medios y en la conversación la percepción de que son los delincuentes los que van ganando la guerra, que el gobierno pierde el control de la situación y que el terror invade regiones enteras del país.
Ciertamente, el riesgo aquí es que del orden de las percepciones, los efectos pasen al orden de las actitudes y al de las conductas, tanto de los efectivos de las fuerzas de seguridad —con “la desmoralización del personal” de que hablaba el ex jefe policiaco regional— como de la población.
Y en esto también acierta el Presidente al alertar contra el abandono de las responsabilidades del Estado, contra la cobardía que puede provocar la percepción de que los criminales son imbatibles y la complicidad a que induce la sensación de ventaja que generaría el aceptar el dominio de una delincuencia poderosa e impune.
Por otra parte, el llamado presidencial a “que los medios se unan a esta estrategia nacional contra la delincuencia, porque son sus propios compañeros los que están acallados” por esa fuerza, conecta con el diagnóstico periodístico de que hay zonas en que informadores y medios ya han caído en la estrategia de los criminales, forzados por la intimidación y la amenaza.
Pero un primer problema para atender el llamado del Ejecutivo es que no se ha hecho explícita esa estrategia nacional de que habla y a la que, dice, habría que unirse. Otro problema es que la estrategia del otro lado cuenta a la vez con los recursos más brutales de control y silenciamiento de informadores y medios —secuestro, tortura y desaparición de periodistas— que con los mecanismos más refinados para poner a su servicio a operadores mediáticos lo mismo de manera inadvertida que deliberada.
Cada quien su terrorismo
En estas condiciones, mucho más que el poder político —el federal y los locales— el poder que en el México de hoy ejerce la censura informativa y de opinión de manera creciente es el narco.
Ello, para no hablar de las estrategias de relaciones públicas, de publicidad con pronunciamientos de sectores sociales en desplegados en los medios contra la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas bajo el control de las mafias, ni de sus despliegues “filantrópicos” con regalos para los niños de esos territorios y con obras públicas y pías de cooptación de pueblos y parroquias.
Desde esta perspectiva es que habría que analizar el llamado del Presidente a los medios a unirse a la estrategia contra el crimen. Ante la gravedad de hechos como los desencadenados en México por bandas criminales, comparables cada vez más a hechos terroristas, los gobiernos —incluso los gobiernos democráticos— suelen optar por la restricción de derechos y libertades fundamentales, como las libertades informativas, a la manera del Acta Patriótica del presidente George W. Bush, obtenida al calor de la guerra al terrorismo desplegada tras el ataque a las torres gemelas.
La diferencia aquí es que, en lugar de iniciativas gubernamentales de limitación de libertades, el presidente Calderón convoca a los medios y les plantea la exigencia social de que se comprometan en la guerra contra nuestras propias expresiones de terror.
La respuesta está del lado de los medios, que por esta vía podrían avanzar hacia un sistema de normas de autorregulación y co-regulación exigibles por las partes y, especialmente, por los lectores y las audiencias.
Y claro, como ocurre en las crisis, los medios mexicanos están entre dos riesgos rutinarios: hacerse los ofendidos o abrazar a ciegas el llamado presidencial, con la consecuente pérdida de una nueva oportunidad de revisar su trabajo frente a la sociedad.
jose.carreno@uia.mx
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