Por Óscar Hernández H.
Una vez más el Presidente Felipe Calderón Hinojosa insiste en deslindar a su gobierno de los ataques a la prensa y, quizá, quiso aprovechar el momento de crisis en materia de seguridad que se vive en el país para desviar la atención y culpar al crimen organizado de las muertes de los representantes de los medios, que no han sido menos durante su administración, y de algunos otros sectores de la sociedad.
Luego de escuchar el informe de labores 2007 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien advirtió que en 2008 se dibuja un horizonte adverso para las garantías de las personas, el jefe de la Nación dijo que:
la mayor amenaza a las garantías individuales proviene del crimen organizado, que ha segado la vida de ciudadanos, periodistas, jueces, policías, soldados y marinos que cumplían con su deber.
Sin referirse a los operativos policaco-militares, Calderón repitió lo que dijo desde el día de su toma de posesión en la materia, que su gobierno tiene el compromiso de “velar por la seguridad de los ciudadanos sin titubeos y sin regateos”.
Insistió en que la seguridad pública es una obligación esencial del Estado y reiteró que “la impunidad” es también “una agresión a los garantías individuales”.
Por ello, señaló que en esta lucha es indispensable la participación del gobierno federal, mandatarios estatales y alcaldes.
El mandatario mexicano insistió en que “la mayor censura, las amenazas y crímenes contra periodistas y ciudadanos, en general, provienen de esas organizaciones, y de ahí la urgencia de combatirlos.
“Quienes censuran con violencia la labor de periodistas y comunicadores son fundamentalmente las organizaciones criminales que buscan vivir al cobijo de la opacidad, de la ilegalidad y de la impunidad”, mencionó.
Por su parte, Soberanes se refirió a la “gran incongruencia ética y política” del gobierno federal “de reclamar respeto en la frontera norte cuando nuestra frontera sur está en las condiciones actuales”.
Dijo que los abusos de policías mexicanos contra ciudadanos de Centroamérica son “tan graves” como los perpetrados por la Patrulla Fronteriza estadunidenses.
Calderón respondió que dicha situación “reclama mayor atención” de su gobierno. “Debemos respetar y esforzarnos por hacer respetar los derechos de los migrantes”.
Recordó que en marzo próximo se pondrá en marcha el proyecto de credencialización migratoria para verificar entrada o salida de visitantes y evitar abusos.
El jefe del Ejecutivo aprovechó la ocasión para defender su iniciativa de reforma penal, que será debatida por diputados la próxima semana y ha sido cuestionada por el ombudsman nacional.
El mandatario insistió en que su aprobación impulsará “avances sustanciales en la impartición de justicia equitativa y justa y, en consecuencia, en la protección de los derechos humanos de todos, incluidos víctimas y ciudadanos procesados”.
José Luis Sobernanes, en su informe abordó temas en particular, como el caso Oaxaca o el papel del Ejército.
Dijo que se recibieron 5 mil 244 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
La lista de quejas la encabeza el IMSS con mil 15, le sigue la PGR con 671, después la SEDENA con 367, el Instituto Nacional de Migración con 335, y la SEP con 311.
El ISSSTE tuvo 270 quejas y el Infonavit 221 quejas mientras que el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de la Seguridad Publica tuvo 220 quejas.
Denunció que se negaron a aceptar recomendaciones los gobernadores de Guerrero, Baja California, Colima y varios alcaldes de Oaxaca.
También acusó que persiste la tortura, la trata de personas y que el crimen organizado atenta contra la libertad de expresión por las agresiones contra periodistas que suman ya 84 expedientes.