Fracasa operativo en Ciudad Juarez; retiran ejercito de las calles

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En lo que podría calificarse como un fracaso en materia de seguridad, los elementos del Ejército mexicano que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua serán retirados de las calles de Ciudad Juárez, para ocuparlos en actividades de inteligencia militar y policiaca, en un intento más por abatir la ola de violencia que provoca la delincuencia organizada en esa entidad y que ya ha cobrado miles de víctimas, entre ellas la que detonó una reacción social nacional, la del líder mormón, Benjamín F. Le Barón y Luis Carlos Widmar.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, desde mañana lunes cambiará la estrategia de seguridad en esa frontera, para que los grupos de soldados que recorren las calles dejen de hacerlo y dedicarse a lo que se supone que sí saben hacer, que labores de inteligencia y estrategia militar y policial.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos, quien dijo –según lo publicado por El Universal- que la decisión se tomó luego de una entrevista con el titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien estará a visitar Ciudad Juárez la semana que inicia.

Por otra parte, sicarios del grupo conocido como La Línea, se deslindaron ayer de las acusaciones que les hizo la procuradora de Chihuahua el jueves pasado sobre su presunta responsabilidad en el asesinato de Benjamín F. Le Barón y Luis Carlos Widmar y conminaron a  Patricia González Rodríguez, a través de sendos narcomensajes a evitarse problemas, al culpar a La Línea de esos asesinatos, investigue bien antes de publicar, “ya que los actos que otros cometen como el del señor Le Barón y un familiar, usted bien sabe que los culpables son El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada, El Flaco Salgueiro y Antonio Marrufo”.

Los soldados sólo se pasean

Sobre el cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado en esta ciudad fronteriza, Valencia de los Santos dijo que las acciones violentas con su larga cauda de víctimas durante junio pasado y lo que va de este mes, lo obligaron a viajar a la ciudad de México para entrevistarse con el secretario de Seguridad Pública federal.

“Hasta ahora —señaló— los miles de soldados y policías municipales no han hecho otra cosa que desfilar a diario por toda la ciudad y ese sistema de vigilancia no ha dado resultado, aparte de que resulta demasiado caro solamente en lo concerniente al consumo de gasolina y de diesel, independientemente de los gastos para el sostenimiento de las tropas que provienen desde otros lugares del país”.

Comentó que a reserva de que el propio García Luna esté aquí la próxima semana, girará instrucciones a los puestos de mando del Operativo Conjunto Chihuahua para que desde el lunes se termine con ese sistema de vigilancia en las calles y reiteró que en el futuro se trabajará específicamente en acciones de investigación e inteligencia, mayormente a cargo de la Policía Militar, que se encuentra ya en Ciudad Juárez.

Casi 3 mil elementos, la violencia aumenta

Desde la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, en abril de 2008, participan con patrullajes permanentes 2 mil 26 soldados, 180 vehículos tácticos y tres aeronaves del Ejército; además, 425 agentes de la Policía Federal, 63 agentes del Ministerio Público Federal de la PGR y ocho de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Las narcomantas de La Linea 

Al mismo tiempo, integrantes del grupo de presuntos sicarios conocido como La Línea, se deslindaron ayer de las acusaciones que les hizo directamente la procuradora de Justicia de Chihuahua el jueves pasado sobre su presunta responsabilidad en el asesinato de Benjamín F. Le Barón y Luis Carlos Widmar.

A dos días de que la procuradora general de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, asegurara que los responsables del crimen cometido en la comunidad de Le Barón, en el municipio de Galeana, en contra de Benjamín y Luis Carlos, miembros del grupo llamado La Línea, el brazo operativo del cártel de Juárez, colocaron cuatro narcomantas en diversos puntos de esta ciudad fronteriza, para negar su participación en ese doble homicidio.

En una de las mantas escribieron el narcomensaje: “Señora procuradora, evítese problemas, no culpe a La Línea, investigue bien antes de publicar, ya que los actos que otros cometen como el del señor Le Barón y un familiar, usted bien sabe que los culpables son El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada, El Flaco Salgueiro y Antonio Marrufo”.

Si le gusta hacer las cosas por medio de intimidaciones, no lo va a lograr también con nosotros; no es nuestra forma de trabajar ni andarla molestando, ya que los antes mencionados la amenazan y les hace caso en todo, tal como con los 25 paramilitares que detuvieron en Nicolás Bravo, usted en unos días va a saber de delincuencia organizada, o bien, ya que todo se sabe, si se va a cambio, lo que es el itinerario de El Chapo Guzmán”, expresa otra de las narcomantas.

Una de estas narcomantas fue localizada a un costado de la presidencia municipal, al norte de la ciudad, pegada en una malla ciclónica que protege al río Bravo; otra más en la plaza de toros Alberto Balderas; una en el puente que se localiza en las avenidas Tecnológico y De La Raza, y la cuarta y última en el puente Carlos Villarreal, cerca del parque El Chamizal.

Las narcomantas que fueron retiradas por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y estaban firmadas presuntamente por integrantes de La Línea, quienes utilizaron tinta de aerosol colores rojo y negro, además de tener dibujado un rifle de asalto AK-47 cuerno de chivo, en la parte baja del costado izquierdo.

Sicarios, arrepiéntanse

A su vez, grupos religiosos no católicos iniciaron en esta ciudad fronteriza una campaña colocando mantas y entregando volantes en diversos puntos de la ciudad, a través de los cuales invitan a los sicarios del crimen organizado a que se arrepientan de sus acciones y se acerquen a Dios.

Los religiosos del grupo Ministerios Carcelario de México AC, colocaron mantas en diferentes partes de la ciudad y distribuyeron volantes con mensajes ofreciendo a los sicarios para que los contacte a ellos y juntos busquen el perdón de Dios.

El grupo de religiosos se colocó en el centro de la ciudad, como en el cruce de 16 de Septiembre y Francisco Villa, donde entregaron volantes a los transeúntes.

Federales extorsionadores

Y mientras todo esto sucede, nueve elementos de la Policía Federal fueron detenidos el viernes pasado acusados de extorsión en contra de un joven al que presuntamente habrían pedido una cantidad de dinero por su liberación, además de haberme “sembrado” drogas para inculparlo.

De acuerdo con información local, los agentes detuvieron a una persona de manera ilegal, le “sembraron” droga y exigieron al padre de éste un rescate de 20 mil pesos para liberarlo.

El encargado del Módulo de Quejas contra elementos del Operativo Conjunto Chihuahua, Javier González Mocken, dio a conocer que el viernes alrededor de las 12:00 horas un hombre denunció que un grupo de federales tenía a su hijo detenido de forma ilegal. El detenido es un “muchacho sin vicios
y dedicado al estudio”, señaló.

La familia reunió y al parecer entregó 10 mil pesos a uno de los oficiales que se encontraban al mando de los federales extorsionadores. Al mismo tiempo otro pariente presentó la denuncia ante el Módulo de Quejas y a su vez los encargados notificaron al comisario en turno de la PF.

Los servidores públicos tenían a su víctima a bordo de la patrulla número 10115 y fueron detectados luego de que –en atención a la queja– un mando de la PF envió a otros agentes a confirmar la denuncia. González Mocken dijo que estos elementos podrían haber cometido varias extorsiones desde hace un mes.

El funcionario también dio a conocer que los agentes federales —integrantes de la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH)— detenidos el viernes pasado son Gabriel Montiel Reyes, Eduardo Franco Hernández, Salvador Guzmán ávalos, ángel Vázquez Roldán, Jorge Hernández Ortega, Gregorio Orizaba, Jorge Corona González y otros dos uniformados, de quien aseguró no tener sus nombres.

También indicó que hay otras ocho denuncias presentadas por empresarios y familias juarenses que han sido víctimas del mismo delito por otras células de este cuerpo policíaco. Las quejas ya fueron enviadas al departamento de Asuntos Internos de la PF y las indagatorias no han concluido, dijo.

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