Frenan 100 millones de dólares de Iniciativa Mérida, congresista de EU

El senador estadunidense Patrick Leahy, demócrata de Vermont y presidente del Subcomité de Operaciones Extranjeras del poderoso Comité de Apropiaciones, que revisa el paquete de ayuda a México dentro de la Iniciativa Mérida, lo bloqueó y pidió que se retrasara la asistencia antinarcóticos que había anticipado Estados Unidos, por considerar que las conclusiones del Departamento de Estado contradicen los reportes de violaciones a los derechos humanos en México dentro del contexto de la guerra contra las drogas, y que se tienen reportes de torturas y desapariciones forzadas.

Según el periódico The Washington Post, el plan se vino abajo cuando los colaboradores de Leahy le dijeron al Departamento de Estado que “Esos requerimientos no han sido cumplidos, por lo que es prematuro enviar el reporte al Congreso”.

El senador sostuvo que  “Tenemos buenas discusiones con funcionarios de México y Estados Unidos para satisfacer esos requerimientos de ley, y espero que podamos continuar con ese espíritu”.

El Post dijo que están en riesgo 100 millones de dólares en asistencia, dentro del plan de la Iniciativa México, que contempla un paquete de mil 400 millones de dólares para el combate al narcotráfico durante tres años. La ley obliga al Congreso a detener el 15% de la mayoría de esos fondos hasta que el secretario de Estado reporte que México ha hecho progreso en la salvaguarda de los derechos humanos.

El monto retenido es marginal para la lucha contra las drogas, como es la mayoría de los recursos que aportará Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios mexicanos que han comentado sobre los límites de la asistencia. Sin embargo, la Iniciativa Mérida representaba un respaldo político al gobierno mexicano en su lucha contra las drogas.

En este sentido, El Post considera que la decisión provocada por el senador Leahy es un duro golpe Estados Unidos y para el gobierno mexicano, en un momento en que la violencia por las drogas sigue creciendo y el Presidente Felipe Calderón ha sido objeto de presiones para revisar la estrategia de lucha contra los estupefacientes, que depende en gran medida de los militares para combatir a los cárteles y en particular para el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien es muy sensible a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

La postura mexicana es que las violaciones a los derechos humanos por parte de militares han sido casos aislados que se procesaron legalmente. Para el reportaje del Post, la Secretaría de la Defensa declinó emitir un comentario, mientras el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, reiteró que México está inequívocamente comprometido a la observancia de los derechos humanos, por lo cual esperaba que el Congreso reconociera esos esfuerzos.

De acuerdo con documentos oficiales citados por el periódico, hay un promedio de 140 denuncias de violaciones a los derechos humanos por mes, y desde que inició el gobierno de Calderón, las quejas contra el Ejército se han incrementado en 600%.

El Post reportó que funcionarios del Departamento de Estado señalaron que estaban considerando si reescribían el reporte antes de volverlo a entregar al Congreso, que no será sino hasta después del 7 de septiembre, cuando regrese de vacaciones de verano el Capitolio.

Sin embargo, recogió las dudas de los miembros del Congreso y de expertos en derechos humanos que el Departamento de Estado pueda presentar un informe convincente de que México ha hecho suficiente progreso en la salvaguarda de los derechos humanos.

Añadió que si el dinero no se libera antes del 30 de septiembre, el fin del año fiscal, es probable que parte de ese dinero se pierda totalmente.

Esa parte del paquete estaba destinado a la compra de helicópteros y aviones de vigilancia, capacitación de policías y un mejoramiento de los procesos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga.