Razones
Jorge Fernández Menéndez
Haya sido por la reacción social generada en torno a la marcha de días pasados, por la presión que sintieron las autoridades o porque la combinación de algunas denuncias ciudadanas muy puntuales con trabajo de inteligencia ha dado buenos resultados, o por una mezcla de todas estas cosas, lo cierto es que en estos días ha habido algunas acciones contra la delincuencia que deben destacarse:
la rapidez con que se pudo atacar y detener las acciones de Los Zetas en Yucatán, luego de los decapitados encontrados al norte de Mérida: los autores fueron detenidos horas después de los hechos, algo que no suele ocurrir en este tipo de acciones; el control sobre las zonas de Tabasco que estaban en absoluto abandono, incluida la toma por fuerzas militares y federales de la seguridad en el municipio de Cárdenas, lo que llevó a la detención de El Tony, uno de los más importantes líderes de Los Zetas; la detención de una veintena de integrantes de La Familia en Villa Nicolás Romero y, ayer, el anuncio por parte del jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard de que había sido detenido el jefe de la banda de La Flor quien presuntamente habría dirigido el secuestro que terminó con el asesinato del joven Fernando Martí, son todas ellas buenas noticias, aunque nadie podrá asegurar, como ayer mismo insistió en ello Genaro García Luna, que se podrá tener una disminución palpable de los índices delictivos en 100 días. Eso es verdad, pero la seguridad es también una cuestión de percepciones: la gente tiene, tenemos que percibir que, por lo menos, se está intentando sacar las cosas adelante y la impunidad no sigue siendo la norma.
Sin embargo, para romper con la percepción de impunidad se debe avanzar en otras cosas que no siempre tienen relación directa con la delincuencia pero que la impulsan. Dos ejemplos: como mostró Excélsior con un amplio reportaje ayer, los integrantes del movimiento de Los 400 Pueblos que desfilan desnudos por el centro de la ciudad, particularmente en la esquina de Reforma con Insurgentes, están cometiendo un delito: simplemente si cualquier ciudadano marchara por la calles sin ropa sería detenido y remitido al Ministerio Público. Estos señores y señoras pueden agredir a transeúntes, bloquear calles, desfilar desnudos, impedir la entrada a edificios públicos, todo con apoyo policial. Sin juzgar sobre su causa (encauzada a través de un grupo de personas acarreadas y que cobran diariamente por su triste espectáculo), lo cierto es que se están cometiendo varios delitos, y en lugar de castigarlo, las autoridades capitalinas protegen a ese grupo y tienen destinado a cuidarlos un número importante de elementos, fuera de proporcionarles todo tipo de apoyos, desde policías que los cuidan hasta comida y baños en su “campamento” (cuya instalación en sí es también un delito, según las propias leyes del DF). ¿Por qué en una crisis de seguridad, el Gobierno del DF tiene que destinar policías y recursos para respaldar a un grupo que está quebrantando la ley? E insisto, no juzgo la causa que pudieran estar defendiendo: pero no pueden defenderla violando la ley y gozando de impunidad.
Otro caso: durante meses una de las principales arterias de la Ciudad de México estuvo bloqueada por un “campamento” del magisterio disidente para oponerse a las reformas a la Ley del ISSSTE. El campamento estuvo un largo tiempo vacío, pero cerraba la entrada al Monumento a la Revolución y su comunicación con el Paseo de la Reforma, y ello provocó no sólo graves trastornos a los derechohabientes y empleados que trabajan en las oficinas del ISSSTE allí ubicadas, sino también el cierre de restaurantes y comercios en la zona. El lugar se convertió en una guarida de delincuentes y el bloqueo de esa arteria era una violación a la ley. Pero nadie en el DF movía un dedo para quitar esos campamentos. Olvidemos por un momento que la causa del bloqueo ya había perdido sentido desde que la Suprema Corte desechó los recursos presentados por esos grupos ¿por qué si se quiere acabar, por lo menos eso se dice, con la impunidad, se permitió y protegió desde la autoridad una serie de acciones ilegales?
Un símbolo de ello es la decisión de Alejandro Rojas Díaz-Durán, secretario de Turismo del DF, que envía al Museo del Automóvil en París, un taxi, un típico vocho de los “ecológicos” (ello sólo porque están pintados de verde, porque son altamente contaminantes) pirata, o sea que no tiene permisos y legalmente no está autorizado para brindar ese servicio. La Secretaría de Turismo lo envía como un típico taxi de la Ciudad de México para ser exhibido, con otros taxis típicos de ciudades como Nueva York o Londres. No deja de ser irónico que un taxi pirata sea enviado como representativo de ese tipo de transporte en la ciudad. Lo cierto es que esos taxis, como los Pantera no sólo son ilegales, sino que también son una de las fuentes de mayores delitos, particularmente asaltos con violencia, violaciones y secuestros exprés en la ciudad. Uno de los puntos que se le reclamó al jefe de Gobierno capitalino en el pliego petitorio posterior a la marcha del día 30 fue que se regularizara y se pusiera bajo control el transporte público terrestre en el DF, que funciona, en un alto porcentaje, fuera de toda norma y control y que es uno de los principales instrumentos de la delincuencia. En otras grandes ciudades, ese tipo de transporte, sobre todo el de taxis, coadyuva a la seguridad pública: en nuestro caso, por la proliferación de piratas, que además dejan en desventaja a quienes sí cumplen las normas, los taxis y ciertas líneas de minibuses son el transporte más inseguro del país.
Qué bueno que se den golpes importantes a la delincuencia, pero si no se acaba con la impunidad cotidiana, en muchas ocasiones tolerada y protegida por las autoridades, la batalla contra la delincuencia se seguirá perdiendo.