Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
28 de junio de 2008
En su contraofensiva para tratar de salvar la fuerte crisis que atraviesa su gobierno, tras la muerte de 12 personas por errores, corrupción y abusos de su policía, Marcelo Ebrard ha decidido iniciar una guerra que ya había sido declarada, pero que ahora se hará abierta y de frente
La estrategia para “darle la vuelta” al tema de los jóvenes muertos por la ineptitud policiaca se propone llevar el problema de los antros irregulares a la esfera federal
En su contraofensiva para tratar de salvar la fuerte crisis que atraviesa su gobierno, tras la muerte de 12 personas por errores, corrupción y abusos de su policía, Marcelo Ebrard ha decidido iniciar una guerra que ya había sido declarada, pero que ahora se hará abierta y de frente. El jefe de Gobierno determinó enfrentar y hacer públicas las redes de operación del cártel de Sinaloa en la ciudad de México, y con eso busca parar y revertir el golpeteo contra su gobierno por el caso New’s Divine.
Con una serie de operativos programados para los próximos días —el primero estaba listo para realizarse ayer por la tarde—, Ebrard y su descalificado secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, intentarán desnudar los brazos del grupo que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, como los que mueven el narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes en al menos 500 antros identificados como “irregulares” por el GDF y que son cobijados, financiados y abastecidos por el poderoso cártel sinaloense.
En su arriesgada cruzada, Ebrard comenzó con el pie izquierdo: ayer canceló una reunión de coordinación que encabezaría para ultimar detalles sobre el primer “megaoperativo” contra el narcomenudeo en antros y, por si fuera poco, un informe de la Procuraduría de Justicia del DF —sí, de su mismo gobierno— arrojó que en dos revisiones hechas al local del New’s Divine “no se encontró ningún tipo de droga”.
La estrategia trazada por Marcelo y sus asesores para “darle la vuelta” al tema de los jóvenes muertos por la ineptitud y el abuso policiaco se propone llevar el problema de los antros y bares irregulares en la ciudad a la esfera federal. A través de demostrar que los giros negros son parte de las redes de distribución de droga del cártel de Sinaloa en el DF, intentarán involucrar además al gobierno federal al desnudar también complicidades y “protecciones” federales para esas redes.
La batalla se ve más que delicada, pero Ebrard decidió que era la única forma de revertir la crisis que se le vino encima. La declaratoria de guerra entre el gobierno del DF y el cártel de Sinaloa no es en realidad nueva; se dio desde el momento en que, a principios de su administración, Marcelo lanzó la propuesta de que el presidente Calderón le entregara a la ciudad la administración y control del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. La terminal aeroportuaria más grande del país, y punto neurálgico del tráfico de drogas y de muchos otros tráficos ilegales, es desde hace varios años territorio controlado por El Chapo Guzmán y su cártel, que junto con otras mafias locales como la de Los Aduaneros se reparten el control de la inmensa actividad delictiva que se cobija detrás de las operaciones de aeronáutica.
En cuanto surgió la osada propuesta del jefe de Gobierno capitalino, la reacción del cártel de Sinaloa no se hizo esperar. Las ejecuciones violentas ligadas al narco se dispararon en la ciudad. Sólo de enero a junio de este año, suman 46 asesinatos violentos en diversas zonas del DF, y sumadas a las ocurridas en 2006 llegan a 125 ejecuciones en una ciudad donde, hasta hace poco, el gobierno local se ufanaba de que “aquí no hay violencia del narco”. Además empezó otro fenómeno: cadáveres de ejecutados en otros estados son traídos al DF y abandonados aquí con mensajes como “Esto les va a pasar a los que anden con El Chapo y El Mayo Zambada”.
Pero no fue el único mensaje que indicaba que Ebrard había tocado los intereses del poderoso cártel del Pacífico. Las ejecuciones de altos mandos policiacos, locales y federales, comenzaron a darse en la ciudad a plena luz del día. Édgar Millán, Roberto Velasco y apenas el jueves pasado Igor Labastida, todos altos mandos de la PFP, fueron asesinados en las calles de la capital, con un doble efecto: golpear al secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, pero también exhibir la incompetencia de la policía capitalina para garantizar la seguridad en su territorio.
El 9 de mayo pasado fue asesinado Esteban Robles, jefe policial de la PGJDF, y cuatro meses antes, el 15 de febrero, se produjo el mensaje más directo del cártel de Sinaloa al gobierno de Ebrard: la explosión de una bomba en avenida Chapultepec, que detonó antes de tiempo y mató a su portador, pero que en realidad, dijeron las investigaciones de la PGJDF, iba dirigida a atacar a uno de los mandos de la SSP.
Así que, para salir del atolladero en que se encuentra por su ineficiente y abusiva policía, Marcelo Ebrard decidió que, en vez de correr a su cuestionado secretario Joel Ortega, dará la batalla para desmantelar las poderosas redes del narcotráfico en la ciudad. Y esas llegan hasta Sinaloa.