La inseguridad agobia a América Latina

Las principales capitales de América Latina son lugares donde actualmente ronda el miedo, espacios donde la percepción de inseguridad agobia a sus habitantes, quienes a diario tienen que lidiar con el azote de bandas criminales, el poderío de cárteles, el incremento de homicidios y robos en calles y transporte público, y los altos niveles de corrupción en las filas policiacas.

En capitales como la ciudad de México, las drogas invaden las calles junto con asesinatos selectivos; en Caracas, Venezuela, los pasajeros deben compartir sus viajes con personal militar para evitar el repentino ataque de delincuentes, pues tiene el más alto índice de homicidios.

Este fenómeno delincuencial se repite en mayor o menor medida en Río de Janeiro, Brasil, donde predominan el poderío de narcotraficantes en áreas pobres y una gran corrupción, o en Bogotá, Colombia, con el resurgimiento de sicarios; también está Quito, con el control de grupos vandálicos o Bueno Aires, Argentina, que debe lidiar con el robo a vehículos y los asaltos a transeúntes.

Pese a la existencia de fenómenos propios en cada capital, que explican el porqué ciertos delitos son más recurrentes, el denominador común para el surgimiento de bandas son las precarias condiciones socioeconómicas de la gente, en particular de los jóvenes.

Los gobiernos parecieran no darse abasto para combatir las estructuras criminales que cada vez lucen más organizadas, mejor armadas y con un accionar más violento, fruto —en muchos casos— de su enorme poder corruptor y de las grietas que en el aparato judicial dejan la impunidad y la falta de justicia.

Un equipo de periodistas, integrado por reporteros de los 11 periódicos del Grupo de Diarios América (GDA) se dio a la tarea de investigar el crecimiento del crimen y la violencia en las capitales y revelan que el homicidio, el hurto de vehículos, el atraco a mano armada, la venta de droga o el “secuestro exprés”, encabezan las listas de los males.

Poderío de cárteles en México

En México, al igual que en Colombia, los grupos de narcotraficantes y organizaciones criminales al margen de la ley, se han apoderado de otros negocios legales e ilegales como la piratería, la extorsión, la prostitución, las apuestas, los juegos de azar, el tráfico de indocumentados y hasta la protección de barrios.

Este fenómeno parece haber encontrado terreno abonado y está dejando secuelas preocupantes. A los 547 delitos que en promedio se denuncian cada día, 30% de ellos clasificados de alto impacto, se suma el poder criminal de los grandes cárteles que han instalado en el DF su residencia, negocios y poder destructor.

Todos delitos difíciles de controlar cuando se cuenta, como en el caso del DF, con apenas 22 mil policías para una ciudad de 8 millones de habitantes, más los 4 millones de población flotante, según la Secretaría de Seguridad Pública.

Caracas, por el despeñadero

Caracas describe el grado de intensidad y crueldad al que está llegando el crimen urbano en América Latina: 130 homicidios por cada 100 mil habitantes; un incremento de 50% de los secuestros frente al primer semestre de 2008; 60 robos diarios en el transporte público y el asesinato de dos personas cada semana, convierten a la capital en una de las urbes más peligrosas del mundo.

Aunque las cifras no son avaladas por el gobierno nacional, datos extraoficiales indican que para el 6 de junio de 2009, 371 personas habían sido plagiadas.

En San Juan de Puerto Rico, el narco tiene en alza el número de homicidios: 20.4 por cada 100 mil habitantes.

Contrario a lo que pueden reclamar otras capitales del continente, en San Juan no es la falta de policías lo que justifica los crímenes. Allí existe un policía por cada 233 habitantes (Naciones Unidas recomienda uno por cada 250 personas), muy superior a lo que sucede en Bogotá, donde la media es de un agente por cada 470 personas.

Impunidad y corrupción

Pocas ciudades como Río de Janeiro, la segunda más importante de Brasil, han conseguido resumir en dos películas el drama de la delincuencia: milicias, corrupción oficial y crimen callejero.

Las milicias, integradas por narcos y policías corruptos, controlan extensas áreas pobres de la ciudad y se han apoderado de servicios públicos como el transporte y la televisión.

A los 6 millones de habitantes de Río de Janeiro, Brasil, los aterroriza el incremento de asesinatos en los últimos meses. Las muertes pasaron de 4 mil 81 en 1994 a 2 mil 69 el año pasado, el índice de homicidios (33.2 por 100 mil habitantes) puede no ser real si se tiene en cuenta que el accionar de las bandas de narcotráfico incluye las desapariciones, que pasaron de mil 235 en 1991 a 2 mil 50 en 2008. Según la policía de esa ciudad, 70% de éstas fueron por homicidio. Lo anterior se suma a la corrupción policiaca.

Henry Silva, un joven de 16 años que en 2006 volvía de un partido de futbol hacia su casa, en Morro de Gamba, una favela de la ciudad, fue asesinado por la policía y luego llevado a un hospital. Allá dijeron que Silva era traficante de drogas y se había resistido a un arresto.

Por siete años la madre de Henry investigó el crimen para demostrar que su hijo jamás había traficado con drogas.

Así como Brasil padece con las milicias, Bogotá con el resurgir del sicarios, o Quito con bandas especializadas que planean durante meses sus acciones y no temen asesinar a sus víctimas, Buenos Aires tiene en el hurto de vehículos su principal dolor de cabeza.

Las causas

Analistas y expertos intentan hallar una explicación para el azote criminal en las ciudades y de la percepción de inseguridad que agobia a sus habitantes.

“En una sociedad que maltrata a jóvenes con procesos de segregación fuerte, no es casualidad que sean ellos quienes reproduzcan con fuerza ciertos fenómenos de la criminalidad”, dice Rafael Paternina, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de Uruguay.

La corrupción policial no sólo facilita la labor de los delincuentes, sino que llena de dudas y temor a la sociedad lastimando su confianza.

En Río de Janeiro, dos jefes de la policía civil fueron despedidos y responden a procesos por corrupción; en Caracas, el propio ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió que funcionarios de la policía están involucrados en 20% de los delitos que se cometen; en Buenos Aires se denunció que en el pasado, para ser jefe de una comisaría de policía, se tenía que pagar y no perseguir a los “desarmaderos” de carros.

La falta de políticas públicas que combatan el crimen en las calles, ha llevado a que cada vez más ciudadanos estén ejerciendo justicia por mano propia.

De mantenerse esta tendencia en la que el crimen urbano pareciera superar todos los límites y con una ciudadanía atemorizada por su vida, no estará lejos el día en que vuelvan a resurgir liderazgos locales que practiquen la política públicas de la “tolerancia cero”.

Desde los gobiernos locales y nacionales latinoamericanos se plantean alternativas intencionadas que sin embargo no atacan el origen del problema.

Hay que partir del reconocimiento de que las urbes de hoy no son las mismas de hace tres décadas y que demandan nuevas estrategias contra la delincuencia.

(Especial elaborado por EL UNIVERSAL de México, “La Nación” de Argentina, “O Globo” de Brasil, “El Mercurio” de Chile, â
€œEl Tiempo” de Colombia, “La Nación” de Costa Rica, “El Comercio” de Ecuador, “El Comercio” de Perú, “El Nuevo Día” de Puerto Rico, “El País” de Uruguay y “El Nacional” de Venezuela)