Perionotas/Milenio
Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) niegan que el proyecto de reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal —que incluye el allanamiento domiciliario, los arraigos y la intervención de comunicaciones sin orden judicial—, represente una medida “draconiana” para combatir la delincuencia organizada. Incluso, la consideran “rosa” frente a las legislaciones de otras naciones.
Desde que la iniciativa fue presentada por el presidente Felipe Calderón al Senado, el 9 de marzo de 2007, los servidores públicos han realizado diagnósticos en los que aseguran que los delincuentes de alto perfil no amenazan con “ramos de rosas” o “poemas”, sino que matan a jueces, a los agentes del Ministerio Público, escapan de prisiones de máxima seguridad y corrompen a los cuerpos policiacos.
Los servidores públicos de la PGR han defendido y justificado la iniciativa de reformas a la Constitución y a varias leyes secundarias, aún con las críticas de los detractores que alertan sobre graves violaciones a las garantías individuales.
En opinión de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, esto “no se trata de una reforma draconiana, ya que basta observar la legislación comparada con otras para ver que se trata de una reforma que palidece ante leyes penales como la francesa, la alemana, la inglesa y la colombiana”.
Durante uno de los foros que abrió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para analizar el tema, el funcionario federal sostuvo que lo ideal es que México no llegue a los extremos de lo que ocurre en Colombia, ni tampoco alcanzar los niveles de lo que sucede en materia de terrorismo en países del medio oriente o de otro tipo de organizaciones criminales, como las japonesas o chinas, para implantar legislaciones extremadamente drásticas. Incluso, agregó, aún los franceses tienen una mafia mucho más dura y sofisticada que la que hay en México.
El funcionario federal asegura que se trata de la reforma más importante en la historia de México y que dotará al Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para luchar contra una delincuencia organizada cada vez más violenta.
“Hoy por hoy nuestros procesos penales le dan el mismo tratamiento a un gran capo del narcotráfico que a un famélico pescador que infringió la veda del camarón blanco. Son exactamente las mismas reglas procesales, y no se puede tratar igual a los desiguales”, acota el funcionario.
La delincuencia no usa rosas
Bajo la misma premisa y en el mismo foro, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, aseguró que la legislación actual carece de los medios adecuados para enfrentar a los enemigos del Estado.
“Los delincuentes no nos amenazan con ramos de rosas, no nos hablan con poemas, matan a nuestros jueces, matan a nuestros ministerios públicos, se escapan de las prisiones de máxima seguridad y corrompen a nuestros policías”.
El titular de la SIEDO indica que el Estado mexicano busca el equilibrio en la lucha contra la delincuencia organizada a través de instrumentos jurídicos que puedan estar a su alcance.
“No vivimos en un Estado ideal para aplicar normas ideales, vivimos en un Estado en conflicto en el que la delincuencia organizada tiene un gran poder, por lo que tenemos que hacer una diferenciación entre aquellos sujetos que robaron para subsistir y estos delincuentes organizados que matan por convicción día a día a nuestros policías”.
Reforma irracional
A contracorriente de lo que aseguran sus contrapartes, Rodolfo Félix Cárdenas, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), expresó estar preocupado por el proyecto de reforma constitucional en materia penal y calificó como “irracionales” tres aspectos de la misma.
En su opinión, los principales riesgos se concentran en las materias de delincuencia organizada, cateos sin orden judicial y la intervención de comunicaciones privadas.
El análisis del funcionario refiere que en el dictamen de reforma se plantea que la delincuencia organizada sea materia exclusiva del ámbito federal, lo que implica la modificación del artículo 73, fracción XXI, de la Consitución y, por ende, redundaría en que este tipo de crímenes o criminales ya no van a estar sujetos a las administraciones de justicia de los estados ni del Distrito Federal.
“Por lo tanto, las leyes en delincuencia organizada que hoy existen en algunas entidades federativas, o leyes adjetivas, tendrán que ser abrogadas”, agrega.
Para Félix Cárdenas “resulta absurdo que se plasme en la Constitución una definición de delincuencia organizada, ya que se corre el riesgo de manipular las leyes en agravio de los derechos de los ciudadanos”.
Respecto al ingreso de la policía a los domicilios sin orden judicial, que ahora será justificado cuando exista amenaza inminente a la vida integral de las personas y en el caso de flagrancia cuando estén persiguiendo materialmente al inculpado, Félix Cárdenas dijo que “lo anterior es también un absurdo, porque esto lo resuelve el Código Penal, ya que si hay flagrancia la policía puede ingresar a cualquier domicilio.
“Es absurdo que se diga en la motivación de la reforma constitucional que se debe entender como domicilio todo inmueble particular, dejando entrever que no se ha entendido que la noción de domicilio para efectos penales es diferente a la fiscal, de tal manera que si alguien vive en un vagón de ferrocarril, que es un bien mueble, queda sin efecto penal”.
Sobre el tema de la intervención de las comunicaciones privadas, el procurador capitalino señala que el planteamiento es que se podrán realizar cuando se trate de delincuencia organizada, y será del ámbito federal; sin embargo, según Félix Cárdenas, no se propone la reforma al artículo 16 constitucional, donde se sigue manteniendo la facultad de los ministerios públicos de las entidades federativas de solicitar la intervención, o sea, con esto “existiría una dualidad” en las leyes.
Por su parte, Renato Sales Heredia, ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJDF, expresa que la iniciativa de reforma conlleva graves riesgos para las garantías individuales, particularmente en la propuesta de que, tratándose de delincuencia organizada, el Ministerio Público, sin que medie autorización judicial, podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas.
Sales Heredia sostiene que el proyecto de reforma es peligroso porque nadie garantiza que vale la pena sacrificar las garantías para darle al Estado más herramientas, que no han sido utilizadas eficazmente desde hace más de diez años, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la que considera “punta de lanza inquisitorial en el desmantelamiento del sistema de garantías”.