Para Miguel Carbonell, especialista de la UNAM, la propuesta de Reforma Judicial, impulsada por el presidente Felipe Calderón, presenta diversas ventajas: fortalece la presunción de inocencia, racionaliza la prisión preventiva y disminuirá la corrupción en los juzgados; sin embargo, “no es el arma adecuada” para combatir el hampa.
En entrevista que concedió a Francisco Mejía del diario Milenio, el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, afirma que en las universidades del país “no ha calado” la importancia de la reforma de justicia y seguridad pública; admite que en materia de juicios orales existe un rezago de no menor a 40 años y añade que “los abogados mexicanos no están preparados para esa reforma”.
Ese es su diagnóstico sobre la reforma que el Senado devolvió con dos modificaciones a la Cámara de Diputados en diciembre pasado. Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), alerta sobre los riesgos de la iniciativa:
“Puede significar un grave retroceso en la vigencia y tutela de los derechos de las personas”.
Se refiere al arraigo de personas, al allanamiento de domicilios sin orden judicial y a otorgar valor probatorio a comunicaciones privadas intervenidas por las autoridades.
En la entrevista con Milenio, Carbonell confirma las críticas que suscribió junto con los otros ocho integrantes del consejo de la CNDH, pero niega que la reforma vaya a hostigar a disidentes sociales. “Es un riesgo para las personas en general, porque el arraigo derrota a la presunción de inocencia”, señala.
Diversos sectores de la sociedad alertan de los riesgos que entraña la reforma, ¿usted qué ve?
Están suficientemente discutidos esos riesgos. Prefiero centrarme en las ventajas y puntos fuertes de la reforma. Tiene aspectos negativos, sí, no se vale negarlos y sería irresponsable hacerlo, pero se han minusvalorado los muchos aciertos que tiene esta reforma, ya no de seguridad pública y procuración de justicia, sino en la parte del proceso penal.
¿Cuáles son?
La reforma propone constitucionalizar la presunción de inocencia y racionalizar la prisión preventiva, que hoy se usa de forma indiscriminada. Basta recordar que 40 por ciento de las 213 mil personas que están en reclusorios se encuentran en régimen de prisión preventiva: no han recibido sentencia que los declare responsables de un delito. Por otra parte, en la lógica de los juicios orales nos da mucha mayor transparencia.
¿Qué ganan los ciudadanos?
Ganamos la posibilidad de mirar nuestro proceso penal y contar desde la Constitución con incentivos para disminuir la corrupción, pues sobre los jueces estará la mirada pública. Ese es un avance que hay aquilatar y valorar.
¿Qué es lo nuevo?
Introduce un principio de prueba lícitamente obtenida que se aplica en Estados Unidos y se ha ido extendiendo a Europa y América Latina. Consiste en que una prueba que se obtuvo violando la ley es nula de pleno derecho. No puede siquiera ser considerada, presentada ni valorada por un juez. En México, teniendo en cuenta los antecedentes de tortura, de uso de retenes, abusos policiacos y de allanamiento de domicilios, es un principio esencial.
¿Desaparecerá todo eso?
No, pero incidirá para que la policía no obtenga pruebas de esa forma. Hay un avance relevante que afianza los derechos de las víctimas, que se constituyen en parte del proceso penal y pueden reclamar dentro del proceso reparación del daño. Se abre una pequeña ventanita: la posibilidad de romper el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Los particulares podrán comenzar juicios penales bajo determinadas circunstancias previstas en la ley. Con eso se incentiva el combate a la corrupción.
¿Ataca de frente a la delincuencia organizada?
No, la lucha del Estado mexicano contra el crimen organizado no pasa, desde mi punto de vista, por una reforma constitucional; ese no es el instrumento. Hay mecanismos de política pública para eso: capacitación de agentes, infiltración, inteligencia y depuración de cuerpos policiacos. Estas son medidas más efectivas y no la simple reforma constitucional: si esta es el arma para combatir la delincuencia organizada, es un arma equivocada.
¿Hay pendientes?
Una vez que se apruebe la reforma debemos mirar hacia adelante. Qué ofrece la reforma: un cambio en la manera en que se manejan los juicios penales. Ese cambio supone transformar la infraestructura de los juzgados, la manera en que trabaja el Ministerio Público y la visión de los abogados. Todo eso va a repercutir en la formación de estudiantes en la facultades de derecho. Los juicios orales requerirán, por ejemplo, una nueva capacitación para los abogados.
¿Hay rezagos?
Hay un rezago no menor a 40 años. Los abogados no están preparados para esta reforma. Necesitaremos formar nuevos cuadros y capacitar a quienes ya estaban en el ejercicio de la profesión, y eso significa peritos, agentes del Ministerio Público, litigantes…
¿Se requiere infraestructura?
Necesitamos juzgados que permitan celebrar audiencias orales, bancas, disposición física del propio juzgado y personas que actúen en esos procesos y que sepan hablar en público, resumir los casos.
¿Jueces?
El juez necesita desentrañar la sicología de los participantes; tiene que saber cuándo los abogados no están construyendo su caso con apego a las constancias, sino en intereses de sus representados. El juez tiene que manejar un ámbito de la sicología judicial que hoy no existe.
¿Las universidades están preparadas para resarcir el rezago?
La reforma contiene un artículo para retrasar su entrada en vigor hasta ocho años. Tenemos tiempo, pero también mucha presión. Sí están preparadas, pero no estoy seguro de que se hayan dado cuenta del tamaño de la tarea. Hay universidades, como el Tec de Monterrey y la Anáhuac, que ya tienen aulas para entrenamiento en juicios orales, pero hay otras en las cuales no ha calado la importancia de la reforma.
¿La UNAM?
Quizá no ha avanzado a la velocidad necesaria en este punto; le hace falta una renovación, probablemente desde sus planes de estudio.
¿Por qué el arraigo es un aspecto negativo?
Porque es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, que vale la pena recordar.
¿Se pretende atacar a la disidencia?
No, el riesgo no es para los movimientos sociales y así se manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa. Se trata de combatir la criminalidad. No veo un riesgo para los disidentes, pero sí en general para las personas, porque el arraigo derrota a la presunción de inocencia.