Por Óscar Hernández H.
El viernes pasado una explosión en las cercanías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal puso en alerta a toda la élite gubernamental encargada de velar por la tranquilidad de los mexicanos.
Seguramente, por la hora, decenas de uniformados tuvieron que guardar la torta para más tarde y otros más cancelar sus comidas en alguno de los lujosos restaurantes de la zona, aunque horas después vendrían a decirnos que se trató sólo de una manipuleo de un artefacto casero, con pólvora en su interior y que seguramente tendría como destino uno de los hoteles de la zona donde se encontraban hospedados unos delincuentes colombianos de “rango menor” (Milenio 17 de febrero de 2008).
Todos los medios de información dieron versiones diferentes de los hechos. Los analistas hicieron lo propio con sus opiniones y, como en el caso de Samuel González Ruiz, especialista en seguridad en México, los hechos de este viernes no pueden apuntar a los cárteles de las drogas, porque a excepción de los sucedido en el Hotel Camino Real de Guadalajara por allá de los años 90, nunca más han dado muestra de acciones beligerantes con artefactos explosivos.
En entrevista con Carmen Aristegui, en CNN, González Ruiz dijo que éste es el modus operandi de la guerrilla en México y si no veamos los ataques con bombas caseras a través de los últimos 10 u 11 años, como documenta Perionotas; los que se sucedieron en el estacionamiento de la Plaza Universidad, donde sólo fueron afectaciones materiales; las explosiones en los bancos; los supuestos morteros descubiertos a 500 metros de las instalaciones de la Policía Federal Preventiva; las detonaciones en los ductos de Petróleos Mexicanos apenas hace unos meses y, en todos los casos, las autoridades han tratado de desviar la atención bajo el argumento de que se trata de hechos aislados.
Recuerdo estos últimos estallidos en las instalaciones petroleras, a sólo unas semanas de que la organización terrorista, Al Qaeda, amenazara con estallar esas instalaciones, como parte de su plan de acción “para tratar de asfixiar a la economía de EU”.
En julio vuelan ductos de petróleo en tres entidades de la República, y la PGR sale a decir que investigarán la veracidad de que se trató de acciones del EPR, lo dudaron y los legisladores al día siguiente le reviraron con señalamientos de que las amenazas de Al Qaeda y las advertencias de los eperristas no deberían ser desoídas. A Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación entonces, se le resbalaron las cosas. Nada pasó más allá.
Ahora nuevamente la PGR salió inmediatamente a desmentir que se tratara de un atentado propiciado por las fuerzas subversivas que ya han dado muestra de su actuar violento desde épocas de los años 90, en que se presentaron por primera ocasión actos similares.
La verdad es que la seguridad en México sigue lesionada, la política del Presidente Felipe Calderón, de declararle la guerra abierta a la delincuencia organizada no le ha arrojado los resultados que se trazaron, cuando desde su toma de posesión y desde su campaña misma, dijo una y otra vez que el gobierno de la República velará por la tranquilidad de los mexicanos y no descansará hasta ver que todos nos hemos librado de ese mal que significa la criminalidad, llámese narcotráfico, guerrilla o como se le quiera decir.
También es muy cierto que lo advirtió desde los primeros días de su administración: “Sabemos que la lucha contra la delincuencia es una batalla dura y difícil, que ya le cuesta al Estado significativos recursos, que va a tomar tiempo y que, por desgracia, seguirá cobrando vidas humanas en la medida en que vamos avanzando y derrotando a la criminalidad”.
Pero la gente en la calle, los familiares de los “caídos”, de los inocentes fallecidos, se preguntan ¿Cuántas muertes más habremos de esperar, para que el combate a la delincuencia arroje frutos positivos?
Las estadísticas son frías, pero también dan una claridad de los hechos: de acuerdo con reportes periodísticos en lo que va de 2008, hasta el 15 de febrero, han sido ejecutadas 384 personas, entre delincuentes, militares, policías, periodistas y ciudadanos que han tenido la osadía de caminar por donde se desatan los enfrentamientos; bueno hasta los intérpretes de música de banda la han pagado y si no que le pregunten a Valentín Elizalde y Sergio Gómez del grupo K Paz de la Sierra.
¿Qué le toca hacer al gobierno federal frente a esta andanada de ejecuciones? Pues son ellos, los responsables del gabinete de Seguridad, quienes deberán emprender tareas que ya tienen proyectadas. Un paso importante será sacar a flote la Reforma Judicial que se espera entre a discusión del pleno en esta semana, en la Cámara de Diputados. Una reforma que ya confrontó a diferentes sectores de la sociedad y que, en opinión de Samuel González Ruiz, pudiera ser otro de los móviles de esta explosión “sin importancia” en la zona rosa de la Ciudad de México.
El camino de esta iniciativa, que fue regresada a la Cámara de Diputados por los senadores de la República, con una serie de modificaciones, es arduo, toda vez que, como dice Miguel Carbonell, especialista de la UNAM, la propuesta impulsada por el presidente Felipe Calderón, presenta diversas ventajas: fortalece la presunción de inocencia, racionaliza la prisión preventiva y disminuirá la corrupción en los juzgados; sin embargo, “no es el arma adecuada” para combatir el hampa. “Puede significar un grave retroceso en la vigencia y tutela de los derechos de las personas”. (Milenio diario, 16 de febrero de 2008).
Se refiere, dice, al arraigo de personas, al allanamiento de domicilios sin orden judicial y a otorgar valor probatorio a comunicaciones privadas intervenidas por las autoridades y aunque niega que la reforma vaya a hostigar a disidentes sociales, sí advierte que “es un riesgo para las personas en general, porque el arraigo derrota a la presunción de inocencia”.
Entonces, frente a los hechos violentos, el gobierno de Felipe Calderón tiene que esperar una semana más para ver si prospera su iniciativa de Reforma Judicial y apretar tuercas, porque no olvidemos que desde su Plataforma Política para el proceso electoral y de sus prioridades de las primeras cien acciones de gobierno, una de sus primeras tareas era precisamente meter orden en las corporaciones policíacas, en los órganos encargados de procurar justicia, donde puede tener injerencia, por la división de poderes, y accionar con una Policía Nacional, por la que tanto pugnó y que nació a instancia del entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, en tiempos de Vicente Fox.
Esto, es obvio, no ha operado como lo preveían, pese a que un primer paso se dio ya desde septiembre de 2007, cuando se anunció formalmente el nacimiento de la Fuerza de Apoyo Federal, el cual no entra en operación, por falta de presupuesto y de respaldo legal (Proceso, 17 de febrero de 2008). Será esta Reforma Judicial la que le permita este accionar. Falta menos para saberlo.