La violencia real supero la ficcion, en el 2009

Una madrugada como cualquiera, la del jueves 10 de diciembre, cuatro cuerpos aparecieron destazados justo en la entrada de la escuela secundaria Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero.

La escena era dantesca. En el piso, tirados, había torsos humanos sin extremidades y sin genitales, cuatro pares de fémures, de brazos, de tibias y peronés. También cuatro cabezas sin orejas. Más allá, manos y pies. Muchos pedazos ni siquiera eran reconocibles, sólo denotaban ser partes humanas por los cortes, con la carne al rojo vivo y los huesos expuestos.

Junto a los restos humanos había un mensaje del Jefe de Jefes , supuestamente Arturo Beltrán Leyva, dirigido a sus enemigos: "vengan a recoger su puta basura".

Una llamada anónima reportó los cuerpos a las 5:40 horas. Las clases se suspendieron en la secundaria Raymundo Abarca y en las aledañas. Eso impidió que los estudiantes vieran en vivo lo que cualquier niño de otro país sólo vería en una película de terror, una escena más de la guerra por el control del territorio que ha tomado las calles de México, principalmente las calles de los niños chihuahuenses, sinaloenses, guerrerenses, duranguenses y michoacanos, cinco entidades que concentran 4 mil 197 de las 6 mil 110 ejecuciones durante 2009, según el conteo de Reforma .

Horas antes de que los restos de los cuatro sujetos fueran tirados en Chilpancingo, en Michoacán hubo tiroteos y granadazos. Para evitar la captura de uno de sus líderes, Servando Gómez Martínez, La Tuta , sicarios de La Familia atacaron a balazos un helicóptero Black Hawk de las Fuerzas Federales de Apoyo. Otra escena de Hollywood con las brechas de Apatzingán como escenario.

En terreno michoacano se dieron también siete ataques a hoteles y cuarteles de la Policía Federal en menos de 24 horas, desde Morelia hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Unos días después, más ataques con granadas tundieron el territorio duranguense. Los frentes de abierto desafío al gobierno federal se multiplican. La violencia no cede y ya van casi 14 mil muertos tan sólo en este sexenio.

A este drama el presidente Felipe Calderón decidió titularlo El año que vivimos en peligro , parafraseando el filme australiano de Peter Weir en el que un periodista (Mel Gibson) trata de describir Yakarta, un país acorralado entre la revolución comunista y la dictadura militar.

Pero, a diferencia de Yakarta, aquí no hay ni revolución comunista ni dictadura militar. Existe, en todo caso, un régimen en el que el crimen organizado impone sus reglas capítulo tras capítulo, atentado tras atentado, repliega al Estado mexicano y lo reduce a su mínima expresión.

Quizá por eso el Presidente se atrevió a decirle a los senadores panistas en una reunión privada el pasado 8 de diciembre: "Una cosa que hay que celebrar es que el año ya se va a acabar".

Pero el año aún no termina. Una semana después de esa reunión, el 16 de diciembre, Arturo Beltrán Leyva, el líder del Cártel de Sinaloa, fue ultimado junto con seis de sus escoltas en un aparatoso operativo, orquestado por la Secretaría de Marina, en el lujoso fraccionamiento Altitude en Cuernavaca, Morelos.

Las paredes del departamento de El Barbas , como también era conocido el capo, quedaron como queso gruyere tras la inédita operación, en la que participaron 400 marinos y militares.

Desde Dinamarca, el Presidente calificó como un logro el descabezamiento de una de las organizaciones criminales más violentas del país. Pero los vecinos que escucharon la refriega, que duró más de cinco horas, estaban nerviosos y perdieron la cuenta de cuántas granadas oyeron explotar.

Así cierra el año más violento para la sociedad mexicana, entre granadas, esquirlas, descuartizamientos masivos y zozobra.

Lo inédito

Michoacán fue este año el principal escenario de la guerra, donde la realidad no sólo superó a la ficción sino que la aniquiló. Cuna del presidente Calderón y de su lucha sin cuartel contra el crimen organizado, la entidad vio nacer a La Familia, cartel que creció y ocupó poco a poco espacios donde el Estado no estaba, o estaba a medias.

Armado con fusiles AK-47, granadas y preceptos religiosos, el nuevo grupo criminal desde 2006 posicionó en cada narcomensaje que dejaba en sus víctimas una idea: limpiamos a Michoacán de Zetas porque es lo mejor para los michoacanos. "La Familia no mata por paga, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina", sentenció uno de los primeros epitafios de cartón que dejó. La justicia se privatizó. Tras esos mensajes, Los Zetas y los Beltrán Leyva aseguraron también ser Damocles y tener la única espada verdadera.

Fue La Familia la que buscó directamente a Calderón para dialogar con él y hacerse escuchar por todos. Por eso en un hecho inédito La Tuta fue el entrevistado principal de una televisora michoacana local el pasado 16 de julio, justo después de varios ataques a instalaciones de la Policía Federal por la captura de La Minsa , otro líder de la corporación. Ahí solicitó una tregua al gobierno federal, propuesta que fue respondida por el secretario de Gobernación horas después con un No rotundo, con tono desafiante sólo explicable por la lejanía del Palacio de Covián con la tierra caliente purépecha. Días después, 2 mil 500 efectivos federales más fueron enviados a la entidad, aún sin resultados claros.

Michoacán fue también el escenario de la detención masiva de una treintena de funcionarios estatales y municipales, cuyos nexos con el narcotráfico están probados sobradamente, a juicio de las autoridades, por las declaraciones de testigos protegidos, figuras estrella –y únicas– en las investigaciones judiciales contra el crimen organizado, cuya vulnerabilidad también quedó demostrada en este año, con la ejecución de Édgar Bayardo en un Starbucks de la colonia Del Valle.
"El uso de los testigos protegidos le va a explotar en la cara al Estado mexicano, tarde o temprano, quizá el próximo año, porque las investigaciones siguen sin sostenerse, y Michoacán es el ejemplo de ello", sentencia Samuel González, el primer encargado de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.
Fue en Michoacán donde la fragilidad gubernamental terminó por romperse y el Estado desapareció por una semana entera en Tancítaro, cuando el cabildo en pleno renunció ante las presiones de la delincuencia organizada. Un nuevo concejo tomó posesión el 14 de diciembre. Su éxito depende de una moneda al aire tirada por los que viven en la ilegalidad.

Es ahí también donde la seguridad de una decena de municipios depende de la entidad y la Federación, y donde la Policía Federal tuvo sus peores derrotas. Como el 13 de julio, cuando 12 cuerpos de policías federales, desnudos y mutilados, fueron encontrados apilados en La Huacana junto a una carretera, para exponer ante los automovilistas la debilidad de la corporación federal.

Escenarios alternos

Otros hechos en otras entidades, tan inéditos como la ejecución en una cafetería de moda de un testigo clave en el saneamiento de las corporaciones de seguridad, cimbraron al país en el año que está por concluir. En junio, los enfrentamientos entre policías
municipales y federales en Nuevo León, tras revisiones exprés a las corporaciones municipales, dejaron ver un Estado confundido, torcido, en el que no hay legalidad que valga si el mejor postor es el narcotráfico.
Sin embargo, lo más aterrador del desdibujamiento del país no está en lo inédito, sino en el hecho de que eso se vuelva cotidiano. Quizá por la exposición en los medios de comunicación, la indiferencia o la ceguera de la clase política ante la avasalladora violencia, lo cierto es que el umbral de los mexicanos al dolor colectivo aumenta día con día.

Cada vez impacta menos que se decomisen miles y miles de cartuchos útiles en una camioneta y que una sola munición sea más grande que cualquiera de los 20 celulares que portan los traficantes, o que un ciudadano sea herido en una refriega.

Ya es lugar común hablar de la violencia en Ciudad Juárez, la localidad más militarizada y que ostentó, de nuevo, el récord de ejecuciones, con más de mil 900. Es la muestra más clara de que algo anda mal en el modelo de combate al crimen del gobierno calderonista.

Se rumora que Tamaulipas es principal bastión de Los Zetas, que ahí el Estado ya no gobierna, pero ninguna autoridad habla de ello públicamente.

Ya es también nota de interiores en los medios nacionales el hecho de que cuelguen cadáveres en los puentes de Baja California, tétrica moda que comenzó con la ejecución de un funcionario de la Secretaría de Finanzas estatal al que torturaron y colgaron de un puente de Tijuana la madrugada del 9 de octubre, con los genitales mutilados y amarrados al cuello.

La inmunidad a la turbación se transmite con gran facilidad en un caldo de cultivo cuya sal es la pobreza, la falta de expectativas y la frustración, males que se heredan de generación en generación.

Por eso es un éxito que en YouTube se presente la vida de Santiago Meza López, El Pozolero. La historia del campesino que sufrió injusticias y pobreza, que "no tuvo otra opción" que freír a cientos de cadáveres en ácido para el Cártel de Tijuana, se presenta en 11 episodios. También en YouTube puede verse a niños menores de 10 años cantando los narcocorridos de moda en el norte, simulando que consumen alguna droga o portan un arma de grueso calibre. El cambio generacional ya no significa esperanza, sino temor.

"Fue otro año de angustia y desamparo", resume Raúl Benítez Manaut, especialista en Fuerzas Armadas y académico de la UNAM, "los perdedores son los municipios, que crecientemente se observan débiles, desamparados e infiltrados por el crimen organizado.

"Ya es hora de que todos los recursos invertidos por el gobierno federal se noten en la reducción de los actos del crimen, y que esto, principalmente, sea sentido y percibido por la población. El esfuerzo del gobierno no se nota en las estadísticas", resume.

Descubrimientos

Este año fue también un continuo constatar. Con las capturas, los decomisos y los enfrentamientos que se multiplicaron estos últimos meses los mexicanos fueron acumulando, con pavor y morbo, detalles de la riqueza y el poder de los narcotraficantes, y observaron su capacidad cada vez mayor para camuflarse y pasar desapercibidos en un entorno donde los más buscados, no sólo por las autoridades, son ellos.

La opinión pública constató que los hijos de los capos, los que llevan hoy las riendas del negocio más boyante del país, ya no son sólo botudos, y la descripción de su vida fácil va más allá de los narcocorridos, aunque amenicen sus fiestas privadas con Ramón Ayala o Los Cadetes de Linares.

Además de vestirse bien, los narcojuniors hacen ejercicio en las mañanas y estudian en el extranjero. Las capturas de los Vicentes, Vicente Zambada Niebla -el hijo de El Mayo Zambada- y Vicente Carrillo Leyva -el heredero del vasto emporio de El Señor de los Cielos -, en marzo y abril respectivamente, arrojaron los primeros datos reales de un mundo cotidiano misterioso, por algunos deseado.

En zonas exclusivas de la capital o en la sierra de Durango, visten con las mismas marcas: Versace, Hugo Boss, Náutica, Tommy Hilfiger y Levi\’s.
Otro descubrimiento fueron los usos arquitectónicos de la impunidad, cada vez más ingeniosos y sofisticados. Las 25 cabañas rústicas encontradas a 600 metros de altura en Tamazula, Durango, en los límites con Sinaloa, en medio de la Sierra Madre Occidental, reflejan cuánto se han adaptado los delincuentes a producir en la clandestinidad.

Este meganarcolaboratorio de 240 hectáreas controlado por el Cártel de Sinaloa en pleno Triángulo Dorado, el más grande descubierto en todo el mundo, tiene todos los elementos para calificar para los Guinness Records.

Los 10 mil militares y policías federales que llegaron desde enero de 2007 a patrullar la zona se tardaron en localizarlo, a pesar de las indicaciones que les dejaron los Beltrán Leyva en una narcomanta, lo pesado de las destiladoras y las secadoras y la existencia de antenas de Telcel, Nextel y Sky instaladas. Unos simples techos de hierba que invisibilizaban las construcciones vencieron a la inteligencia gubernamental. Ingenio a la mexicana.

Si los mexicanos creyeron que lo habían visto todo tras el descubrimiento en 2008 de la mansión del Desierto de los Leones se equivocaron. Este año otra narcomansión en Tiripetío, Michoacán, permitió constatar que hasta el subsuelo puede utilizarse para "trabajar".

Aunque lo visible eran la alberca, el jacuzzi y los acabados de lujo, lo importante estaba en una fosa de casi dos metros de profundidad: un reactor de alta capacidad de producción, sosa cáustica, tanques de gas y recipientes con químicos, utensilios cada vez más comunes en las mansiones mexicanas.

También pudo comprobarse que la participación de la mafia mexicana en el tráfico de drogas es global, que los colombianos ya no compiten con los grandes grupos criminales de manufactura nacional, que los tentáculos de Los Zetas llegan igual a Texas, con galgódromos y giros negros, que al sur de Italia y la \’Ndrangheta, como lo documenta la periodista Cynthia Rodríguez, y latas de frijoles y restos de tortillas evidenciaron que hay terrenos de siembra de enervantes controlados por mexicanos en Estados Unidos, como informó el Washington Post , a pesar de la vigilancia extrema de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la derrota del Estado ante el crimen organizado no está en el ostensible lujo que muestran los narcos, sino en que los defensores de la ley han adoptado la violencia de los criminales como modus operandi.

Múltiples voces, internas y externas, han constatado la cotidianeidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y las corporaciones policiacas en su lucha contra el crimen organizado, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una decena de ONG. Tan sólo la CNDH ha documentado más de 2 mil 500 quejas contra el Ejército en este sexenio por tortura, abuso sexual, lesiones y allanamiento de morada, el doble que las presentadas en todo el sexenio pasado.

Mientras las voces acusan, el gobierno federal da pruebas de su culpabilidad al presentar a los detenidos en su guerra. La última fue la presentación ante los medios de comunicación de supuestos sicarios golpeados y todavía sangrantes, detenidos por la Secretaría de Marina en una narcofiesta de los Beltrán Leyva en Morelos el pasado 11 de diciembre.

Apenas el 15 de octubre apareció en el Diario Oficial de la Federación la directiva que regula el uso de la fuerza del personal naval. Ni dos meses después, en un operativo lejos de las costas, la Marina hizo caso omiso de esa regulación.

¿Cómo se defiende un Estado sin reglas? Algunas respuestas empiezan a aparecer: grupos de matones a sueldo, sugiere el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández; linchamientos ante la
falta de impartición de justicia, piden pobladores de Naucalpan y Otumba.

"Me gustaría decirles otra cosa, pero lo cierto es que hay lugares en México que ya no pueden reportearse, es demasiado peligroso. No hay consejo que proteja", dijo el periodista colombiano Álvaro Sierra a un grupo de periodistas en un taller para aprender a evitar lo peor, a finales de noviembre, en el país calificado como el más peligroso de Latinoamérica para los comunicadores, con 12 periodistas asesinados en 2009.

Cierto, el año más violento ya se acaba, para beneplácito del Presidente. Pero le quedan tres a su sexenio

(Jésica Zermeño Núñez /grupo Reforma / Periodistas a Pie)