Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
Un nuevo ámbito se percibe en el criminal aprovechamiento para mandar mensajes a las Fuerzas Armadas, quizá el incremento en el flujo de armas en territorio nacional sea base de la motivación de dicho proceder
Tiembla en Baja California. No se trata sólo del singular fenómeno sísmico que literalmente ha estremecido durante días enteros a porciones del estado de ese nombre, especialmente a su capital, Mexicali.
Se trata de que en el otro extremo de la entidad, en Tijuana, la sociedad tiembla también, de miedo. Es que allí no cesa la violencia criminal, a pesar de que la renovación de gobiernos en el estado y en los municipios permitía esperar una nueva manera de contener el crimen.
Y no sólo no amaina la fuerza delincuencial, sino que en las semanas y días recientes adoptó la forma de un claro y abierto desafío al Ejército. Adosados a los cadáveres de seis personas ejecutadas aparecieron mensajes amenazantes, referidos a la campaña castrense destinada a recibir directamente denuncias sobre actos criminales.
Tijuana es uno de los muchos ejemplos de que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se apresuró a cantar victoria sobre la delincuencia organizada.
En una reunión del gabinete de seguridad nacional, en cuyas tareas tiene competencia, pero dedicada a hablar sólo de seguridad pública, tema semejante pero diferente y del que Gobernación quedó excluida al crearse la secretaría respectiva -la de Seguridad Pública federal- el responsable de la política interior, que no es jefe de gabinete, pero actuó allí como si lo fuera, dijo que el gobierno \”ha dañado la estructura del crimen organizado\”.
Agregó que en \”plazas donde su presencia fue significativa, ha dejado de serlo y hoy ya no están bajo su control\”. Se abstuvo de precisar a qué lugares se refería, quizá para no ser desmentido por la realidad. Si pensaba en Tijuana, ciudad prototípica en que ha reinado la delincuencia organizada, los hechos de la semana que hoy termina son un rotundo mentís a su afirmación.
Siete personas han sido ejecutadas, y de diversos modos -con cartulinas junto al cadáver y aun con letreros sobre el cuerpo mismo- las víctimas han sido utilizadas como macabros portadores de amenazas tendientes a desalentar la participación ciudadana en la campaña titulada Nosotros sí vamos, que el cuartel general de la Segunda Zona Militar inició a mediados de enero.
En una crítica implícita a la negligencia policial -que a menudo era más que abulia complicidad- el Ejército ofreció inicialmente un número telefónico y después un domicilio electrónico para recibir denuncias anónimas.
Más de mil 200 telefonemas y cerca de 400 mensajes por internet fueron cursados a las oficinas castrenses, sin que haya noticia de la veracidad de las denuncias y sus consecuencias, salvo en un caso. El 20 de enero una denuncia anónima permitió ubicar un arsenal y un centro de adiestramiento de sicarios.
En cambio, y según la interpretación oficial, compartida por las autoridades locales y las militares, una matanza sistemática pretende hacer que esa corriente denunciatoria cese o disminuya.
Con ese propósito se realizaron las siete ejecuciones de esta semana, no necesariamente para castigar a quienes hubieran hecho llamadas (aunque a alguna de las víctimas se la tachó de \”soplón\”) sino, tal vez aprovechando asesinatos que de todas maneras hubieran perpetrado (por cuestiones internas del narcotráfico), utilizar los cadáveres como mensajeros de ultratumba.
Es directa la referencia a la campaña en que el Ejército invita a los ciudadanos a participar en la preservación de la seguridad pública. \”Llámalos y nosotros sí vamos 685-0297 y mañana otro y todos los días\”.
El ritmo anunciado en ese amago fue superado, pues hubo dos muertos por día entre el martes y el viernes. Es de temer que la campaña contra la campaña no cese.
De surgir efectivamente de la delincuencia organizada la matanza destinada a inhibir o silenciar a los ciudadanos (algo imposible de saber hasta que fueran detenidos los responsables de los crímenes y confesaran sus móviles), la situación correspondería a una mudanza en la estrategia general de los grupos delincuenciales, sea los dedicados al tráfico de drogas o los que practican otros negocios ilegales muy rentables, como el secuestro, la trata de personas, el comercio de armas.
La tradición y lógica de los delincuentes es no enfrentarse con las fuerzas públicas, salvo en defensa propia o para rescatar a alguno de los suyos herido o capturado. Conviene a la buena marcha de esas actividades ilícitas por un lado el mayor silencio sobre sus tareas y la mayor tranquilidad en sus operaciones, que se consigue mediante manejos discretos o sobornos.
Pero atacar a la autoridad, o amenazarla, conspira contra los intereses de las bandas, que de ese modo abrirían un frente añadido a los que surgen de la práctica diaria de su actividad.
Excepto cuando jefes y agentes policiacos -cuyos asesinatos proliferan, pues el año pasado llegaron a 272- han tenido un trato directo con los delincuentes (por perseguirlos o por romper sus compromisos), no es costumbre de las bandas exponer sus intereses planteando y librando una guerra con la autoridad.
Pero, como decimos, quizá presenciamos un cambio en esa línea general de conducta, motivado por el peso creciente del tráfico de armas.
Reforzaría esa posibilidad el género de artefactos retenidos en las semanas recientes a grupos de sicarios. Las más de las veces la localización de los arsenales ha provenido del trabajo de inteligencia del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero el azar también ha contado y permitido sorprender cargamentos de armas con la apariencia de un alijo común y corriente.
No sólo el número de armas y el volumen de su parque inquieta por peligroso, sino que se han hallado bazucas, ametralladoras con tripié y hasta disparadores de cohetes antiaéreos, como si se tratara de librar una guerra donde no basta la destreza para huir del enemigo sino que se requieren aprestos para enfrentarlos.
No necesariamente el armamento capturado es parte de los arsenales del narcotráfico. Podría ser de negociantes en armas, que lo resguardan o lo conducen a su destino.
El mercado respectivo crece día con día, alimentado desde Estados Unidos, donde es legal ese género de comercio, ya sea en locales establecidos o en las 4 mil ferias consagradas a esos productos que se realizan anualmente en todo el territorio norteamericano.
No es infrecuente que las importaciones mexicanas se nutran con armamento robado en cuarteles de las Fuerzas Armadas. Los Zetas, como se identifica a los matarifes de la banda del Golfo, \”utilizan armas, granadas y lanzamisiles de fabricación estadounidense y uso exclusivo del Ejército\” norteamericano.
Apenas el 4 de febrero Reforma publicó una investigación al respecto:
\”Autoridades federales confirmaron que al menos en Tamaulipas han sido decomisados dos misiles tipo M72, arma contra tanques blindados de alta capacidad de destrucción, mientras que en el DF se aseguraron tres de esos lanzacohetes a los presuntos sicarios detenidos el 17 de enero que planeaban un atentado contra José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador jurídico de la PGR.
\”Este misil funde el blindaje de hasta más de 30 centímetros de espesor; al impacto genera calor de 760 grados y funde el acero\” (Reforma, 4 de febrero).
El armamentismo creciente, el auge de la actividad comercial que medra con él no es exclusivo de México.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha patrocinado el estudio Armas pequeñas y livianas. Una amenaza de seguridad hemisférica, un resumen del cual fue preparado por Georgina Sánchez, consultora independiente, especialista en prospectiva y seguridad.
Allí se lee que, en nuestro país, \”el fenómeno que caracteriza el mercado de armas es su fácil disponibilidad. En barrios de la Ciudad de México y prácticamente en todo el país, se pueden conseguir armas\”. Pero también estos mercados \”cuentan con fusiles ligeros AK-47, R15, fusil Gallil, por ejemplo, subametralladoras o armas que son muy difíciles de conseguir, incluso por parte de las autoridades…
\”Los precios de las armas son variables, oscilan entre 50 y 8 mil dólares las más sofisticadas, aunque las pistolas pueden variar de 50 a 150 dólares por un calibre 9 milímetros. Los precios también varían según si el arma ha sido utilizada en actos delincuenciales, especialmente en homicidios (si está \’caliente\’) o si se encuentra \’limpia\’\”. (emeequis, 4 de febrero).