Un par de reporteros que realizaban una investigación sobre venta ilegal de automóviles, en un “lote” en plena vía pública, que se extiende por toda la calle de Francisco Wizard, en la colonia Insurgentes, la cual tienen prácticamente secuestrada y restringido el paso con previa autorización de los “Mócalas” o los “Michoacanos”, como se les conoce a esos sujetos.
Los dos representantes de medios de comunicación y escritos, Antonio Neri y Omar Ruvalcaba, hacían anotaciones sobre por lo menos 100 unidades que se exponían a la venta en ese momento, varios de ellos montados en rampas de hasta un metro de altura, cuando fueron rodeados por un par de sujetos a bordo de una moto y otros más le impedían el paso; un tercer individuo arrojó una piedra de tamaño significativo contra la unidad perteneciente a la empresa para que la prestan sus servicios los reporteros, lo que provocó la rotura del vidrio y lesiones leves a Omar.
La película de protección de los cristales impidió que el proyectil provocara mayor daño a los reporteros, quienes fueron auxiliados por personal de servicios médicos, que acudieron al lugar tras el llamado de los profesionales del periodismo.
No obstante ninguna autoridad policiaca hizo presencia en el lugar. Incluso versiones de noticiarios locales hablan de que por radio se dio la orden a todos los policías de mantenerse al margen, ya que a decir de su comandante, este es un asunto competencia de la Secretaría de Vialidad y Transporte y no de la Policía Metropolitana.
Bastaron dos a tres minutos para que los más de 100 vehículos que estaban a la venta desparecieran del lugar y todos los responsables escaparan. por supuesto ninguno fue detenido
Tres horas pasaron para que se aperan en el lugar el director operativo de la policía metropolitana y tomara conocimiento de los hechos, pero sin intervenir directamente.
Esto provocó una serie de acusaciones de colusión de las autoridades con los “Mócalas”, ya que según vecinos del lugar constantemente pasan a cobrar sus cuotas e incluso dan muestra de una gran amistad con los agresores.
Ni la Procuraduría de Justicia del Estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni autoridad de gobierno alguna, han dado a conocer su opinión
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