Los privilegios al interior de Puente Grande se los han ganado los internos: González Jiménez

Es el dormitorio número 38, habitan sólo seis reos, en comparación con el resto donde puede haber hacinados hasta doce de ellos; uno de estos privilegiados es quien comanda las actividades dentro del Centro de Readaptación Social, Alejandro Mena Quirarte, el llamado rey de la “Banda del Carro”; dicen, incluso los mismos internos, que tiene mayor poder que Miguel Ángel Azueta, el Mike, a quien las autoridades responsabilizan de haber introducido las armas y la droga encontrada por las fuerzas federales el viernes pasado durante un operativo que ahora resulta fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pese a que su titular, Luis Carlos Nájera, ni siquiera estaba en la ciudad al momento de accionarlo.

El director general de Reclusorios del estado, José González Jiménez, trata de justificar que los privilegios de que gozan estos seis integrantes del grupo del dormitorio 38, donde el piso es de mármol, con ventiladores, y televisión por cable, entre otras prerrogativas, se los han ganado, por su buen comportamiento, porque han realizado donaciones importantes al mismo penal y porque siempre están atentos a ayudar en el mejor desarrollo de la vida interna.

Es decir, la visita que realizaron tres diputados panistas a la zona de sentenciados del Reclusorio de Puente Grande, en compañía de los dos funcionarios mencionados, viene a confirmar lo que ya un diario local dio a conocer desde ayer: “Las autoridades estatales sabían lo que ocurría al interior del Reclusorio Preventivo Metropolitano”.

Y es que a decir de los mismos reclusos, desde la administración anterior, cuando el estado era gobernado por Francisco Ramírez Acuña, y ya con Emilio González Márquez en esta nueva administración, que lleva más de tres años, se habían entregado cartas y documentos en los que se advertía con pistas y nombres lo que ocurría al interior de este complejo penitenciario.

Nada se hizo desde entonces, porque según lo publicado por el diario Público, “las autoridades reciben parte de las cuotas que pagan los internos que controlan la cárcel, para recibir privilegios como si se encontraran en un hotel de lujo”.

Quienes mandan son los internos

González Jiménez lo explicó de otra forma: han realizado importantes donaciones al Reclusorio, sin decir en qué se han utilizado o de qué tipo se trata. Lo que sí se nota, según lo constataron los reporteros que pudieron ingresar al penal sin cámaras de video o fotográficas, es que una celda ha recibido beneficios importantes y es precisamente, en la que habita quien realmente gobierna al interior del penal, como se explica arriba.

“Ahora los que mandan son los internos, desde el más bajo hasta el de más alto rango […] De manera descarada golpean a los elementos operativos porque intentan hacer revisiones, incluso a mí me han escupido la cara; si es que uno se queja, te va peor. Nos tratan como animales”, dijo uno de los guardias del lugar.

Las cuotas que pagan a los jefes de las áreas y otros puestos más elevados, según los informantes, son de aproximadamente diez mil pesos diarios para que les permitan trabajar en todos los negocios que se puedan hacer el interior de la prisión.

Documentos en poder de Público detallan que desde el 27 de marzo de 1997 se presentaron quejas ante el gobierno de Alberto Cárdenas, pero no se hizo nada por levantar una investigación.

Uno de los trabajadores, quien lleva más de trece años laborando como custodio y no proporcionó su nombre por cuestiones de seguridad, detalló que “en ese entonces les dijimos que hicieran algo, porque se estaba creando una bomba de tiempo, pero nunca hicieron nada”.

13 años tardaron en aceptar la realidad

El 25 de agosto de 2009, una carta firmada por custodios y personal de vigilancia del complejo llegó a la Secretaría Particular del gobernador Emilio González Márquez, y a los diputados del Congreso del Estado, para pedir su intervención en el lugar. Tampoco hicieron nada, aseguran.

“Ellos lo sabían. ¿Por qué no hicieron nada? Pues porque también reciben su dinero. Resulta que, después de que el Ejército llegó, siempre sí encontraron algo”, comentó el empleado, al referirse a la revisión militar.

Ahora, el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, dice que gracias a la intervención de la dependencia a su cargo se desmanteló la posibilidad de un motín de los internos. \”Es la primera ocasión que se hace una acción preventiva, se evita una desgracia y se pide la salida del funcionario que está evitando un mal mayor, yo creo que esto, si no se llama incongruencia, no sé cómo se llame\”.

Lo que no dijo el funcionario estatal, que recibió el espaldarazo del gobernador González Márquez ayer, es que esta “bomba de tiempo” está activa desde hace más de 13 años y nada se había hecho. !3 años pasaron para que se diera cuenta el titular de la SSP estatal de que la intervención era necesario para sacar de un dormitorio armas como rifles de asalto R-15, pistolas, computadoras, drogas, celulares, pero no acabar con los privilegios “porque se los han ganado a pulso”, según dicen las mismas autoridades.

De acuerdo con la información que se proporcionó, tras interesante visita de tres diputados panistas, que no incluyó el reclusorio preventivo, lugar donde se realizó el cateo el viernes pasado por parte del Ejército y policías estatales, el personal en sus distintos niveles de actuación, fue cambiado de lugar, para de esa forma desactivar la red de corrupción hacia el interior. Ninguno ha sido consignado y se anda tras la pista de quienes ya son señalados como responsables, Héctor Medina Covarrubias, director del reclusorio metropolitano, y el responsable de seguridad interna del mismo, Fernando Miguel Reyes Jiménez, quienes permanecen ausentes de su trabajo tras el decomiso realizado; pero, además, se conoce que ya consiguieron una suspensión judicial de parte de un juez federal, en la Ciudad de México,con la cual evitan ser detenidos ante cualquier acción que se pueda ejercitar en su contra. Es decir, no están totalmente desaparecidos, fueron a buscar su protección ante posibles delitos que se supone cometieron.

Según informes proporcionados por autoridades federales, Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, alias el Mike, presunto líder del autogobierno en el penal, también se amparó para no ser trasladado a otro penal o que se le cambie de su dormitorio, el número 22. (Guadalajara. Público)

Reubican a reclusos

José González Jiménez explicó que fueron cerca de 15 personas las que se reubicaron, sin embargo, aceptó que se tendrá que cambiar de lugar al personal de todo el sistema de seguridad.

\”La investigación del área jurídica administrativa va a deslindar responsabilidades desde el punto de vista tanto administrativo, como omisivo, (algunos casos) serán posiblemente causales de cese\”, puntualizó.

González Jiménez comentó que todos serán sospechosos hasta demostrar lo contrario, y que la investigación llegará a fondo, incluso hasta personal de nivel ejecutivo.