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El Informe Preliminar que la comisión investigadora del Caso de la Guardería ABC entregó hoy a la SCJN estima que funcionarios de los tres niveles de Gobierno están involucrados en la violación de garantías individuales en torno al incendio en el que murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora.
La comisión consideró que sí existió violación grave de garantías individuales en este caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el ex Director General del IMSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, y el ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
"Los titulares de los órganos de autoridad que se estima involucrados en la violación de garantías individuales propiciada por el incendio de la Guardería ABC, pueden apreciarse de manera mas clara en la siguiente relación: 1. Del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) Director General Juan Francisco Molinar Horcasitas. b) Director Jurídico Fernando Gutiérrez Domínguez.
"2. Del Gobierno del Estado de Sonora. a) Gobernador del Estado de Sonora Eduardo Bours Castelo. b) Secretaria de Hacienda. Miguel Eugenio Lohr Martínez. (…) 3. Del Ayuntamiento de Hermosillo. a) Presidente Municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou. b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, Javier Hernández Armenta", refiere el informe.
El informe preliminar fue turnado al Ministro Fernando Franco, quien dará vista con el documento a dichas autoridades y eventualmente presentará a sus colegas un proyecto de dictamen que contendrá el pronunciamiento final de la Corte. El dictamen no tendrá efectos jurídicos ni generará responsabilidades concretas para los involucrados.
Asimismo, consideró que en la asignación de contratos a guarderías subrogadas del IMSS existe una situación de desorden generalizado así como en su operación y supervisión,
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, que durante 6 meses indagaron el caso, presentaron al Pleno de la Corte su informe preliminar, en el que también afirmaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) carece de facultades legales para otorgar este tipo de contratos.
La auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas reveló que sólo el 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo cabalmente con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, sólo catorce fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.
"Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado", afirmó Mota.
La magistrada agregó que si bien el IMSS ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar este tipo de verificaciones.