Razones
Jorge Fernández Menéndez
“Todos los responsables de las muertes en la discoteca News Divine serán castigados” dijo ayer el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Pero, ¿qué se entiende por responsabilidad y qué por castigo?: porque la cultura de la responsabilidad, la formación ética y política, difiere con las latitudes.
Veamos. París, Francia, primero de julio. El general Bruno Cuche, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de ese país, el más alto cargo militar galo, presentó su dimisión, que fue inmediatamente aceptada por el presidente Nicolás Sarkozy. Según la prensa local, al general Cuche, un hombre de enorme prestigio y que se retiraría con todos los honores en agosto, “no le quedaba otra alternativa”, luego de que el domingo pasado, en una exhibición en el lejano cuartel del tercer regimiento de paracaidistas de infantería de marina en la localidad de Carcasona, un soldado se equivocó de cartuchos y en lugar de los de salva utilizó balas reales. El saldo fue de 17 civiles heridos, ninguno fallecido, que habían sido invitados al lugar para ver la exhibición de ese grupo militar. El sargento responsable ya ha sido acusado de homicidio involuntario. Y el general Cuche decidió presentar su renuncia. El general afirma en su carta que, “en tanto que jefe militar, pretendo asumir plenamente las responsabilidades que me fueron confiadas por el presidente de la República”. Y renunció. El Elíseo la aceptó inmediatamente y emitió un comunicado donde no agradece las décadas de servicio del general y dice que “el presidente de la República espera que los ejércitos saquen todas las conclusiones en cuanto a su organización y su funcionamiento”. El ministro de Defensa, Hervé Morin, un civil, afirmó que el general asumió que los hechos concernían a su responsabilidad directa y que “optó personalmente por renunciar sin que nadie se lo hubiese solicitado”.
Vamos a México, DF, el mismo primero de julio y cuando ya se cumplieron más de diez días de la muerte de 12 personas, casi todas adolescentes, a las cinco y media de la tarde en la discoteca News Divine. El jefe de Gobierno capitalino, al mismo tiempo que decía que esperaría los informes de la Comisión de Derechos Humanos del DF y de la Contraloría Interna, para sancionar a los responsables de los hechos, reivindicaba y confirmaba, en un acto público, a Joel Ortega, como secretario de Seguridad Pública y jefe de los mandos que realizaron el operativo. Quien hace la investigación, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas, sigue librando órdenes de aprehensión a policías de cada vez más bajo nivel, pero a ninguno de los mandos de la corporación, ni mucho menos de la Procuraduría. El único de un perfil relativamente alto es Guillermo Zayas, encargado del operativo, quien dice que él no tenía esa responsabilidad, sino funcionarios de la Procuraduría capitalina. Ésta se supone, entonces, que se investiga a sí misma. Zayas se exculpa diciendo, además, que en el nuevo comando unido de la Unipol no hay todavía manuales de procedimiento y que, por lo tanto, no se puede saber quién es el responsable. Y, también, presenta como argumento de su defensa el mismo documento que utilizó el ahora procurador, hace cuatro años, para defender a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Seguridad Pública del DF, cuando fueron asesinados por una turba, en Tláhuac, ante la indiferencia de la policía y de las autoridades locales, dos policías federales y un tercero quedó malherido. Félix Cárdenas rechaza que Zayas utilice sus mismos argumentos de defensa de antaño, diciendo que viola “sus derechos de autor”.
Se asegura que se esperará la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del DF para determinar otras responsabilidades, pero lo cierto es que Emilio Álvarez Icaza, ante la comisión creada para el tema en la Asamblea Legislativa, ha dicho que no está contando con la colaboración plena de la Procuraduría capitalina (que quiere tener el monopolio de la investigación), particularmente, del Ministerio Público 50 y, por lo menos hasta la noche del martes, no se le había enviado, siquiera, el expediente de la indagatoria. Tampoco las fotografías tomadas ilegalmente, donde también habían sido trasladados de manera ilegal, en el sector Pradera de la SSP-DF, los jóvenes detenidos. Más grave aún: el ombudsman capitalino sostuvo que existen presiones muy fuertes tanto sobre servidores públicos como a víctimas, para que no presten su testimonio. Incluso, Álvarez Icaza aseguró que varios de esos testimonios se darán a conocer en forma anónima, aunque la Comisión sí tiene identificados a los denunciantes, para evitar represalias de las partes involucradas.
En realidad lo que se confunde son las responsabilidades penales con las civiles y ambas con la responsabilidad política. Por ejemplo, ¿es Guillermo Zayas responsable de homicidio doloso (o sea que con dolo permitió la muerte de las 12 personas), su testimonio para deslindarse es absurdo, pero, dirigió el operativo y, entonces, cuál es su verdadera responsabilidad penal? ¿Por qué esas mismas responsabilidades no se amplían a otros mandos de la SSP-DF y de la Procuraduría capitalina? ¿Por qué el dueño del local está preso, acusado de corrupción de menores y de homicidio culposo y quienes otorgaron los permisos de operación, los renovaron e inspeccionaron el local y lo dejaron seguir funcionando, no tienen ningún cargo en su contra? ¿Cómo pueden las distintas autoridades capitalinas de alto rango acusar a los mandos medios y bajos y no asumir sus respectivas responsabilidades?
No dudo de que Marcelo Ebrard, Rodolfo Félix Cárdenas o Joel Ortega sean hombres honestos y entregados a su labor, pero, ¿ninguno asume su responsabilidad, aunque fuera retóricamente? Quizá lo que sucede es que no están hechos, todo lo indica, de la misma pasta que el general Bruno Cuche.