Alfonso Zárate
Usos del poder
Los excesos se reproducen: licencias ilegales, inspectores que lucran haciéndose de la vista gorda, policías que extorsionan
Doce personas, nueve jóvenes y tres policías, perdieron la vida el viernes 20 de junio tras “una operación administrativa” en la discoteca New’s Divine en la colonia Nueva Atzacoalco. El hecho —indignante, censurable— vuelve a exhibir una de las partes más oscuras de las relaciones entre las autoridades delegacionales y centrales del Gobierno del DF y las mafias de la ciudad (de la prostitución, el tráfico de drogas, el comercio ilegal…).
En el DF —gobernado desde hace más de una década por el PRD— todo o casi todo se convierte en negocio ilícito: el manejo de la basura; los contratos de obra pública; los permisos para uso del suelo y construcción; la invasión de la vía pública por comerciantes que expenden artículos pirata, contrabandeados o robados; la seguridad de los negocios que se contrata con la Policía Auxiliar; la autorización para la operación de giros negros…
Ineptitud, falta de profesionalismo y negligencia convirtieron el “operativo” en tragedia. No fue sólo la muerte; siguieron las vejaciones y los abusos de los policías contra los chamacos. La Procuraduría General de Justicia del DF no se salva: unas 30 muchachas fueron obligadas a desnudarse y fueron fotografiadas y marcadas con un número en la mano.
Esta vez los hechos ocurrieron en la delegación Gustavo A. Madero, a cargo de Francisco Chíguil, pero en verdad no importa quién gobierne; los mismos excesos que se conocieron en los tiempos del PRI se reproducen hoy con jefes delegacionales del PRD o del PAN: autoridades que otorgan licencias de operación a pesar de que los solicitantes no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios; inspectores que lucran haciéndose de la vista gorda ante las violaciones flagrantes a los reglamentos; policías que extorsionan. Una excepción es Gabriela Cuevas, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, que ha mostrado responsabilidad y valentía en su lucha contra la corrupción: no han sido pocos los table dance que han sido cerrados por carecer de las medidas de seguridad indispensables o no contar con las licencias de funcionamiento.
Una investigación seria debe fincar responsabilidades. Por un lado, al manejador del antro (Alberto Amaya, presunto prestanombres de un funcionario delegacional) y a quienes implementaron el operativo. Pero no puede quedar allí todo, están las autoridades que otorgaron la licencia de funcionamiento de un lugar que no cumplía con los requisitos reglamentarios; los responsables de la inspección y verificación que encubrieron las faltas, etcétera. Detrás de estas autorizaciones y tolerancias hay todo un itinerario de corrupción.
¿Qué sigue? ¿Apostar otra vez a la desmemoria colectiva? Pero la sociedad también tiene su parte en las responsabilidades. En 2006 —como lo había hecho en elecciones anteriores—, el efecto Peje llevó a la mayoría de los electores de la ciudad de México a votar en automático por los candidatos del PRD, muchos personajes con negras historias y largas colas; algunos controladores de grupos de taxis pirata, comerciantes ambulantes, “invasores de predios”, hoy tienen fuero o son jefes delegacionales.
“Si prevalece la indiferencia y la apatía de los ciudadanos —dice la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, María Elena Pérez Jaén—, la negligencia y corrupción de los servidores públicos para cumplir con la normatividad, y la impunidad de la que gozan los dueños de este tipo de establecimientos, antros como el New’s Divine, como Lobohombo, seguirán funcionando en todo el país hasta que un operativo mal ejecutado, una mala decisión o un incendio vuelvan a ocasionar otra tragedia”.