El 16 de mayo del presente año, la Procuraduría General de la República dio a conocer que
\”las antenas, ubicadas en el cerro “La Chiva” , en el estado de Sinaloa, fueron decomisadas por elementos del Ejército mexicano, por lo que abrió una investigación por “posible comisión de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación” .
Dos meses y medio después, nos vienen a decir nuevamente que la misma Procuraduría \”investiga la instalación de 41 antenas de comunicación en cuatro cerros del estado de Sinaloa, al parecer operadas por grupos del crimen organizado\”.
Las antenas, que ahora resguarda el Ejército mexicano, están instaladas en los cerros del Venadillo, El Caracol, Lomas del Ébano, Nevería y en las inmediaciones de un rancho, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, reveló un comunicado del portavoz de la Operación Conjunta Culiacán Navolato, en el que participan unos 4 mil soldados y agentes federales.
Hacer referencia a lo informado en mayo no es casual, tiene sentido por el hecho de que lo mismo que se dice ahora -según la agencia española EFE- se dijo en aquel entonces:
\”un grupo de narcotraficantes y sicarios del crimen organizado que operan en la región utilizan diferentes medios de comunicación electrónicos como radios, retransmisores, antenas repetidoras, amplificadores y otros medios técnicos (…) con fines criminales\”.
Estos aparatos además han afectado seriamente el espectro radio eléctrico en las frecuencias de las poblaciones aledañas, agregó.
Las autoridades dan un periodo de diez días para que los dueños de las antenas acrediten su propiedad, y en caso de no hacerlo serán desactivadas.
Mi pregunta es: ¿a cuál información le hacemos caso? o ¿nos quieren sorprender con aquello de los resultados de la Operación Conjunta Culiacán Navolato?, allá ellos y los desinformados.