Miguel Ángel Granados Chapa
Plaza Pública
El martes pasado Ebrard y Ortega acudieron a la celebración del Día del ingeniero. El ahora jefe, y antecesor del secretario de Seguridad Pública, aprovechó el festejo para \”reconocer el trabajo que ha llevado a cabo, siempre con valor, con lealtad, con honestidad, el ingeniero Joel Ortega, aquí presente\”. Honrado así ante su gremio, y ante la opinión pública, Ortega se marcharía por decisión propia. Tendría una salida airosa y no quedaría despedido por errores graves de la corporación a su cargo en un caso de extrema delicadeza.
Pero 48 horas después de conocido ese juicio laudatorio, Ortega sigue en su puesto, con lo que las palabras de Ebrard se convierten en expresiones de solapamiento y eventualmente de complicidad. Un móvil ignorado habría conducido al jefe de Gobierno de un extremo a otro: la semana pasada citó a una conferencia de prensa cuyos convocantes sugirieron que versaría sobre la renuncia de Ortega. Una conversación previa entre los dos funcionarios parece haber concluido en la permanencia del secretario en su sitio. Para no dejar plantados a los medios de información, Ebrard apareció ante ellos para anunciar que Francisco Chíguil, jefe delegacional en Gustavo A. Madero, pediría licencia mientras se investigaba la participación de personal a sus órdenes en el proceso administrativo de la discoteca de mala muerte. Los jefes delegacionales no dependen del jefe del gobierno central, pues unos y otro derivan su autoridad del voto ciudadano, de modo que Ebrard no tenía por qué ser el conducto para el paso dado por Chíguil.
Interrogado días atrás, poco después del atroz acontecimiento del 20 de junio, sobre la suerte de Ortega, Ebrard dijo que completaría su juicio sobre la actuación de su colaborador al conocer los informes y la recomendación que prepara la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Antes de que esos documentos se emitan, anticipándose quizá a su contenido, Ebrard ha decidido solidarizarse con Ortega y no acuciarlo para que se marche del gobierno.
No es difícil suponer el sentido de los reportes de la CDHDF. Sin faltar a la discreción sino hablando formalmente ante legisladores capitalinos, el ombudsman de la Ciudad de México ha lamentado que la tragedia de la discoteca tenga entre sus orígenes, además de las causas específicas, la desatención de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de justicia a las recomendaciones de la comisión. De 2004 a la fecha ha emitido siete recomendaciones sobre operaciones policíacas, y ha hecho llamados acerca del trato a los jóvenes y en materia de uso de la fuerza y evaluación de ese uso de la fuerza. Álvarez Icaza dijo a los diputados locales, que realizan su propia indagación, que la SSP es renuente a la presencia de personal de la comisión en sus operativos: \”Cuando la autoridad sabe que hay visitadores, el comportamiento es distinto (porque) genera un factor de inhibición\”. Precisó que \”la SSP tenía obligación de avisarnos\” y no lo hizo: \”no sabíamos del operativo\” (Reforma, 2 de julio).
La responsabilidad política de Ortega en este caso, que debería conducirlo a la renuncia, se refuerza con los avances de la averiguación previa. La Procuraduría enumeró 19 defectos de la operación conducida por jefes policíacos y el responsable de la misma está ya, desde el miércoles, formalmente preso por homicidio doloso. Guillermo Zayas se ha convertido así en el principal responsable de los hechos desde la perspectiva penal. ¿Es exagerado proponer que su jefe, quien lo atrajo a la SSP después de su salida de la Procuraduría donde desempeñó un papel relevante, deba tener una responsabilidad política de gran alcance, congruente con la que se imputa penalmente a Zayas?
Desde la mañana siguiente a la tragedia del News Divine parece haber quedado a la vista una sorda disputa de competencias, de poder y de imagen entre la Procuraduría y la SSP. Aprovechar la muerte de 12 personas para dirimir una querella burocrática o política sería más que irresponsable ruin, y acaso por ello Ebrard ha tenido necesidad de situarse por encima de la disputa (en vez de ordenar que cese) y ejercer un arbitraje que hiciera necesario contrastar con un elogio suyo la cauda de evidencias contra el personal policíaco manejada por el Ministerio Público. Situarse como tercero en discordia dentro de su gabinete y de su equipo de operación política sería, en Ebrard, también una distorsión inadmisible del servicio público, especialmente en una circunstancia que hiere tanto la sensibilidad pública.
Ebrard y Ortega han tenido un desempeño político y administrativo cercano, desde los años ochenta y noventa, en que pertenecieron al grupo encabezado en el gobierno priista de la ciudad por Manuel Camacho. Quizá esa proximidad obliga a Ebrard a un trato cuidadoso a Ortega, que lo lleve a propiciarle una salida digna. Si no fuera así, si privilegiara el espíritu de cuerpo sobre el servicio a la ciudad, Ebrard erraría el camino.