Peña Nieto: Una historia de amor… y espionaje

Esta historia, publicada por el semanario proceso en su edición de este domingo, que ya está en circulación, guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados de 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político.

El contexto: la contienda rumbo al 2012.

Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR.  Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.

La llamada fue alrededor del medio día y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles” que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.

Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.

En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.

Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.

Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.

Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.

Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.

Funcionarios y policias
en las narcorredes del Edomex

La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los Zetas.

Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco.

Sus conexiones llegaron muy alto, tanto que, antes de ser asesinado, administraba 15 tienditas, se ligó a Los Zetas y, de acuerdo con su declaración ministerial, rendida como testigo protegido de la PGR (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08), el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, permitió el posicionamiento del cártel de La Familia en toda la entidad y ordenó echar a Los Zetas del territorio mexiquense, lo que derivó en disputas y muertes, según refirió.

Aquella mañana, Sánchez Avendaño se acicalaba para salir a realizar sus actividades de costumbre. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que por fin contestó. Del otro lado del auricular una voz era insistente:

–Queremos verte, Noé. Tenemos un dinero para ti y una información que darte.

–¿Qué información? –preguntó a sus amigos un tanto abismado.

–No te podemos decir por teléfono. Nos urge verte. Nos vemos a las siete de la noche en La Marquesa…

–Está bien. Ahí nos vemos.

Semanas antes de su muerte, Noé Sánchez había acudido a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para denunciar el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan, de 28 años, quien supuestamente fue plagiado por miembros de la organización delictiva La Familia michoacana, quienes comenzaban a “limpiar” la plaza de Zetas y a coludirse con las autoridades mexiquenses para sentar sus reales en la entidad, lo que más tarde lograron.

Con base en la denuncia interpuesta por Noé Sánchez, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/208/09, en la que el denunciante reconoció que tanto él como su hermano se dedicaban al narcomenudeo, por lo que la PGR determinó retenerlo. Luego se acogió al programa de testigos protegidos bajo el argumento de que “ya estaba harto de estar metido en ese negocio”.

Así fue como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia –protegía una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del estado de México con el apoyo de las policías estatal y federal.

A través de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, la PGR también conoció los pormenores de los vínculos que comenzaban a tejer miembros de la organización delictiva La familia michoacana tanto con Manzur como con agentes estatales y miembros de la escolta del actual secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, cuyo entorno se ha visto envuelto en sospechas por las presuntas complicidades de su personal de confianza con el narcotráfico (Proceso 1664).

Las declaraciones del testigo protegido Noé Sánchez ante la SIEDO pronto comenzaron a cobrar forma en la realidad: el 11 de junio de 2008, por ejemplo, fue asesinado Braulio Hernández, quien se desempeñaba como escolta de Cuitláhuac Ortiz –exdirector de la Policía Ministerial y exescolta de Benítez Treviño –quien también fue ejecutado por su presunta relación con el tr
áfico de drogas.

Según las investigaciones de este caso, a Cuitláhuac Ortiz lo ejecutó el policía Manuel Magaña García, El Gris, quien dependía del comandante Javier García Carrasco, éste señalado como uno de los múltiples filtros de información al servicio de La Familia.

Extracto del reportaje publicado en la edición 1738 de la revista Proceso, ya en circulación.