(AFP-DPA-La Jornada).- Estados Unidos debería retener una parte del dinero que le otorga a México para el combate al narcotráfico mediante la Iniciativa Mérida, hasta en tanto los militares mexicanos que violen derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles, estimó este lunes Human Rights Watch (HRW).
En un carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la organización no gubernamental (ONG) pide que Estados Unidos no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos de la Iniciativa Mérida hasta que los militares que comentan abusos sean llevados ante la justicia civil.
"El gobierno de (el presidente estadunidense, Barack) Obama debe exigir enérgicamente que se cumpla con los requisitos de derechos humanos incluidos en el paquete", indicó en la carta el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
La organización recuerda que el Congreso estadunidense ordenó que se retuviera el 15 por ciento de los fondos a México aprobados el año pasado y que contemplan más de 700 millones de dólares hasta la fecha en apoyo logístico y de capacitación para combatir el crimen organizado.
En este sentido, HRW reclama que dicha retención sea efectiva "hasta que la secretaria de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro condiciones de derechos humanos", especialmente que "los abusos militares estén siendo investigados y juzgados por autoridades civiles, y no por las militares".
"HRW recomendó que Clinton emitiera un informe por escrito en el que certifique que México cumple con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida si y sólo si puede determinar que dicho país ha reformado efectivamente su sistema de justicia militar", agrega.
En la misiva, HRW eleva su preocupación por "abusos graves" de los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como violaciones, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.
Por ello, considera indispensable que, por ley, se garantice que todas las violaciones graves de derechos humanos sean juzgadas ante autoridades civiles y que, en la práctica, sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles, al estimar que los agentes del Ministerio Público y los jueces militares mexicanos no gozan de suficiente independencia.
Según la ONG, en 10 años los tribunales militares mexicanos no han condenado ni a un solo miembro del Ejército acusado de violar derechos humanos.
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