Como si el ambiente requiriera de quien atice el fuego, después de las controvertidas declaraciones del director del CISEN, Guillermo Valdés, de que el narco puede haber alcanzado campañas de legisladores; ahora es la PGR la que acusa a por lo menos 80 municipios de estar coludidos con el crimen organizado.
Datos de la Procuraduría General de la República indican que el narcotráfico controla 80 municipios del país y la actividad delictiva en ellos; cobra derecho de piso a empresas, una especie de impuesto, y lucra con la trata de seres humanos dedicados a la prostitución.
La influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
Las pesquisas arrojan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.
Desde el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional comenzó a elaborar un mapa de los municipios que están bajo el control del narcotráfico. Con esos reportes se tomaron decisiones para el despliegue de operativos en los que participan fuerzas del Ejército y elementos de la Policía Federal.
(Con información de El Universal)