El costo de la \”pacificación\”.(supuesta negociación del gobierno con narcotraficantes)
(Ravelo Ricardo, Castellanos Francisco, Proceso, 26 de noviembre de 2006, CISA Comunicacion e Informacion, S.A. de C.V.)
Al tiempo que recrudece la violencia del narcotráfico en Michoacán, un documento de inteligencia revela que los cárteles de Sinaloa y del Golfo quieren pactar con el próximo gobierno federal la \”pacificación\” del país a cambio de impunidad. La escalada actual sería precisamente por demostrar cuál de las dos organizaciones puede garantizar el cumplimiento de esa oferta.
MORELIA, MICH. — Amplias comunicaciones marítimas y terrestres, conexiones con el Golfo de México y el océano Pacífico y sus tierras fértiles para cultivar mariguana y amapola, convierten a esta entidad en el territorio más codiciado por los cárteles de la droga, que se han afincado y estrechado sus vínculos con los cuerpos policiacos, alcaides, regidores, síndicos y con todo esquema de poder que les garantice impunidad.
Pero actualmente está en juego algo más que el control de la plaza: en la entidad natal del presidente electo, Felipe Calderón, cuatro organizaciones criminales están en abierta disputa no sólo por el dominio del estado, sino por seis años más de vida impune en el negocio de las drogas.
Y es que desde estas tierras, donde se han perpetrado 470 ejecuciones, se pretende \”forzar\” una negociación con el próximo régimen, según datos del Grupo de Inteligencia de Zona (GIZ) a los que este semanario tuvo acceso.
Tal informe dice, en una de sus partes medulares, que esa es la principal razón por la cual la violencia alcanza ya niveles preocupantes, pues las autoridades se ven rebasadas por los choques de alto impacto entre las bandas del crimen organizado. El GIZ realizó una amplia radiografía del narcotráfico y una de sus principales conclusiones es que, desde Michoacán, se busca pactar con el gobierno de Felipe Calderón.
Según esos mismos informes, el cártel del Golfo –intacto a pesar del encarcelamiento de su líder, Osiel Cárdenas– y el cártel de Sinaloa habrían ofrecido al próximo presidente de la República \”tranquilizarle el país\” a cambio de que su gobierno, que inicia el próximo 1 de diciembre, les otorgue concesiones y libertades para operar en toda la República el negocio de las drogas: el cártel de Sinaloa –privilegiado en el sexenio foxista– pretende mantener la hegemonía, en tanto que el del Golfo busca obtener las concesiones que presuntamente el \”gobierno del cambio\” le ha negado.
La oferta del cártel del Golfo, según el GIZ, cobró fuerza en los últimos meses, cuando hizo su aparición pública una célula del cártel del Golfo que se hace llamar La Familia Michoacana y que, entre otros objetivos, propuso \”limpiar\” el estado de todos los grupos de narcotraficantes.
De esta manera, tanto la llamada \”Federación de Narcotraficantes\” –integrada por los Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ismael El Mayo Zambada, Nacho Coronel y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo– como el cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, empezaron a enfrentarse con el objeto de \”poner fin\” a una guerra que ya rebasó a las autoridades estatales, pero cuyo objetivo –según los datos del GIZ– es demostrar quién puede acabar con la guerra entre las bandas.
Según el GIZ, el país tendría que mostrar signos de tranquilidad antes del 1 de diciembre y estar totalmente en calma en los primeros seis meses del nuevo gobierno, una vez que se hayan \”erradicado\” los grupos violentos del narcotráfico de los territorios en disputa.
Tanto el cártel de Sinaloa como el del Golfo tienen presencia en los 113 municipios de Michoacán, de acuerdo con informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y han utilizado el puerto de Lázaro Cárdenas, así como los más de 200 kilómetros de litoral, para reabastecerse de la droga que proviene de Colombia y que en esas costas es fácilmente \”bombardeada\” o entregada a sus clientes.
Sin presencia militar ni policiaca, Michoacán está convertido en un territorio que otorga amplias facilidades para operar el narcotráfico: los embarques de cocaína provenientes de Barranquilla, Colombia, así como de otras ciudades de ese país, llegan en lanchas rápidas a las costas michoacanas. Un dato confirmado por Proceso en la delegación de la PGR en Morelia, es que \”se han tenido informes de que la droga también arriba al estado en submarino\”, y que los cargamentos son guardados en casas de seguridad de la zona conocida como Coahuayana, en los límites con Colima, desde donde parten hacia Estados Unidos.
La presencia de los cárteles en el estado tiene una razón: según estimaciones de la PGR, en Michoacán se consumen 60 kilos de cocaína todos los días, lo cual arroja una ganancia para las organizaciones criminales de algo así como 4 millones 800 mil pesos diarios, lo que al mes representa una utilidad de 144 millones de pesos.
Rompecabezas del narco
Según el mapa criminal que realizó la SIEDO, las más poderosas organizaciones del narcotráfico presentes en Michoacán son el cártel del Golfo y el de Sinaloa, cuyas ramificaciones han tejido amplias redes de complicidad en al menos cien de los 113 municipios del estado.
Desde 1998 y hasta 2003, el cártel del Milenio, encabezado por los hermanos Valencia Comelio, impuso condiciones en el estado, bajo el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, en cuyo sexenio este grupo criminal vivió su etapa de esplendor. El del Milenio era el cártel más joven en el país, pero el alcance de sus operaciones pronto lo convirtió en una organización poderosa: introducían a Estados Unidos cerca de 50 toneladas de cocaína mensuales en barcos atuneros y en embarques de aguacate.
Pero el respaldo más importante de los Valencia eran sus relaciones políticas, pues siempre se significaron por financiar campañas de alcaldes y hasta de gobernadores. Desde 1998, los Valencia tejieron complicidades con políticos michoacanos: una de sus relaciones más escandalosas fue la que trabaron con el exsenador priista José Antonio Garcia Torres, frustrado aspirante al gobierno michoacano. Por lo menos desde finales de los noventa, García Torres ha sido mencionado en informes de inteligencia como presunto contacto de los hermanos Valencia y del cártel de Tijuana, que se asentaron en Michoacán precisamente durante el gobierno de Tinoco, en cuya administración García fungió como secretario de Gobierno.
En el informe de inteligencia titulado Conjunto de irregularidades y desvíos de recursos del gobierno de Michoacán –con clave V-1 1996-1998 –, elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reforzado con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), se afirma que García Torres \”buscó patrocinio económico de la familia Valencia en la pasada campaña (electoral) y que éstos aceptaron a cambio de no ser molestados\”.
La historia de este personaje está plagada de claroscuros: fue subprocurador general de la República con Jorge Carpizo; García Torres es el mismo personaje que, según denunció en su momento el abogado José Antonio Sánchez Ortega, exdefensor del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, aparece registrado en las bitácoras de varios vuelos sospechosos que personal de la PGR realizó a Guadalajara antes y después del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y que se han mantenido bajo reserva (Proceso 1422).
Tras la caída de Armando Valencia, El Maradona, el cártel del Milenio no perdió fuerza. Entró en confrontación con el cártel del Golfo, pero ha mantenido su coto de poder en Uruapan, Apatzingán, Aquila y Coahuayana. El mapa criminal de la PGR señala, por ejemplo, que Guerrero y Jalisco –estados vecinos de Michoacán-están bajo la hegemonía de los hermanos Beltrán Leyva, socios de Joaquín El Chapo Guzmán. Este grupo, el más poderoso que opera en el país, ha penetrado con violencia a Michoacán para desplazar a su competencia.
El cártel de los Carrillo, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, ocupa Tacámbaro y Zamora. Los Texas –extensión del cártel del Golfo– se afincaron en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. A otra familia de apellido Valencia, conocida como Los Chelos y sin línea de parentesco con los Valencia Cornelio, aunque también dedicada al narcotráfico, se le atribuye el control en La Piedad y El Bajío.
El cártel del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas, domina toda la costa michoacana y la zona portuaria de Lázaro Cárdenas, adonde arriban grandes cargamentos de droga en contenedores, disfrazados de mercancías de importación.
El único cártel que perdió fuerza en Michoacán tras el debilitamiento de los hermanos Amezcua Contreras, sus socios, son los Arellano Félix, quienes ahora aparecen en los informes de la SIEDO estrechamente vinculados con el cártel del Golfo. Según la SIEDO, aunque las cuatro organizaciones se disputan el mercado de las drogas y el control del estado, la guerra está centrada entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa.
La PGR atribuye al cártel de Sinaloa y a su brazo armado –ahora reforzado con los pandilleros de la Mara Salvatrucha– las decapitaciones de narcotraficantes y policías en Michoacán. La PGR atribuye a este grupo criminal las cinco muertes de las perso nas cuyas cabezas fueron arrojadas a la pista de baile del bar Sol y Sombra la madrugada del 6 de septiembre en Uruapan.
Alto poder
Por lo menos en los últimos tres años –pero con mayor intensidad durante el 2006– la violencia del narcotráfico esta11ó, sin tregua, en Michoacán. La proliferación de los cárteles de la droga ha tenido como principal escudo de protección a las policías municipales y, de acuerdo con la PGR, la mayoría de los cuerpos policiacos tiene alguna función en el esquema de operación del narcotráfico en la entidad.
Las policías municipales terminaron vinculadas con las organizaciones criminales y se convirtieron así en \”blanco\”: un total de 35 jefes policiacos y policías de tropa han sido asesinados, presuntamente por brindar protección a estas bandas, según estadísticas de la Procuraduría de Justicia del estado. Y según la PGR, buena parte de los cuerpos policiacos de Michoacán están al servicio de algún cártel.
Otros datos de la SIEDO revelan cómo Los Zetas se han ligado a los cuerpos policiacos. De acuerdo con la causa penal 109/2006, 26 policías de Apatzingán están coludidos con Los Zetas, por lo que en agosto pasado fueron arraigados y consignados. La ficha de la PGR sobre los agentes establece que \”colaboran con la organización delictiva denominada Los Zetas, quienes presuntamente controlan el tráfico de droga en Apatzingán, Michoacán\”. Y entre los policías relacionados con Los Zetas se menciona a Gabriel Torres González, director de la Policía Municipal de Apatzingán.
En el municipio de Turicato, el presidente municipal nombró como jefe de seguridad pública a su pariente Jesús Piedra Villalobos.
–Puedes hacer lo que tú quieras, tienes todo mi apoyo político –le dijo el alcaide al jefe policiaco.
Y tan pronto como asumió el cargo, entre los días 16 y 17 de noviembre, arribó al municipio un grupo de desconocidos, entre ellos dos militares que extrañamente fueron habilitados como policías. Con la libertad de la que gozaba y \”el apoyo político\” del alcaide, de inmediato Piedra Villalobos dotó de armas al grupo. A pesar del bajo presupuesto del ayuntamiento, dispuso de rifles AR-15, calibre .223, pistolas .9 milímetros y 38 súper, sin que el equipo de nuevos policías presentaran documentación que acreditara su personalidad, sin un proceso de selección y, peor aún, sin constancia alguna de sus cursos de adiestramiento.
Tras investigar los hechos, la PGR comprobó que ese grupo tenía vínculos con diversos delitos, desde narcotráfico hasta robo y tráfico de personas. Por esa razón, fue detenido y consignado el director de Seguridad Pública, Piedra Villalobos, junto con el grupo de policías, pues existen indicios de que pueden estar ligados con algún cártel del narcotráfico.
El caso más reciente que impactó a las autoridades por su saña, fue la ejecución de cinco policías y un agente del Ministerio Público perpetrada el lunes 13 en Dos Aguas, comunidad que colinda con Coacolman y Aguililla, en la Sierra Madre del Sur.
Los policías ministeriales Joaquín Cardona Adame, Miguel Angel López Ortiz, Jorge González Melgarejo, Luis Porfirio Pacheco González y Alejandro Rico, partieron de Aguililla rumbo a El Aguaje, poblado cercano a Apatzingán, para levantar el cuerpo de una persona asesinada. Acompañaban a Roberto González Ayala, agente del Ministerio Público.
El equipo pensaba regresar a Aguililla, pero como tenían asignadas otras investigaciones, decidieron aprovechar el tiempo y se dirigieron a Dos Aguas, donde revisaron varios vehículos para completar un expediente que estaba a punto de ser consignado.
Mientras cotejaban los datos, escucharon disparos, por lo que se dirigieron hacia donde podían haberse producido. En el trayecto, fueron emboscados por 40 hombres vestidos con trajes militares, quienes les dispararon. En el lugar, las autoridades de la Procuraduría estatal recogieron poco más de 600 casquillos de rifles AK-47, AR-15, calibre 50 y pistolas .38 súper.
–¿Esta ejecución fue obra del narcotráfico? –se le pregunta al procurador general de Justicia estatal, Juan Antonio Magaña de la Mora.
–No lo sabemos. Estamos investigando este caso. Nos preocupa el grado de violencia, la saña, pero también nos preocupa de dónde están saliendo tantas armas, por dónde están llegando al estado.
Según Magaña de la Mora, no todas las ejecuciones perpetradas en la entidad –actualmente se contabilizan 470– son obra del narcotráfico, pues existen pleitos entre familias y disputas particulares que terminan en matanzas y en las cuales se utiliza este tipo de armas. Hasta ahora, dice, la PGR sólo ha atraído el 40% de las ejecuciones registradas en el estado.
Además de la violencia del narcotráfico, en Michoacán también brotan signos de ingobemabilidad, como la descomposición en los penales. En la mayoría de las prisiones no sólo priva el hacinamiento, sino que se distribuyen drogas y armas.
Todo esto se puso en evidencia con el asesinato de cuatro defensores de oficio y un interno, ocurrido el sábado 18 en el interior del penal Mil Cumbres, situado a 12 kilómetros de Morelia, luego de una prolongada crisis interna iniciada el viernes 17 con el secuestro de doce abogados de oficio, dos meritorias y un custodio por parte de cuatro internos de esa prisión, quienes semanas atrás habían maquinado un plan presuntamente para escapar de la cárcel.
Por lo menos con un mes de anticipación, las autoridades penitenciarias del estado tenían conocimiento de la crisis del penal Mil Cumbres, pues durante una revisión al interior se encontró armamento y drogas como cocaína, mariguana y heroína, lo cual puso en evidencia el tráfico de enervantes.
También se concedieron libertades a reos calificados como de alta peligrosidad, a quienes se les permitía convivir en las palapas sin ninguna restricción, hecho que el procurador Magaña de la Mora califica como inusual.