El municipio de Guadalajara procederá administrativamente contra 19 elementos de la policía, por presuntas violaciones a los derechos humanos, a la seguridad de personas, integridad, igualdad y trato digno, así como por la violación a la libertad de expresión, luego de aceptar las recomendaciones 15 y 16, emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el pasado mes de agosto.
El presidente municipal de la capital de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, aceptó las recomendaciones, y aseguró que se iniciará procedimientos administrativos en contra de 19 elementos policíacos responsables de estos actos de violación a los derechos humanos.
De acuerdo con dichas recomendaciones emitidas por la CEDHJ, las evidencias recabadas demuestran que al intentar detener a un limpiaparabrisas, la esposa de éste se le acercó para pedirle el dinero recolectado; el policía aprehensor reaccionó de manera violenta y la aventó, sin importar que llevara una niña en brazos. Incluso, la pequeña le fue arrebatada y entregada a otra persona que pasaba por el lugar. Cuando otra mujer cuestionó su actuar, también fue golpeada en el rostro, por lo que su hijo menor de edad reclamó, pero fue agredido. El niño y otros de sus compañeros corrieron hacia un taller mecánico a refugiarse, y sin importar que fuera propiedad privada, los elementos se metieron y los sacaron a golpes. Entre los agredidos estaban tres mujeres, una de ellas embarazada. Todos fueron arrestados.
Por lo anterior, el primer edil solicitó al DIF municipal elaborar un diagnóstico que permita atender a las personas afectadas; asimismo, dio instrucciones para que la Dirección de Asuntos Internos establezca contacto con los lesionados para que se les otorgue asistencia jurídica y psicológica e inicien los procesos que generen la reparación del daño.
Aceptó también reparar los daños ocasionados a los agraviados, siempre y cuando acrediten su interés jurídico, y le ordenó al DIF que proporcione a los afectados la atención psicológica durante el tiempo necesario.
Sobre la segunda recomendación, el alcalde tapatío aceptó permitir a los ciudadanos ejercer su derecho a la libre manifestación de ideas y de reunión pacífica, sin poner más límites que los que establece la Constitución, y giró instrucciones al director general de Seguridad Pública, Macedonio Tamez Guajardo, para que vigile el actuar de los elementos con el fin de proteger el derecho de reunión y no desalentarlo, y en el caso de que fuera necesario, desconcentrar un grupo, lo justifique en el deber de protección de las personas o bienes, a través de medidas seguras, rápidas y no lesivas para los manifestantes.
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