Organizaciones de la Sociedad Civil descalificaron las cifras que sobre los índices de inseguridad, dieron a conocer las autoridades durante la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en Palacio Nacional, porque, según dicen el gobierno no puede ser juez y parte; por tanto llamaron a la sociedad en pleno para evaluar y dar seguimiento a las acciones y eficacia en la materia.
A través de un comunicado, organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, México SOS, Sociedad en Movimiento, Transparencia Internacional y la misma Universidad Nacional Autónoma de México, establecieron su preocupación porque la propuesta surge en el seno del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que sea una comisión de este mismo organismo gubernamental el que establezca un mecanismo de medición de sus avances, lo que claramente supondría ser juez y parte.
“Este planteamiento no sólo es inaceptable, sino que va en contra de los propios compromisos asumidos por los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública frente a la sociedad civil. Ser éste quien mida los índices de incidencia delictiva y los avances en su combate, deja sin sentido la presencia y participación de la sociedad civil en ese órgano que, por el contrario, debe ser sujeto de evaluación pública, de acuerdo con las reglas más elementales de rendición de cuentas de una democracia”.
Sostienen que las descalificaciones hechas por diversos gobernadores a la Encuesta Nacional sobre Inseguridad representan en los hechos un lamentable y preocupante desdén no sólo hacia la sociedad civil, sino hacia los esfuerzos de ésta por llenar los vacíos que las autoridades federales y locales no han podido llenar en materia de mediciones confiables de los índices delictivos.
La premisa es clara: “lo que no se mide, no se conoce; lo que no se conoce, no se puede resolver”. Y si esa es la ruta que se busca con tal propuesta, no debe más que merecer el rechazo de la sociedad y una llamada de alerta de los mexicanos, cuya demanda ha sido una mejor seguridad pública y un frontal combate a la impunidad.
El objetivo principal de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad ha sido contrastar los delitos realmente cometidos contra las cifras oficiales. De manera que sea posible estimar la cifra negra, es decir los delitos que no quedan registrados oficialmente.
La encuesta del ICESI no sólo cuenta con una estricta metodología, sino que en ella han participado especialistas con el más alto reconocimiento internacional –entre ellos académicos de la UNAM, el ITESM y la Fundación Este País-, además de que desde hace 5 años tiene el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Subrayamos que la gravedad del problema de la inseguridad pública y la incapacidad de las autoridades para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos, hace indispensable la participación de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes estamos convencidas de la necesidad de monitorear la evolución de un fenómeno tan lacerante como es la delincuencia y promover la transparencia y la rendición de cuentas.
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