Jésica Zermeño Núñez
Enfoque / Reforma
Para Guillermo Zepeda Lecuona, coordinador del proyecto \”Justicia, crimen y derechos humanos\” del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), la justicia mexicana propicia la impunidad de las ejecuciones.
\”Etiquetar un homicidio como ejecución es un salvoconducto para la impunidad\”, ya que los casos de ejecución difícilmente son esclarecidos, señala Zepeda.
No existe interés de la justicia mexicana para sistematizar información oficial sobre estos casos oportunamente, dice, lo que provoca que las ejecuciones tengan el signo indeleble de la impunidad, sean los asesinados narcotraficantes, civiles o altos mandos de seguridad.
\”En lugar de decir en cuánto tiempo se va a esclarecer el asesinato o si hay una línea de investigación, lo primero que hace la autoridad es sacar el currículum delictivo del ejecutado, para que la gente piense \’se lo merecía\’\”, declara.
Un problema más, dice Zepeda, es que los homicidios perpetrados por el crimen organizado siguen siendo delitos del fuero común, por lo que les toca a las Procuradurías estatales resolverlos.
\”El homicidio es un delito contra los códigos penales locales. Sólo los conoce la autoridad federal cuando lo atrae. El año pasado fueron apenas 73 los homicidios que se castigaron de acuerdo con la legislación federal porque fueron atraídos\”, señala.
Otro obstáculo para esclarecer las ejecuciones es el funcionamiento del sistema judicial.
En homicidios como el de Édgar Millán, a pesar de que se logra la captura de los posibles responsables, la falta de garantías para que los jueces cumplan con su función hace que éstos se declaren incompetentes para resolver el caso.
Para Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, la impunidad de las ejecuciones deja ver cómo va el combate al crimen organizado, aunque el gobierno quiera ocultar que no hay detenciones.
\”Si no hay información de origen, nadie sabe si esta guerra se va ganando o se va perdiendo. La sociedad necesita saber la evaluación de esa guerra.
\”La evaluación no la puede dar el mismo gobierno, tiene que haber una evaluación independiente además de la oficial, pero el gobierno tiene la obligación de dar la información para que se haga un análisis\”, concluye.