Archivos del poder
Martín Moreno
En medio de la más preocupante y majadera incapacidad del Estado para intentar siquiera resolver un secuestro como el de Silvia Vargas Escalera, bastaron solamente unos cuantos días para que el Acuerdo Nacional por la Seguridad comenzara a incumplirse. Estamos en una situación de máximo riesgo y las autoridades no parecen entenderlo. Día a día hay más miedo.
Inédito es lo que estamos viviendo en México, donde nadie está seguro y en el que sabemos a qué hora saldremos de casa, pero no si regresaremos.
Es inadmisible que, casi un año después de que Silvia fue secuestrada, la PGR reconozca que desde septiembre de 2007 inició una averiguación previa. “El fiscal de la Federación ha realizado las investigaciones y diligencias pertinentes para esclarecer estos hechos, en colaboración plena y contacto con sus familiares”.
Da vergüenza: si la PGR, como lo afirma, ha realizado las “investigaciones” y admite que “en las diligencias consta el trabajo de gabinete y campo de la Policía Federal”, entonces nos preguntamos: ¿por qué no ha resuelto el caso? Una de dos: o están mintiendo sobre un supuesto trabajo realizado o son una partida de incapaces que durante 11 meses no han producido resultados.
Bajo cualquiera de estas dos hipótesis, la renuncia de funcionarios de la PGR debería darse, hoy mismo, ante la negligencia mostrada en el caso de la hija de Nelson Vargas, para cumplir así con el espíritu del Pacto por la Seguridad.
Incapacidad en la PGR e indolencia en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). Su titular, Miguel Mancera, solamente se limita a decir que estará “muy pendiente por si la PGR solicita información sobre este caso”. Vaya actitud comodina.
Después de las palabras de Mancera, la PGR respondió “estar dispuesta a recibir información de cualquier nivel de gobierno para reforzar la investigación y liberación de Silvia Vargas Escalera”. Es decir: ninguna autoridad asume realmente su papel de procuración de justicia, ante la evidente falta de coordinación institucional.
Esto último provoca ya, de entrada, el incumplimiento del punto 2 del Acuerdo por la Seguridad, que dice textualmente:
“La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.”
En el caso de Silvia, ¿cuál coordinación o cooperación entre la PGR y la PGJDF, si entre las dos se avientan la papa caliente y ninguna responde con profesionalismo a lo firmado en Palacio Nacional? Las procuradurías sólo ofrecen la desgastada e inútil frase de “estaremos muy pendientes”, mientras los secuestradores siguen plagiando y matando a ciudadanos indefensos. En tanto que los responsables de vigilar el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad sean los mismos encargados de procurar —o, en este caso, de mal procurar— justicia, no habrá resultados.
Se necesita agilizar, hoy mismo, el punto 7, que establece crear una “instancia ciudadana, con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos”. Y habría que agregar: denuncie, también, de manera pública, los incumplimientos.
¿Quién podría encabezar esa instancia ciudadana? Solamente hay una persona que unificaría criterios a su favor y ofrecería, no solamente la solvencia moral, sino también la experiencia contra el crimen organizado, para garantizarle a los mexicanos un buen desempeño. Se trata de Isabel Miranda de Wallace.
Como la mayoría lo sabe, Isabel no sólo se ha limitado a aparecer en medios para denunciar su caso. Personalmente, junto con su valiente hermano Roberto, con sus propios recursos, enfrentando la negligencia oficial y poniendo en riesgo su vida, capturó al ex policía César Freyre, el peligroso jefe de la banda que secuestró y asesinó a su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.
La lucha de Isabel ha sido incansable. No sólo ha metido a la cárcel al resto de la banda, sino que ahora su pelea está igualmente en los tribunales de Chicago, para lograr la extradición de otra delincuente, Brenda Quevedo, quien participó también en el plagio de Hugo Alberto. Y de cerca le sigue la pista a otro de los secuestradores y asesinos, Jacobo Tagle, todavía prófugo de la justicia.
A Isabel le han ofrecido, en dos ocasiones, ser diputada por diversos partidos políticos. Los ha rechazado. Quienes la conocen, saben de su valía como persona y como ciudadana honesta que inclusive sufrió un intento de asesinato el pasado 9 de junio. El esfuerzo por encontrar el cuerpo de su hijo no ha menguado.
Quién mejor que Isabel Miranda de Wallace para encabezar esta instancia ciudadana que vigile el cumplimiento del Acuerdo. Ajena a cualquier interés particular o partidista, alejada de ambiciones políticas, Isabel sería la persona indicada. Y no lo decimos solamente nosotros. Que las autoridades hagan una encuesta y lo comprueben.
Por lo demás, la marcha del sábado 30 de agosto —independientemente de que asistiremos para cumplir con nuestro trabajo periodístico que presentaremos el domingo próximo, mediante una extensa crónica, tanto en nuestro noticiario de 2 a 4 de la tarde como en Reporte a Debate, de 7 a 8 de la noche, a través de Reporte 98.5 FM— deberá contribuir a que sea la sociedad, ante la incapacidad gubernamental, la que impulse los cambios que le urgen a este país.