Miguel Ángel Granados Chapa

Plaza Pública

La inconformidad por el clima de inseguridad será evidente en próximos días en manifestaciones para demandar la actuación de las autoridades.

Víctima él mismo de un secuestro que se prolongó por más de 100 días -de marzo a junio de 1994-, el empresario y filántropo Alfredo Harp Helú ha sido el iniciador de la movilización ciudadana contra la violencia en general y contra el secuestro en particular. Cercano a la familia de Fernando Martí, el chico de 14 años cuya captura y asesinato han conmovido a amplios sectores de la sociedad en las semanas recientes, Harp condujo ante su amigo Alejandro Martí -en cuyos negocios Sport City y Deportes Martí son socios desde hace meses- al abogado Ernesto Mendieta, para que sirviera de negociador con los secuestradores del niño, apenas se tuvo noticia de que se demandaba un pago por su libertad.

Mendieta propuso como paso inicial de su tarea dejar constancia legal de la desaparición del jovencito, por lo que no es verdad que se opusiera a la intervención de las autoridades en el caso. La local primero y la federal después estuvieron al tanto de los hechos, aunque la familia pidió que no intervinieran en la negociación. Actitud similar había solicitado Harp durante su propio cautiverio. Poco después de secuestrado, bajo la presión de sus captores, pidió en una carta (que sirvió además como inicial prueba de vida) que la policía no interviniera.

Una vez descubierto el cuerpo sin vida de Fernando Martí, Harp fue el primero en manifestar su solidaridad con la familia y en mostrar públicamente su indignación por el hecho. Lo hizo el 5 de agosto en una carta donde daba voz a su amigo el padre del niño sacrificado, y él mismo, junto con su esposa, María Isabel Grañén Porrúa, demandaba la acción gubernamental para frenar la violencia. El sábado y el domingo siguientes, en el estadio Foro Sol, donde juega su equipo de béisbol, los Diablos Rojos, hizo repartir miles de pulseras y trípticos con ese texto. Los aficionados, unos 10 mil en el encuentro sabatino, prodigaron a Fernando Martí un minuto de aplausos.

Harp y su esposa proclamaron la urgencia de un cambio: \”Unámonos para exigir a nuestras autoridades de los tres poderes de la unión, de los estados y los municipios que trabajen decidida y coordinadamente contra la delincuencia y a favor de la seguridad de las personas, para que en el corto plazo todos los mexicanos podamos vivir tranquilos\”.

Su llamado a la movilización coincidió con el que formularon varias agrupaciones y con uno surgido en la red. Organizaciones que habían participado en la marcha del 27 de junio de 2004 (en otro momento de estupor e inconformidad social) convocaron a una caminata nocturna a efectuarse el 30 de agosto desde el Auditorio Nacional y hasta el monumento a la Independencia, en cuya glorieta se depositarán veladoras simbólicas del objetivo de la marcha: Iluminemos a México. Quienes desde la red organizaban la otra caminata para una semana después, el 6 de septiembre, congruentes con la necesidad de actuar unidos marcharán también el último sábado de este mes. En otras ciudades de la República, donde impera la inseguridad, habrá manifestaciones semejantes.
Otra organización civil significativa en este campo, México Unido Contra la Delincuencia, se hizo presente el 13 de agosto apremiando a una actuación conjunta de las autoridades: \”exigió que se reúnan el presidente de la República, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los gobernadores, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión en un plazo máximo de 30 días para que escuchen a la sociedad y tomen la decisión de Estado de reducir drásticamente el secuestro\”. Dando un tratamiento específico a la Ciudad de México, por sus \”índices de inseguridad\” (que no son, por cierto, los peores en el país, ni los que crecen con mayor velocidad), México Unido Contra la Delincuencia pidió \”que el Presidente y el jefe de Gobierno cumplan con la ley y se sienten regularmente a ver las estrategias en esta materia, porque así lo manda el artículo 122 de la Constitución y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal\”.

(Ese movimiento dio a conocer también cinco iniciativas consistentes en la creación de un Observatorio Ciudadano del Secuestro, definición de una Estrategia Nacional de Combate al Secuestro, expedición de una Ley General Antisecuestro, construcción de un reclusorio de máxima seguridad especializado para secuestradores y reglamentación del uso de telefonía celular, cada una de las cuales amerita examen pormenorizado).

Los gobernantes directamente aludidos reaccionaron de inmediato y favorablemente a la iniciativa de México Unido Contra la Delincuencia. En carta dirigida a la señora Morera, Marcelo Ebrard bautizó el encuentro demandado por ese movimiento como \”Cumbre Nacional de Seguridad\” y aceptó participar en ella pues la consideró un \”ámbito necesario y abierto a los ciudadanos para que los diversos órganos de gobierno, por encima de cualquiera otra consideración, resolvamos las acciones comunes a realizar en lo inmediato, para dialogar y avanzar\”. Al día siguiente, Ebrard solicitó a la Conferencia Nacional de Gobernadores formular la convocatoria para esta cumbre, pedido al que no hubo respuesta inmediata porque la Conago carece de un órgano que lo procesara.

Felipe Calderón, por su parte, recibió a la señora Morera (y a Alejandro Martí, padre de Fernando, a quien había dado personalmente el pésame días antes, en el funeral del infortunado muchacho). Al aceptar participar en la reunión exigida por su movimiento, de la que resultaría un \”frente común\” contra la delincuencia, \”reiteró su compromiso e interés de trabajar de manera directa y coordinada con todos los gobernadores del país y con el jefe de gobierno del Distrito Federal, con los Poderes de la Unión y con la sociedad mexicana, a fin de fortalecer el combate contra la delincuencia y así proveer de un entorno más seguro a nuestras familias\”. Dijo también estar dispuesto a reunirse con Ebrard \”en los términos sugeridos por la señora María Elena Morera y el señor Alejandro Martí\”.

Camino a Puebla, sin embargo, lo pensó mejor y horas después de su encuentro con la dirigente de México Unido Contra la Delincuencia decidió acudir a la instancia legal de coordinación en esta materia, a la que ha conferido escasa importancia. Debe habérsele recordado que está vigente, desde diciembre de 1995, una ley cuyo prolongado título contiene la palabra de orden que la sociedad dispone acatar: coordinación, y que, de conocerse y sobre todo cumplirse, habría evitado o paliado al menos la crisis de inseguridad que padece la República. Se trata de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo órgano rector es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Como si acabara de descubrirlo, Calderón ordenó que se le citara cuanto antes, lo que ocurrirá el jueves próximo.

Ese consejo debe reunirse, conforme a la ley mencionada, por lo menos una vez cada seis meses. En la presente administración sólo ha habido dos sesiones de dicho consejo, la número XXI en enero de 2007 y la XXII en el mismo mes de este año. Calderón no forma parte del consejo, ni el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que, sin embargo, fue el encargado de anunciar la reunión del órgano apenas con mínimo respeto a la norma, pues dijo que Calderón instruyó al secretario de Seguridad Pública, que preside el consejo, para emitir la convocatoria respectiva.

El consejo, \”instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública\”, no incluye a los otros poderes, por lo que la demandada participación de la Corte y las Cámaras queda fuera del propósito presidencial no obstante que expresó lo contrario horas antes y por más que Mouriño dijera que el presidente de la Corte asiste regularmente a sus reuniones, en que ha de ser convidado de piedra. Integran el consejo el secretario de Seguridad Pública, que, como queda dicho, lo encabeza (y a cuya cuenta hay que encargarle la omisión que se expresa en el ralo número de sus reuniones), los gobernadores (incluido el del Distrito Federal), los secretarios de Defensa, Marina y Comunicaciones y Transportes y el procurador general de la República. Puede llamar a sus reuniones a \”expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con la materia\”.